El gobierno de Milei busca que Estados Unidos investigue penalmente la operación de los Eskenazi en YPF
Contrató a una consultora privada de inteligencia para verificar información que entregó a la administración Trump
Por Hugo Alconada Mon
Antes y después del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revirtió este año la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, altos funcionarios del gobierno de Javier Milei mantuvieron reuniones reservadas con referentes de la administración de Donald Trump. Buscaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) abra una investigación criminal sobre el ingreso, la gestión y la salida de la familia Eskenazi de la petrolera, según confirmaron cuatro fuentes consultadas por separado y en ambos países por LA NACION.
El planteo apuntó a que la Justicia estadounidense investigue si en esa operación de los Eskenazi se cometieron delitos con efectos en Estados Unidos, en particular un eventual fraude financiero que habría involucrado a inversores y bancos norteamericanos.
Los fondos demandantes quieren que la Corte Suprema de los Estados Unidos anule el fallo que frenó sus reclamos y permitió que la Argentina evite un pago de unos US$16.100 millones.
En esa pulseada final se inscribe el pedido del Gobierno argentino a la administración de Trump.
La estrategia buscó separar esa eventual pesquisa criminal en Estados Unidos contra los Eskenazi de la investigación por presunta corrupción que en la Argentina tramita desde hace casi dos décadas en el juzgado federal de Ariel Lijo.
"El objetivo fue que el Departamento de Justicia debía iniciar una investigación con foco en el hecho precedente a lo que se estaba debatiendo en el juicio en Nueva York, porque consideramos que todo lo que vino después, con el fondo Burford, estaba contaminado", argumentó un exalto funcionario del gobierno de Milei que participó en las tratativas. "Tras varias reuniones, se preparó incluso una nota formal y se buscó el involucramiento de Pam Bondi", detalló, en alusión a la entonces fiscal general de Estados Unidos.
A fin de presentar más y mejores argumentos ante los funcionarios estadounidenses, la Casa Rosada llegó, incluso, a contratar a una consultora privada de inteligencia, con oficinas en Washington, indicaron dos de las fuentes a LA NACION. "Elaboró un informe, sí", sostuvo una de ellas. "La orden fue que procesara toda la información disponible y que pudiera conseguir, para estar seguros de que los datos que fuéramos a presentar ante el Departamento de Justicia estuvieran verificados".
En Buenos Aires circuló que la consultora que contrató la Casa Rosada habría sido la firma K2 Integrity, antes conocida como "K2 Intelligence", una empresa de servicios globales de asesoramiento, cumplimiento y gestión de riesgos de delitos financieros que fundaron Jules Kroll y su hijo Jeremy, en 2009, pero desde esa agencia lo desmintieron ante la consulta de LA NACION.
Las reuniones bilaterales abarcaron diversos encuentros en Washington y Nueva York en los que participaron, juntos o por separado, el canciller argentino Pablo Quirno, el embajador ante la Casa Blanca, Alec Oxenford, y el entonces número dos de la Procuración General del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, actual secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Y, desde Buenos Aires, también se involucró la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy.
Del otro lado de la mesa, en uno o más de esos encuentros bilaterales, participaron la entonces fiscal general Bondi, funcionarios del Departamento de Justicia que luego pasó a liderar Todd Blanche, y colaboradores del secretario de Estado, Marco Rubio, indicaron las fuentes consultadas.
"El informe [de la consultora de inteligencia] fue el punto de partida para lograr que el gobierno de Estados Unidos se involucrara. Nuestro mensaje político fue que la Casa Blanca no debía dejar que usen los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York, referencia clave de las finanzas internacionales, para lo que consideramos un fraude masivo internacional".
En el plano técnico, algunos de los argumentos que esgrimieron los argentinos fueron que el ingreso, la permanencia y la salida de los Eskenazi de la petrolera podrían haber involucrado un fraude a inversores internacionales —en particular, a inversores estadounidenses— y una operatoria que involucraba bancos norteamericanos y que, según la interpretación de los funcionarios argentinos, podía afectar al mercado estadounidense.
"El planteo se centró en el eventual fraude financiero y bancario que se habría cometido en territorio estadounidense, no sobre los Kirchner y la corrupción argentina, porque nos hubieran respondido que eso debería investigarlo la Justicia argentina", indicó otra de las fuentes consultadas, en alusión a la pesquisa que permanece en manos del juez federal Lijo desde 2007, tras una denuncia que radicó la entonces diputada Lilita Carrió.
Como parte de las tratativas bilaterales, el Departamento de Justicia presentó un Memorándum ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en marzo pasado, para respaldar a la Argentina en el juicio por la estatización de YPF, como un mes antes se había presentado ante la juez Loretta Preska. Pero los contactos entre funcionarios de ambos países continuaron tras el fallo de la Cámara.
"Si están impulsando eso [por la apertura de una investigación criminal en el USDOJ], no tiene sentido", indicaron junto a los Eskenazi ante la consulta de LA NACION. "No tiene sentido porque los Eskenazi declararon repetidas veces, ante decenas de abogados, pero los Eskenazi no están ni mencionados, ni una sola vez, en el fallo de Preska. No tiene lógica", remarcaron.
Desde el Grupo Petersen también sostuvieron en otras oportunidades que la adquisición de las acciones de YPF cumplió con los requisitos regulatorios exigidos en la Argentina, España y Estados Unidos.
El pleito por la expropiación de YPF, cabe aclarar, todavía sigue abierto. Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para que Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital, presenten un recurso extraordinario contra el fallo del tribunal de apelaciones de Nueva York que favoreció a la Argentina y dejó sin efecto la condena por más de US$16.000 millones que había dictado la jueza Preska.
El fondo Burford busca que la Corte Suprema revierta el fallo de primera instancia y prevalezca, otra vez, la sentencia de la jueza Preska para entonces avanzar con la ejecución de activos argentinos. "Acreedores e inversores han perdido miles de millones de dólares a causa de los actos ilegales del Gobierno argentino", plantearon voceros del fondo.
Hasta ahora, sin embargo, no existe confirmación pública de que el Departamento de Justicia haya abierto una investigación criminal a partir de las gestiones realizadas por funcionarios argentinos, que también sondearon a firmas de lobby en Washington para que bregaran ante la administración Trump en favor de la posición de la Argentina.
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