Eugenio Semino: “Se nos mueren de hambre cinco millones de jubilados y de eso no se habla”
El especialista advierte que la crisis de las personas mayores es sanitaria, previsional y habitacional. Cuestiona la política jubilatoria de Milei, pero habla de décadas de pérdida de poder adquisitivo.
Por Valeria Montenegro
La jubilación que no alcanza para comer, los medicamentos cada vez más inaccesibles, los alquileres que expulsan a las personas mayores de sus viviendas y un sistema de cuidados sostenido, en gran medida, por mujeres precarizadas. Para Eugenio Semino, defensor de la tercera edad y referente en gerontología, estos problemas conforman una crisis humanitaria que Argentina arrastra desde hace años y que las sucesivas administraciones no lograron revertir. En diálogo con Tiempo, reconstruye el deterioro de los haberes previsionales desde los gobiernos de Mauricio Macri, hasta la gestión de Javier Milei, cuestiona el congelamiento de los bonos y advierte sobre las consecuencias sociales de un modelo que, afirma, deja a millones de personas mayores sin recursos suficientes para vivir con dignidad.
–¿Cómo describiría la situación actual de los adultos mayores en Argentina?
–El problema viene de bastante antes y se profundiza progresivamente con cada administración. Desde la Sociedad Iberoamericana de Gerontologia y Geriatría y venimos observando la situación de los distintos países de América Latina. Ya en 2022 denunciamos una crisis humanitaria del sector de las personas mayores en Argentina, durante la gestión anterior. Esa crisis tiene tres ejes: el previsional, el sanitario y el habitacional. El haber jubilatorio viene perdiendo poder adquisitivo de manera prácticamente ininterrumpida desde hace quince años. Al mismo tiempo, hace catorce años que no se generan nuevos empleos registrados. Son problemas relacionados: sin trabajo formal, se debilita el financiamiento del sistema previsional, mientras los ingresos de los jubilados pierden capacidad de cubrir sus necesidades.
–¿Cómo fue evolucionando esa pérdida durante los últimos gobiernos?
–Durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2018 y 2019, los jubilados perdieron alrededor de 20 puntos frente a la inflación. La fórmula de movilidad contemplaba un componente importante de actualización inflacionaria y otro vinculado a los salarios. Alberto Fernández llegó con la promesa de recomponer esa pérdida, pero, cuando asumió, suspendió por Decreto la ley de movilidad vigente. En marzo de 2020 se otorgaron aumentos discrecionales y decrecientes: las jubilaciones mínimas recibieron un 11,56%, mientras que las máximas tuvieron incrementos de apenas el 3,7%. Eso volvió a achatar la pirámide previsional.
En diciembre de ese mismo año se sancionó otra fórmula, similar a la que había regido antes de la reforma de Macri. Quienes participamos del debate coincidíamos en que debía incorporarse una cláusula de garantía por inflación. No se hizo. En 2021 los aumentos llegaron a empatar e incluso superar levemente la inflación, pero desde 2022 volvieron a quedar rezagados. Se implementaron bonos discrecionales para las jubilaciones mínimas, que se incrementaban en determinados momentos y luego quedaban rezagados.
En 2023, con una inflación anual del 211%, los jubilados que cobraban bonos tuvieron una actualización aproximada del 140%, mientras que quienes no los recibían tuvieron alrededor del 110% pero los medicamentos aumentaron cerca del 300%.
–¿Qué cambió con la llegada de Javier Milei?
–En diciembre de 2023 tuvimos una inflación mensual del 25% y, pocos días después, una devaluación del orden del 113%. Eso afectó a toda la sociedad, pero especialmente a quienes tenían ingresos fijos. El Gobierno modificó la fórmula previsional y estableció actualizaciones mensuales por el índice de precios al consumidor (IPC). Sin embargo, mantuvo congelado en $70.000 el bono que se paga desde marzo de 2024. Por eso es falso afirmar que todos los jubilados actualizan sus ingresos de acuerdo con la inflación: el haber se actualiza, pero el bono no.
Ese congelamiento perjudica especialmente a quienes menos cobran. El bono debería superar ampliamente los $200.000 para conservar su poder adquisitivo original. Además, en 2024 la inflación fue del 118%, mientras que la actualización de las jubilaciones mínimas rondó el 105%. Los medicamentos aumentaron alrededor del 100%. La conclusión es que los sectores de menores ingresos siguen perdiendo capacidad de compra. En agosto de 2024 y agosto de 2025 se sancionaron leyes que contemplaban mejoras previsionales y la incorporación del bono al haber, pero ambas fueron vetadas. Estamos cuestionando judicialmente la constitucionalidad de esos vetos.
–¿Cómo se traduce este deterioro en la vida cotidiana?
–La Canasta de Consumo para Adultos Mayores de la Defensoría de la Tercera Edad de CABA contempla alimentación, medicamentos, servicios y vivienda. En septiembre de 2026 rondaba los $1.800.000 para una pareja de jubilados con vivienda propia y para una pareja de adultos mayores que alquila más de $2.500.000. La jubilación mínima, incluso con el bono, queda muy lejos de cubrirla. Hay cientos de miles de jubilados que viven en pensiones precarias. Una habitación con baño compartido puede costar hoy alrededor de $250.000. Si una persona percibe unos $500.000 por todo concepto, destina la mitad de sus ingresos solamente a tener un lugar donde dormir.
La situación sanitaria agrava el problema. En Argentina se habla de salud como si fuera exclusivamente una cuestión de medicamentos, cuando la salud también depende de la alimentación, el agua potable, las cloacas, la vivienda y los cuidados. Las personas mayores suelen convivir con enfermedades crónicas que pueden controlarse y tratarse si hay seguimiento adecuado. No se trata solamente de atender una urgencia: se necesita prevención, rehabilitación y acompañamiento. Existen buenos centros para quienes pueden pagarlos, pero no hay una respuesta suficiente para el ciudadano común.
