Fentanilo contaminado: la responsabilidad no puede detenerse en la ANMAT
Tras el procesamiento de exautoridades de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, la presidenta de Fesprosa pide extender la investigación penal hacia la cadena de responsabilidades: el ministro Mario Lugones. Y reclamó su renuncia.
El procesamiento de Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), es un avance imprescindible en la investigación de una de las tragedias sanitarias más graves de los últimos años. No estamos ante una condena definitiva, pero sí ante una decisión judicial que coloca en el centro no sólo a quienes produjeron y comercializaron el fentanilo contaminado, sino también a quienes tenían la obligación estatal de controlar que ese medicamento nunca llegara a los pacientes.
El juez federal Ernesto Kreplak las procesó sin prisión preventiva como partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. La causa contabiliza hasta ahora 134 víctimas vinculadas con los hechos investigados: 90 personas fallecidas, dos con lesiones gravísimas, 41 con lesiones graves y una con lesiones leves. A cada exfuncionaria se le trabó un embargo por 500 mil millones de pesos. Es una resolución dura y, sobre todo, significativa: reconoce que la inacción de los organismos de control puede tener consecuencias tan concretas como la actuación de quienes fabrican un medicamento en condiciones inseguras.
La reconstrucción judicial muestra una cadena de advertencias, demoras y decisiones que no pueden ser reducidas a errores administrativos. Los equipos técnicos habían detectado graves incumplimientos en Laboratorios Ramallo. Sin embargo, la carta que terminó inhibiendo su producción llegó semanas después de que fuera proyectada. En el caso de HLB Pharma, la advertencia que debía impedir la comercialización nunca fue firmada. El fallo señala además que Mantecón Fumadó mantuvo paralizado durante más de cuatro meses el proyecto correspondiente a HLB y cuestiona reuniones informales con representantes de las firmas sometidas a control. Cuando finalmente la ANMAT prohibió el uso del lote de fentanilo contaminado y luego inhibió a las empresas, en mayo de 2025, el daño ya estaba producido.
Por eso celebramos que la Justicia empiece a mirar el funcionamiento del Estado. Durante demasiado tiempo la discusión pública se concentró casi exclusivamente en los empresarios responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Ellos deben responder, por supuesto. Pero una tragedia sanitaria de esta dimensión no puede explicarse sólo por la conducta de un laboratorio. Existen organismos públicos precisamente para impedir que un medicamento elaborado sin las condiciones de seguridad necesarias llegue a una terapia intensiva, a un quirófano o a una guardia.
Ahora bien: si la investigación avanzó desde los laboratorios hacia la ANMAT y el INAME, no puede detenerse allí. La cadena de responsabilidades debe investigarse hasta su nivel político más alto. Y ese nivel es el Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones.
La propia resolución judicial contiene elementos que obligan, como mínimo, a profundizar esa pregunta. El juez sostiene que quedó probado que la conducción de la ANMAT funcionaba como una "polea de transmisión" de las decisiones políticas que se adoptaban desde el Ministerio de Salud y, en sentido inverso, como canal de información para que el Ministerio pudiera decidir. También afirma que Lugones tenía conocimiento de aspectos relevantes de lo que ocurría con los laboratorios. Es decir: el ministro no aparece como una autoridad completamente ajena a los hechos ni como alguien que se enteró de la situación cuando la tragedia ya era pública.
Si el ministro sabía que existían laboratorios con incumplimientos graves, ¿qué medidas concretas tomó para garantizar su cierre efectivo? ¿Qué controles realizó sobre el cumplimiento de esas instrucciones? ¿Por qué, si la información circulaba entre la ANMAT y el Ministerio, las advertencias técnicas no se tradujeron a tiempo en decisiones capaces de impedir la salida al mercado del fentanilo contaminado? ¿Quién supervisó que las órdenes se cumplieran? Estas preguntas no son una búsqueda de culpables por conveniencia política. Son las preguntas básicas que cualquier sistema sanitario serio debe hacerse después de 90 muertes judicialmente vinculadas a un medicamento adulterado.
La ANMAT es un organismo descentralizado, pero funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Su misión es controlar y fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos y proteger la salud de la población. La autonomía técnica no puede utilizarse como excusa para construir compartimentos estancos cuando el propio expediente describe una comunicación permanente entre sus máximas autoridades y la conducción ministerial.
Desde Fesprosa hemos sostenido desde el comienzo que esta tragedia exige verdad, justicia y responsabilidades en todos los niveles. También exige aprender algo elemental: los organismos de regulación sanitaria no son una traba burocrática ni un gasto prescindible. Son una barrera entre la población y productos capaces de enfermar o matar. Debilitarlos, relativizar sus alertas, demorar sus decisiones o someter los criterios técnicos a otras prioridades puede tener consecuencias irreparables.
El procesamiento de Bisio y Mantecón Fumadó es un paso importante. Pero las familias de las víctimas y toda la sociedad necesitan saber cómo fue posible que, existiendo alertas previas, el medicamento llegara a circular. La investigación no debe cerrarse sobre dos exfuncionarias. Debe reconstruir completa la cadena de mando, información y decisiones.
Es fundamental destacar que nada de este avance habría sido posible sin el impulso persistente de las familias de las víctimas, que transformaron el dolor en una búsqueda sostenida de verdad y justicia. Fueron ellas quienes empujaron la investigación, presentaron denuncias, reclamaron el acceso a historias clínicas y documentación clave, llevaron el caso al Congreso y participaron de audiencias en la Cámara de Diputados para impedir que la tragedia quedara reducida a un expediente administrativo. Su intervención fue decisiva para sostener públicamente una causa que expone fallas graves de control estatal y responsabilidades que todavía deben ser esclarecidas en todos sus niveles.
Mario Lugones debe dar explicaciones públicas y políticas sobre lo ocurrido bajo su conducción. Y la Justicia debe investigar hasta donde conduzcan las pruebas, sin techos jerárquicos ni límites institucionales. Porque cuando falla el sistema que debe garantizar la seguridad de los medicamentos, la responsabilidad no puede terminar en el último escritorio que firmó —o dejó de firmar— un expediente. En salud pública, quienes ocupan las máximas responsabilidades también tienen la obligación de responder.
Desde Fesprosa sostenemos que la investigación no puede detenerse en funcionarias intermedias ni aceptar límites políticos. Mario Lugones debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, procesado si las pruebas confirman su responsabilidad y, además, debe renunciar al Ministerio de Salud. No puede seguir al frente de la principal autoridad sanitaria del país un ministro bajo cuya conducción ocurrió una tragedia de esta magnitud y sobre cuyo nivel de conocimiento y decisión pesan interrogantes todavía abiertos. Para Fesprosa, no alcanza con buscar responsables hacia abajo: exigimos verdad, justicia, el esclarecimiento completo de la cadena de mando y la salida de Lugones del Ministerio.
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