En busca de poner un límite al endeudamiento externo
La iniciativa exige que sea el Congreso la única instancia posible de autorizar la toma de deuda externa. La presentó Máximo Kirchner.
"La decisión de endeudar a la Nación es del Congreso y sólo del Congreso". Esta frase forma parte del proyecto de ley que presentó el diputado de Unión por la Patria, Máximo Kirchner. Incluso sintetiza de manera concreta el espíritu de la iniciativa con la que se busca limitar la posibilidad de que la Casa Rosada rubrique nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional sin ser discutidos por el parlamento. La presentación se hizo al mismo tiempo que la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, se reunía con el presidente Javier Milei y su gabinete. La funcionaria del FMI tiene previsto visitar Vaca Muerta, situación que generó rechazos entre la oposición.
El objetivo principal del proyecto presentado por Kirchner, según detallan sus fundamentos, es redefinir la relación de la Argentina con el FMI y con los demás organismos financieros internacionales. Pretende establecer un marco legal que priorice la soberanía económica, el control del Congreso sobre el endeudamiento y hasta busca una reforma de las reglas del propio FMI. En definitiva, que la Argentina no vuelva a asumir programas de endeudamiento con organismos internacionales bajo condiciones similares a las de 2018 y 2025.
Por ejemplo, prevé que ninguna operación de crédito se decida por decreto. Eso obliga al Congreso a aprobar por ley cualquier acuerdo, ampliación o refinanciación con el FMI u otros organismos internacionales, ya que sostiene que la Constitución reserva al parlamento la decisión de contraer deuda pública y que esa competencia no puede ser reemplazada por decretos del Poder Ejecutivo. "La decisión de endeudar a la Nación es del Congreso y sólo del Congreso", especifica.
El proyecto cuestiona acuerdos previos con el organismo, especialmente los de 2018 y 2025, ya que se evidenciaron graves deficiencias institucionales tanto del lado argentino como del propio organismo internacional. Aquí hace hincapié en que el préstamo récord otorgado en 2018 se celebró con múltiples irregularidades administrativas y legales al cuestionar la falta de intervención de los organismos competentes; la ausencia de la opinión previa del Banco Central; la inexistencia de traducciones oficiales del acuerdo; y el incumplimiento de procedimientos previstos por la legislación argentina. Además, sostiene que el préstamo terminó financiando la salida de capitales privados, señalando una coincidencia entre los desembolsos del FMI y la formación de activos externos.
"La equivalencia -45.100 millones de dólares de formación de activos externos desde mayo de 2018 frente a 44.500 millones de dólares de desembolsos del Fondo- no es una coincidencia ni un accidente. Es el resultado previsible de un programa aprobado sin requerir las medidas de administración de flujos de capital", asegura el texto. A raíz de estas cuestiones, plantea la corresponsabilidad acreedor-deudor, por lo que considera que las consecuencias de un programa fallido no pueden recaer solamente sobre el país deudor.
Por otra parte, la iniciativa de Kirchner abre también la discusión sobre cuánto es lo que debe pagarse realmente. Es decir, ¿Cuánto de la deuda es la cuota que le corresponde pagar a la Argentina y cuánto es un excedente político? Ya que vuelve a poner de manifiesto que el crédito otorgado en 2018 por el FMI al gobierno de Mauricio Macri es de casi tres veces el límite que el propio organismo tenía establecido.
Respecto del acuerdo de 2025; el texto señala que el Programa de Facilidades Extendidas fue autorizado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (que tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados), pero no mediante una ley del Congreso. "La Ley 27.612 no fue derogada; fue rodeada", afirma la iniciativa presentada en la Cámara baja.
La ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, fue sancionada en febrero de 2021 y su objetivo primordial era establecer un marco de control legislativo estricto sobre el endeudamiento soberano en moneda extranjera y los acuerdos financieros de gran magnitud. Por lo que la nueva iniciativa busca reforzar la ley 27.612 y llenar ciertos vacíos legales que hoy existen.
El proyecto tiene un punto ambicioso. Considera que el propio FMI debe modificar sus reglas internas. Aquí se hace referencia a los controles sobre la salida de capitales, pide que dejen de ser una facultad discrecional del organismo. A su vez, propone que desaparezcan los sobrecargos, y que el Fondo asuma responsabilidad cuando apruebe programas que incumplen sus propios criterios.
Otra de las propuestas salientes del proyecto plantea la ampliación de facultades de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior, que ya funciona en el Congreso, de tal forma que permitirá la revisión y control de futuros acuerdos con organismos internacionales. Es decir, que tenga acceso a información reservada, y pueda hacer seguimiento de los programas vigentes y solicitar auditorías a la AGN.
La iniciativa presentada por el diputado camporista, también especifica un techo de deuda pública externa del 200% de las exportaciones de los últimos tres años, con excepciones tasadas (emergencia declarada por ley, catástrofe, pandemia o guerra).
Finalmente, determina que "la presente ley solo podrá ser modificada o derogada, total o parcialmente, por una ley sancionada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una de las Cámaras". A su vez, plantea una disposición transitoria que obliga a que el Congreso ratifique o rechace el programa vigente (DNU 179/2025) dentro de los 90 días de sancionada la ley.
Entre los firmantes del proyecto se encuentran los diputados Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustin Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.
Repudio a Georgieva
La presencia de la titular del FMI desató una serie de rechazos por parte de legisladores del peronismo. Por caso, Julia Strada, se preguntó: "¿A qué viene Kristalina Georgieva? ¿Se cumple la meta fiscal? Con el resultado deficitario de junio, el primer semestre terminó con superávit fiscal de $6,3 billones, cuando debió haber sido de $6,9 billones según lo acordado con el FMI", analizó la economista.
De igual manera, la legisladora Lucía Cámpora, quien participó de la protesta en Plaza de Mayo, expresó que "la Argentina le debe al FMI 57 mil millones de dólares, más que cualquier otro país del mundo, producto del préstamo político que le dio ese organismo primero a Mauricio Macri y después a Javier Milei. Los argentinos no vimos un solo dólar en obras, escuelas u hospitales, pero con la soga de la deuda al cuello, condicionan al país imponiendo flexibilización laboral, suba de tarifas, reforma jubilatoria y remate de los bienes naturales".
En la misma línea, el senador Eduardo "Wado" de Pedro detalló en sus redes sociales: "Hoy Milei profundiza ese endeudamiento y aplica, una por una, las condiciones del FMI: entrega nuestra soberanía, más ajuste y más sacrificio para el pueblo argentino".
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/07/28/en-busca-de-poner-un-limite-al-endeudamiento-externo/