Emergencia carcelaria: prorrogan la medida ante un sistema al borde del colapso
Más de 12.000 internos conviven en cárceles diseñadas para menos de 11.000 plazas. Crecen las demoras en obras de infraestructura y las medidas alternativas para descomprimir.
En una decisión que refleja la gravedad de la crisis de habitabilidad en las instituciones de encierro, el Gobierno extendió la emergencia carcelaria federal por un período de dos años. La medida responde a una realidad incontrastable: la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se encuentra actualmente superada, con un 106% de ocupación operativa.
De acuerdo con los datos oficiales que sustentan la Resolución 439/2026 del Ministerio de Seguridad, el sistema cuenta con un total de 10.932 plazas disponibles. Sin embargo, la población alojada asciende a 12.248 personas, lo que genera un excedente que dificulta tanto la custodia efectiva como los programas de reinserción social de los internos. Esta saturación no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un flujo constante de ingresos; entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, el sistema federal recibió a 15.041 personas privadas de la libertad.
La crisis se agrava al observar la lista de espera: existen todavía más de 5.000 personas detenidas que aguardan un cupo para ingresar al sistema federal. Específicamente, se reportaron 2.657 individuos a disposición de la Justicia Federal y otros 2.416 por causas de la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que permanecen fuera de las unidades del SPF por falta de espacio.
Un factor determinante en este desbalance es la composición de la población carcelaria: el 48,85% de los internos actuales —unas 5.983 personas— corresponden a causas de la Justicia Ordinaria porteña. Las autoridades atribuyen gran parte de la problemática a que aún no se concretó el traspaso de las competencias penales al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sobrecarga la estructura federal y limita el espacio para detenidos por delitos federales. En cuanto a la situación procesal de los alojados, el 61,83% corresponde a condenados, mientras que el 38,17% restante permanece bajo proceso sin sentencia firme.
Medidas para aliviar la crisis carcelaria
En materia de infraestructura, si bien el Gobierno destacó la inauguración de la Unidad N° 36 de Coronda en Santa Fe y nuevas dependencias en Senillosa, reconoció que estos esfuerzos resultan insuficientes para revertir el déficit. Actualmente, se encuentran en marcha obras como el Complejo Federal de Condenados de Agote en Mercedes, con un avance del 72,37%. No obstante, proyectos clave como la relocalización de la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz —que sumaría 700 plazas— permanecen inconclusos tras haber sido suspendidos por la administración porteña en 2020.
Como paliativo ante la falta de celdas, el Ministerio de Seguridad impulsó el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Desde abril de 2024, esta iniciativa incorporó a 1.291 personas y supervisa actualmente 1.503 arrestos domiciliarios. Pero se busca descomprimir un sistema que, por el momento, sigue operando más allá de sus límites estructurales.
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