El gobierno bonaerense denunciará penalmente a Milei y Caputo por el manejo del Fondo Hídrico
El ministro de Infraestructura bonaerense confirmó que avanzarán con una presentación judicial contra funcionarios nacionales por el presunto desvío de recursos destinados a prevenir inundaciones. La decisión se produce ante la posible llegada del fenómeno de El Niño y el incremento de la humedad del suelo en distintos puntos del territorio bonaerense.
Por Juan Manuel Meza
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, anunció que la Provincia denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios nacionales por presuntas irregularidades en la administración del Fondo Hídrico. La decisión se da ante la llegada del fenómeno de El Niño y el incremento de la humedad del suelo en distintos puntos del territorio bonaerense. Además, Katopodis confirmó que la Provincia impugnará el aumento tarifario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en la audiencia pública prevista para el próximo 26 de octubre, tras su privatización.
Los dos anuncios fueron los ejes centrales de la conferencia del funcionario de Axel Kicillof, quien también repasó las consecuencias de la paralización de la obra pública nacional desde 2024 a la fecha y cuestionó la falta de voluntad de los funcionarios de Milei "para entregar las autorizaciones para acceder a créditos internacionales destinados a infraestructura hidráulica".
"Queremos anunciarles, por instrucción del gobernador, dos acciones. La primera es denunciar penalmente al presidente de la Nación, al ministro de Economía, Caputo, y a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad en la presunta comisión de delitos", afirmó. La primera medida anunciada por Katopodis apunta a determinar las responsabilidades del gobierno nacional por la utilización de recursos que, según la administración bonaerense, deberían financiar obras de prevención de inundaciones.
El ministro mencionó posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y demoras en la asignación de partidas presupuestarias.La presentación estará vinculada con la ejecución del Fondo Hídrico, que recibe el 4,31 por ciento de la recaudación del Impuesto a los Combustibles y tiene como destino legal obras para prevenir inundaciones y recuperar tierras productivas. "Cumplan con la Ley", arremetió.
De acuerdo con los números mostrados durante la conferencia, entre 2024 y 2026 se asignaron 402.931 millones de pesos, mientras que el gasto de capital destinado a obras alcanzó los 147.834 millones, equivalente al 36,7 por ciento de los recursos.
Por otra parte, al cierre del primer trimestre de 2026, el Fondo Hídrico disponía de 339.993 millones de pesos corrientes, de los cuales 290.676 millones,el 85,49 por ciento, estaban puestos en Letras del Tesoro, según la información presentada por la Provincia. "Hay fondos en el Fondo Hídrico que han sido desviados para la timba financiera", sostuvo Katopodis, quien responsabilizó a las autoridades nacionales por los perjuicios que, a su entender, podría provocar la falta de inversiones.
La amenaza de El Niño y las obras que podrían financiarse
La preocupación provincial se profundiza por el avance de la saturación del suelo. Los relevamientos correspondientes a las semanas del 1 al 7 y del 8 al 14 de octubre muestran un aumento de las superficies con elevada humedad, principalmente en sectores del norte, noroeste y este bonaerense.
Por eso, Katopodis advirtió que las condiciones actuales "podrían agravar las consecuencias de futuras precipitaciones y cuestionó que el ajuste de Milei haya limitado las intervenciones necesarias para reducir los riesgos".
Si bien ante el abandono de la Nación, el gobierno de Axel Kicillof empezó en 2024 a reorganizar a los intendentes para que trabajen de forma mancomunada en materia hídrica, y ganó tiempo para avanzar con soluciones y preparar a los municipios de cara a fenómenos climáticos, sin el apoyo nacional no es suficiente.
Para dimensionar los recursos disponibles, la Provincia calculó que el saldo del Fondo Hídrico permitiría financiar 40 obras similares a la adecuación del cauce del río Areco, cuya inversión actualizada asciende a 7.583 millones de pesos. También alcanzaría para ocho intervenciones equivalentes a la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca, estimada en 35.619 millones, o tres proyectos como el mejoramiento del tramo medio del río Luján, con un presupuesto actualizado de 106.349 millones.
En paralelo, Katopodis anunció que esta semana presentará en Bragado un sistema unificado de monitoreo meteorológico, inicialmente integrado por 40 estaciones, con el objetivo de ampliar progresivamente la red a más de 400.
A estas tareas se suman 33.000 horas de maquinaria destinadas a limpiar arroyos y canales del interior provincial, así como también 99 convenios de intervención en cursos de agua del conurbano, con una inversión de 33.000 millones de pesos.
AySA y la impugnación del tarifazo del 26 de octubre
El segundo anuncio estuvo dirigido a la política tarifaria y al proceso de privatización de AySA. Katopodis confirmó que la Provincia participará de la audiencia pública convocada para el próximo 26 de octubre. "Vamos a participar, vamos a impugnar el tarifazo, vamos a reclamar por el plan de obras de expansión, por los compromisos que se tienen que cumplir", anticipó.
Según los datos que expuso el ex intendente de San Mrtín, las tarifas de AySA aumentaron 555 por ciento en términos nominales durante la actual gestión nacional. En ese período, la recaudación por el cobro del servicio creció 135 por ciento en términos reales, mientras que la inversión en obras cayó aproximadamente 75 por ciento.
El funcionario dijo que, pese al incremento de los ingresos, "la empresa no avanzó con nuevas obras" y cuestionó que la privatización pueda "dejar sin garantías de ampliación de redes a millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".
De acuerdo con las cifras que maneja el gobierno provincial, el 24,5 por ciento de la población del AMBA, unas 3,7 millones de personas, no tiene acceso al agua de red, mientras que el 36,4 por ciento, equivalente a 5,5 millones, carece de conexión cloacal.
En ese punto, recordó que entre 2019 y 2023 AySA finalizó 1.307 obras y que, en diciembre de ese último año, había otras 273 en ejecución. Sin embargo, según los registros presentados, a mayo de 2026 no había obras con avance físico bajo la actual administración.
Katopodis también defendió la gestión estatal del servicio y señaló que, de acuerdo con los datos expuestos, "18 de los 20 países con mayor desarrollo cuentan con operadores públicos de agua". De esta manera, cuestionó que la Nación avance con una privatización sin asegurar inversiones para ampliar la cobertura.
Créditos pendientes y antecedentes del conflicto por la obra pública
El enfrentamiento entre ambos gobiernos también se extiende a la financiación internacional. Katopodis aseguró que Buenos Aires tiene pendientes los avales nacionales para dos préstamos por 320 millones de dólares destinados a proyectos hidráulicos.
Uno contempla 200 millones de dólares para obras en las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que involucran a Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. El otro corresponde a 120 millones para intervenciones en el Nodo Bragado, vinculadas con la cuenca del río Salado.
El ministro contrastó esta situación con la aprobación de 18 créditos para diez provincias, por una inversión estimada de 1.973 millones de dólares, y denunció un trato discriminatorio hacia Buenos Aires.
También cuestionó la falta de ejecución del préstamo BIRF 9516-AR, aprobado por el Banco Mundial en agosto de 2023 por 200 millones de dólares para infraestructura destinada a reducir el riesgo de inundaciones urbanas.
Lo cierto es que estos planteos se suman a una serie de reclamos que Katopodis viene realizando desde 2024 junto con intendentes bonaerenses por la paralización de obras nacionales, el deterioro de las rutas y la utilización de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.
Como dio cuenta Buenos Aires/12, en febrero de 2025 se concretó la primera presentación judicial de ese conjunto de reclamos contra el gobierno de Milei. Katopodis encabezó en Luján, junto al intendente Leonardo Boto y otros jefes comunales, una acción para exigir explicaciones al gobierno nacional sobre el destino de 200.000 millones de pesos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles, que según denunció debían destinarse al mantenimiento de las rutas, y un billón de pesos provenientes del Impuesto PAIS, destinados a obras de infraestructura.
Más recientemente, en abril de este año, el ministro realizó una presentación ante el Ministerio de Economía de Luis Caputo para solicitar la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia como veedoras de la licitación para concesionar los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, que comprenden las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. La empresa estatal Aubasa participaba del proceso y, según denunció Katopodis, se introdujeron modificaciones en 33 artículos del procedimiento a una semana del vencimiento del plazo, lo que motivó el pedido para garantizar la transparencia de la adjudicación.
Posteriormente, Katopodis denunció que el gobierno nacional había dispuesto la exclusión de Aubasa de la licitación, pese a que, según sostuvo, la empresa pública había cumplido con los requisitos y presentado una propuesta con menores costos y peajes más económicos. El ministro responsabilizó a Milei y Caputo por la decisión y volvió a cuestionar las presuntas irregularidades del procedimiento. "Aubasa cumplió con todo y la excluyen en un proceso lleno de irregularidades", afirmó al denunciar que la medida perjudicaba a la compañía provincial.
Finalmente, en cuanto a las obras hidráulicas, Katopodis recordó que la Nación mantiene paralizado el cuarto tramo del río Salado, mientras que la Provincia avanza con el quinto tramo, para el que prevé una inversión superior a 130 millones de dólares. La administración bonaerense también mantiene pendientes las autorizaciones nacionales necesarias para concretar los dos préstamos internacionales anunciados.
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