El Gobierno reglamentó el FAL: cuentas sin consentimiento, fondos al Tesoro y riesgo para las pymes
La nueva regulación establece la asignación de oficio de fondos, limita la portabilidad y habilita a invertir los aportes patronales en deuda pública. Las empresas deberán elegir su instrumento antes del 1° de noviembre.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la Resolución General 1167/2026 en el Boletín Oficial el marco regulatorio integral para la constitución, funcionamiento y supervisión de los Productos de Inversión Colectiva del Fondo de Asistencia Laboral (PIC FAL), vehículos financieros que administran los aportes de los empleadores destinados a cubrir indemnizaciones.
Entre los puntos que podrían generar fricción, la CNV estableció un mecanismo de "asignación de oficio" por el cual, si un empleador no selecciona formalmente un fondo antes de la fecha límite, el Estado le adjudicará un vehículo financiero por orden cronológico. En ese esquema, la entidad administradora queda facultada para realizar la apertura de la cuenta bancaria y comitente en un plazo de cinco días hábiles sin necesidad de contar con el consentimiento de la empresa.
A esto se suma una estricta rigidez en la portabilidad: los empleadores no podrán mover sus fondos libremente, sino que quedarán atrapados en ventanas fijas durante los meses de junio y diciembre, con exigencias de permanencia mínima de seis meses y preavisos de hasta treinta días.
Además, si bien el Gobierno promocionó un tope máximo de gastos del 1% anual sobre los activos administrados, la norma dejó fuera de ese límite a las comisiones transaccionales, las tasas de fiscalización del propio organismo y los gastos extraordinarios por litigios, encareciendo de forma encubierta el costo del sistema.
Esta reglamentación termina de estructurar el andamiaje trazado por la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía en el marco de la reforma laboral. El aspecto más controvertido del modelo es la autorización para que las contribuciones obligatorias de los empleadores (del 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes) sean invertidas en títulos de deuda pública del Estado nacional, convirtiendo el dinero destinado al pago de futuras indemnizaciones en una caja de financiamiento directo para el Tesoro.
Por otra parte, la legislación establece que los aportes retenidos a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no constituyen cuentas individuales a nombre de los trabajadores, sino que se concentran en una cuenta del empleador expuesta a la volatilidad del mercado.
En caso de que los bonos soberanos, la deuda provincial (permitida hasta un 15%) o las obligaciones negociables (hasta un 20%) sufran desvalorizaciones o pérdidas, la norma exime de toda responsabilidad a ARCA y estipula que el empleador conserva la obligación legal indivisible de poner de su propio bolsillo la diferencia para abonar la indemnización de forma completa. De este modo, el esquema oficial transfiere el riesgo financiero a las empresas y expone el cobro de los trabajadores al devenir de la deuda pública.
La disputa comercial en el mercado financiero
Frente al plazo límite fijado para el próximo 1° de noviembre, fecha en que las empresas deben elegir obligatoriamente su instrumento financiero, el sector privado desató una disputa comercial para apoderarse de la administración de estos aportes. Bancos, agentes de bolsa y entidades fintech entablaron una guerra de precios ofreciendo bonificaciones temporales con comisiones cero durante uno o dos años, perforando el techo fijado por la reglamentación para captar a las compañías antes de la fecha de corte.
La oferta del mercado se divide principalmente entre fondos de liquidez a corto plazo y herramientas atadas a la inflación mediante tasa CER, estructurando productos financieros que buscan retener la masa salarial. Para asegurar la captación, las entidades financieras están empaquetando la gestión del fondo con servicios de acreditación de nóminas, herramientas digitales y seguros privados de Vida LCT que cubran los saldos indemnizatorios que los propios fondos de cese no lleguen a saldar.
El escenario evidencia cómo el sistema impulsado por el Ejecutivo convirtió la protección laboral en un negocio de intermediación financiera, forzando a las pymes a volcar sus recursos al mercado antes del vencimiento regulatorio.
Fuente: