El Gobierno impulsará el juicio político de la jueza que frenó la Ley Penal Juvenil
Es contra la jueza titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nª2, Marta Elba Pascual, que el lunes hizo lugar a un habeas corpus colectivo en representación de adolescentes privados de su libertad. Ahora, La Libertad Avanza bonaerense va por su remoción.
El Gobierno impulsará el juicio político de la jueza que frenó la Ley Penal Juvenil. Se trata de la jueza titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nª2, Marta Elba Pascual, que el lunes pasado hizo lugar a un habeas corpus colectivo en representación de adolescentes privados de su libertad. Ahora, según supo El Destape, La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires va por su remoción.
Por orden del Gobierno, La Libertad Avanza de PBA pedirá el juicio político a la jueza que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, al considerar que su decisión "atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses".
Sebastián Pareja, presidente de LLA de PBA, encabeza junto a sus equipos técnicos y políticos una mesa para decidir el mecanismo que permita la destitución de Marta Elba Pascual de la jueza de Lomas de Zamora. "Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando", explicó Pareja.
"Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes. Y la crisis que atraviesa la Provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo", agregó el diputado nacional.
Para cerrar, el responsable político de LLA PBA afirmó: "Por eso, claramente debemos pedir su enjuiciamiento. Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez. No puede anteponer una mirada política a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso de la Nación".
"Esta decisión deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente. La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien", sostuvo por su parte el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis.
En tanto, el titular del bloque de diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, apuntó: "Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva".
Por su parte, hubo voces del Gobierno sobre el tema. El vocero de Javier Milei, Adrián Ravier, explicó: "Resulta inaceptable que, tras un constante incremento de los delitos cometidos por menores en el territorio bonaerense, se siga postergando una herramienta indispensable para terminar con la impunidad, proteger a las familias honestas y garantizar un verdadero esquema de integración social. Instamos a que la provincia de Buenos Aires se sume plenamente al nuevo régimen". Y también hizo lo propio el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien advirtió en un contacto matinal con la prensa: "Es una barbaridad. Nos hace mucho daño a todos", aseguró.
La explicación de la jueza
Pascual el lunes hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. El fallo se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, y modifica las condiciones para la aplicación de las penas. La magistrada puso el foco en la capacidad de la Provincia para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan privados de su libertad.
La magistrada habló este martes sobre el fallo en una radio porteña y aclaró que "no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años" aunque defendió su decisión. Subrayó que le parece "pésimo" que los menores estén encerrados. "Con esta ley no vamos a crear más seguridad", afirmó.
La jueza dijo que "nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14 años" y explicó que "no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad".
La funcionaria expresó que en sus fallos aplica la "justicia restaurativa", que apunta a "restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos". Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.
En esa línea, reclamó por mecanismos relacionados "con oficios, actividades adentro, terapia" y consideró que "si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes". "Esto quiere decir: ¿Qué vamos a hacer con los chicos que privemos de la libertad o que les apliquemos estas sanciones?", preguntó. Al respecto, consideró que "hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente".
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