El Gobierno nacional confirmó la entrega del predio de la ex Esma, donde funciona el Espacio para la Memoria
El Ministerio de Justicia de la Nación publicó un comunicado este miércoles en donde anunciaron que el sitio, declarado Patrimonio Mundial y de una enorme importancia histórica en relación con los derechos humanos, será cedido a los Fiscales Federales. Un mes atrás se había dado comienzo a un proceso de desfinanciamiento y vaciamiento.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, anunció este miércoles la entrega el predio de la ex ESMA, espacio de gran importancia histórica donde funciona el Espacio para la Memoria, en el barrio porteño de Núñez.
El mismo, de 5.000 metros cuadrados, será cedido el 11 de agosto a los Fiscales Federales, para que trabajen con el nuevo sistema procesal penal.
En una nueva arremetida contra la memoria argentina y la lucha por los derechos humanos, el Gobierno aseguró en el comunicado que "los espacios que antes eran destinados a programas ideológicos, ahora servirán en la lucha contra la inseguridad", y que dicha iniciativa está en línea "con el compromiso asumido por el presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios y fortalecer a la Justicia".
Desde el ministerio aseguraron que la medida se da en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, y que se da previo a la puesta en marcha del Sistema Acusatorio en la Ciudad, ese 11 de agosto.
Un mes atrás, el 3 de abril, el Gobierno había anunciado la suspensión de todos los pagos destinados al funcionamiento y mantenimiento del Espacio para la Memoria y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA).
El edificio y el predio fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2023 y tiene una importancia histórica para Argentina y su lucha por la memoria ya que allí funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, utilizada como uno de los principales centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar.
De esta forma, parte de los fiscales federales tendrán un edificio propio, separado de Comodoro Py 2002, donde trabajan actualmente. Habían solicitado 10.000 metros cuadrados más para hacer sus tareas con mayor comodidad, con lo cual el Gobierno cubrió la mitad del pedido.
El edificio cedido está junto a la Secretaría de Derechos Humanos, que en la gestión libertaria fue bajada de categoría y de donde fueron despedidas 450 personas, lo cual desató críticas y manifestaciones de sindicatos y organismos de derechos humanos.
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