El Gobierno presentó un recurso para que la Corte deje sin efecto la suspensión de la reforma laboral
La Procuración del Tesoro presentó un per saltum ante el máximo tribunal para que revoque la suspensión de 83 artículos de la ley
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que revoque la suspensión de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral. El pedido apunta directo al máximo tribunal, sin esperar que intervenga ninguna instancia intermedia.
El escrito busca revertir el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63. Ese tribunal había suspendido el 30 de marzo una porción sustancial de la Ley 27.802, tras una demanda iniciada por la CGT.
Sebastián Amerio, procurador del Tesoro, representa en este caso a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano. El recurso exige que la Corte acepte la vía extraordinaria, declare su admisibilidad y suspenda de inmediato los efectos de la sentencia cautelar hasta que haya resolución definitiva.
La estrategia del Gobierno es clara: saltear Cámara y llegar directo a la Corte. El argumento central es que un juez laboral carece de competencia para suspender una ley nacional con efectos sobre todo el país.
Qué argumentos usa el Gobierno para pedir el per saltum
La Procuración sostiene que la CGT no probó ningún caso concreto. Según el escrito, la central obrera no identificó acto específico alguno que le causara perjuicio real.
El planteo de la CGT se basó en argumentos abstractos y generales sobre vulneración de derechos constitucionales. Pero para la Procuración, eso no alcanza para habilitar una acción judicial.
Otro cuestionamiento apunta a la legitimación. La Procuración afirma que la CGT carece de representación suficiente para actuar en nombre de todos los trabajadores argentinos, y que el juez omitió analizar la representación sindical según la normativa vigente.
El tema de la competencia aparece como eje central del recurso. La Procuración remarca que la causa corresponde al fuero federal, no al laboral, porque el Estado Nacional es parte y los efectos se proyectan sobre todo el territorio.
El planteo de incompetencia ya había sido presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12. Ese tribunal hizo lugar el 10 de abril y reclamó el expediente, pero hasta ahora no hay resolución que revierta la suspensión.
Por qué la Procuración habla de gravedad institucional
El recurso califica la situación como de gravedad institucional extrema. El argumento es que un juez de primera instancia suspendió con alcance general una ley nacional vigente.
Para la Procuración, eso implica un avance sobre las atribuciones del Congreso. Y pone en riesgo el principio de división de poderes.
El escrito cita precedentes de la Corte Suprema. Ninguno de esos fallos avala que un juez pueda suspender una ley nacional con efecto erga omnes, es decir, aplicable a todas las personas y no solo a las partes de un litigio específico.
La decisión judicial genera, según el Gobierno, un perjuicio irreparable. Impone incertidumbre sobre la vigencia de la Ley 27.802 y afecta la seguridad jurídica de empleadores y trabajadores.
La advertencia es directa: si este mecanismo se consolida, cualquier juez podría suspender leyes nacionales. El riesgo para el sistema normativo sería, en palabras de la Procuración, inmanejable.
Qué había pedido la CGT y qué resolvió el juez Ojeda
La CGT había iniciado la acción pidiendo declaración de inconstitucionalidad y suspensión cautelar de una serie de artículos de la Ley 27.802. La central obrera argumentó que esas normas modifican el régimen laboral y vulneran derechos constitucionales.
Entre los derechos afectados mencionó la protección del trabajo, la progresividad de derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, aceptó la medida cautelar. Suspendió con alcance general los 83 artículos cuestionados por la CGT.
Para la Procuración, ese fallo tiene múltiples vicios. Cuestiona la falta de análisis concreto sobre cada artículo suspendido. También sostiene que la cautelar coincide con el objeto principal del proceso, lo que estaría prohibido.
Además, señala que el juez fue más allá de lo solicitado. Suspendió artículos que no formaban parte del pedido original de la CGT.
Qué busca lograr el Gobierno con este recurso
La Procuración concluye que la única vía eficaz para revertir la medida es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante per saltum. Pide que el máximo tribunal suspenda los efectos de la sentencia cuestionada.
También solicita que se restituya la plena vigencia de la Ley 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario. El objetivo es que la reforma laboral vuelva a aplicarse en todo el país de inmediato.
El recurso describe las objeciones legales y procesales en detalle. Apunta a demostrar que el fallo de primera instancia contiene errores graves que justifican saltear todas las instancias intermedias.
La Procuración sostiene que está en juego la vigencia del marco regulatorio nacional. Y que la Corte debe intervenir para evitar que se consolide un precedente peligroso sobre suspensión de leyes por vía judicial.
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