–Usted suele advertir que las personas mayores se están muriendo de hambre. ¿Qué implica esa afirmación?
–Es una realidad que vemos quienes trabajamos en contacto directo con este sector. No pueden cubrir ni siquiera una parte importante de sus necesidades básicas. Y hay algo más. Muchos trabajadores, cuando se acercan a la edad jubilatoria, no vienen a consultarnos cómo jubilarse, sino cómo evitar hacerlo. Saben que, al dejar de trabajar, van a cobrar mucho menos que cuando estaban en actividad. Incluso quienes no cobran la mínima pueden recibir alrededor de la mitad de su salario anterior. Por eso siguen trabajando en cualquier condición para subsistir. Hay explotación laboral de los jubilados, que trabajan por necesidad.
La sociedad argentina es gerontofóbica, o más precisamente gerascofóbica porque tiene miedo al envejecimiento y termina despreciando o invisibilizando a las personas mayores. Pero el problema no es solamente de los viejos. ¿Por qué un joven va a construir un proyecto de vida si el futuro que ve es una vejez sin ingresos suficientes, sin medicamentos y sin cuidados? La forma en que tratamos a nuestros mayores también habla de la sociedad que estamos construyendo.
–¿Qué políticas públicas deberían implementarse para revertir esta crisis?
–Hay dos grandes ejes. El primero es atender la emergencia. Tenemos 5 millones de personas que se están muriendo de hambre y nadie habla de eso. Con promesas a largo plazo a quien hoy no tiene para comer o para sus remedios. Quien no puede comer, no tiene medicamentos o carece de alguien que lo asista necesita una respuesta inmediata, con recursos del Estado nacional, las provincias y los municipios. No se puede discutir una reforma previsional a cinco años cuando hay personas que no pueden subsistir hoy. Es como llegar a una inundación y decirle a quien perdió su casa que dentro de cinco años habrá un plan de vivienda. Primero hay que darle agua, comida, abrigo y un lugar donde estar. Después se resuelve el problema estructural.
El segundo eje es construir un verdadero sistema de seguridad social. En Argentina se habla de seguridad social como si fuera solamente previsión, pero tiene tres pilares que son jubilaciones, salud y educación. Además, el sistema previsional actual no cumple adecuadamente con tres premisas básicas que implica reconocer lo aportado por la persona durante su vida laboral, contemplar su historia social y garantizar los recursos necesarios para cubrir su canasta básica.
Tenemos más de cien regímenes previsionales entre nacionales, provinciales, sectoriales y profesionales. Hace falta revisar esa estructura, pero no se puede empezar por discutir la edad jubilatoria sin analizar antes cómo se financia el sistema. Hoy el financiamiento depende en gran medida de los aportes laborales y de recursos tributarios como el IVA, un impuesto regresivo que también pagan los sectores más pobres. Una persona que trabaja informalmente y compra un paquete de yerba contribuye indirectamente al financiamiento de las jubilaciones, aunque probablemente nunca acce da a una propia.
–¿Qué lugar deberían ocupar los cuidados en esa discusión?
–Los cuidados son uno de los grandes desafíos de este siglo. La expectativa de vida en Argentina ronda los 76 años y el envejecimiento de la población se va a acelerar ya que en los últimos 25 años, nuestra expectativa de vida aumentó alrededor de cinco años, mientras que en otros países de América Latina el incremento fue de entre ocho y once años. Tenemos que prepararnos para una sociedad con más personas mayores y más necesidades de asistencia.
También cambió la estructura familiar. Ya no existe aquel modelo tradicional en el que una mujer quedaba a cargo de toda la familia. Sin embargo, las tareas de cuidado siguen recayendo principalmente sobre mujeres, muchas veces pobres y sin remuneración. Y quienes trabajan formalmente en el sector tampoco tienen condiciones dignas: en hogares públicos de la Ciudad de Buenos Aires se ofrecen pagos de alrededor de $450.000 mensuales a cuidadoras bajo la modalidad de monotributo, que además deben afrontar sus propios costos laborales.
Cuidar requiere formación, equipos y contención. No alcanza con pensar en una institución donde alojar a una persona mayor. Hay que garantizar su alimentación, su higiene, sus controles médicos, la rehabilitación y la posibilidad de sostener una vida digna.
–Entonces, ¿qué debería discutirse antes de una nueva reforma previsional?
–El financiamiento. En el mundo, desde fines de los años 80, distintos países comenzaron a utilizar rentas y recursos económicos para sostener sistemas amplios de seguridad social. Noruega y Suecia, por ejemplo, desarrollaron políticas de largo plazo vinculadas a la renta petrolera. Acá casi no se discute cómo podrían contribuir las rentas minera, petrolera y financiera al financiamiento de la seguridad social.
La longevidad y las transformaciones del mercado laboral obligan a revisar los sistemas, pero no se puede reducir todo a aumentar la edad jubilatoria. Si no se genera empleo formal, prolongar la permanencia de los mayores en el mercado laboral también puede profundizar las dificultades de acceso al trabajo para los jóvenes. Hay que analizar muchas variables y construir una política de Estado.
La crisis no se resuelve con un bono discrecional ni con un aumento aislado. Se resuelve garantizando que las personas mayores puedan vivir, comer, atender su salud, recibir cuidados y socializar. Porque una sociedad que no puede asegurar esas condiciones a quienes trabajaron toda su vida está hipotecando también el futuro de las generaciones que vienen.
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