Espert no logró el sobreseimiento por amenazar con "cárcel o bala" a Bregman y Del Caño

29.08.2025

El diputado de la Libertad Avanza cambió de abogados y designó a un letrado que integra el estudio Cúneo Libarona, y fue defensor del abusador de menores José Alperovich y el genocida Enrique Augusto Barre. 

El diputado liberal José Luis Espert, conocido por sus discursos de mano dura y sus ataques a la izquierda, no consiguió que la Justicia lo sobreseyera en la causa que se le imputa por haber amenazado públicamente a Myriam Bregman y Nicolás del Caño, referentes del Frente de Izquierda. Espert había lanzado la frase "cárcel o bala" contra ambos dirigentes, lo que generó un fuerte repudio y una denuncia penal en su contra.

Ante el revés judicial, Espert se vio obligado a cambiar de estrategia y designó como nuevos abogados a Patricio O'Gorman Themuso Lessa y Augusto Nicolás Garrido, este último perteneciente al estudio de Cúneo Libarona y conocido por defender al abusador de menores José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, y al genocida Enrique Augusto Barre, segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones con sede en la brigada conocida como el "Pozo de Banfield".

Como recuerda Página 12, Mariano Cúneo Libarona también era parte del equipo defensor de Barre — finalmente fue absuelto— y renunció al momento de asumir al frente del Ministerio de Justicia.

La campaña de José Luis Espert arrancó con el pie izquierdo y viene cuesta arriba. Este miércoles, el diputado libertario fue visto escapando en moto de una caravana en Lomas de Zamora que terminó en un verdadero papelón. Además, Espert tiene vínculos con Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyos audios filtrados pusieron al gobierno de Javier Milei en el centro de una tormenta política y judicial.

Bregman y Del Caño denunciaron a Espert en Comodoro Py el 19 de diciembre de 2023. Recordaron que, tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y las acciones violentas de grupos como Revolución Federal, este tipo de mensajes no eran "una broma" sino un claro llamado al odio. El tuit de Espert superó los 5 millones de vistas y desató una catarata de agresiones en redes contra los dirigentes del FIT-U.

Esa misma noche, en TN, Espert intentó relativizar su amenaza: primero habló de balas de goma o gas pimienta, pero luego admitió que también incluía balas de plomo. Diez días después, el fiscal Gerardo Pollicita pidió archivar la causa: consideró que no había delito, sino una defensa del uso de la fuerza estatal en el marco del protocolo de Bullrich. Sin embargo, los querellantes advirtieron que las frases de Espert apuntaban directamente a dirigentes concretos y no solo a "infractores anónimos".

El juez Sebastián Casanello ordenó entonces medir el impacto de las publicaciones. La Policía Federal de Patricia Bullrich y la Policía de la Ciudad eludieron el trabajo con excusas técnicas. Finalmente, el juzgado recurrió al Conicet para analizar el acoso virtual.

En paralelo, los abogados de Bregman y Del Caño presentaron un informe propio: registraron más de 700 mensajes con la consigna "cárcel o bala" dirigidos a los diputados en el mes posterior a la amenaza de Espert.

La causa sigue su curso y deja en evidencia la impunidad con la que se manejan los representantes de los empresarios y los ajustadores, que no dudan en amenazar a quienes luchan por los derechos de las y los trabajadores. La Justicia, lejos de ser imparcial, sigue mostrando sus lazos con el poder político y económico. Por eso, solo el repudio popular desde abajo puede abrir paso a una resolución favorable y ponerle freno a todo discurso de odio.