Financiamiento universitario: el Gobierno desempolvó un proyecto para eludir a la Corte Suprema
A la espera de una definición de la Corte Suprema por la cautelar universitaria, el Gobierno busca desactivar el conflicto con las universidades mediante un proyecto de actualización presupuestaria que ya había sido presentado meses atrás. Sectores académicos denuncian que es una estrategia disuasoria en medio del congelamiento de fondos para salarios, becas y funcionamiento.
A una semana de la masiva marcha universitaria que lo enfrentó en las calles, el presidente Javier Milei activó una nueva estrategia a la espera de la medida cautelar que debe definir la Corte Suprema. Con la Ley de Financiamiento Universitario en pausa provisoriamente tras la sentencia de abril que ordenó suspender la ejecución de la cautelar, ahora el Gobierno deslizó una propuesta vieja para resolver el conflicto, una moneda de cambio para presentar a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para evitar un revés en la Justicia: un proyecto de ley de actualización presupuestaria con topes y condiciones.
El Gobierno que hace seis meses incumple la ley, negando la transferencia de fondos correspondientes a salarios de docentes y nodocentes, becas y presupuesto, salió a instalar la versión de que les propondría a las universidades un acuerdo para cerrar la pelea judicial: aprobar ese proyecto si aceptan dejar sin efecto la denuncia inicial. Sin embargo, esa iniciativa fue presentada en febrero de 2026, hace tres meses, antes de los vaivenes judiciales.
"Es todo mentira. Es un operativo de prensa del Gobierno. Hace un par de horas mandaron el instructivo salarial para este mes con 1,5% de incremento", aclaró en diálogo con este medio Antonio Rosello, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica.
El diputado nacional Esteban Paulón explicó a El Destape que el proyecto ya fue presentado formalmente y descartó que se trate de un nuevo borrador. Sin embargo, señaló que la iniciativa quedó frenada en el Congreso cuando comenzó a discutirse en comisiones y se conoció el fallo de la cautelar en segunda instancia.
Fuentes parlamentarias destacaron también que hace tres meses hubo diferencias entre las partes involucradas en la negociación. Mientras desde el Gobierno aseguraban haber alcanzado un acuerdo con el CIN, desde ese sector negaban haber mantenido conversaciones oficiales.
La iniciativa incorporaría un esquema de financiamiento para hospitales universitarios, con partidas que provendrían del Ministerio de Capital Humano, con un aumento de $80.072.460.000 a la Actividad Presupuestaria 15 "Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios". Desde esta cartera, sin embargo, no quisieron responder si ya se hicieron los cálculos para este esquema de financiamiento.
La ley sancionada en noviembre de 2025, judicializada, obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes, además de reforzar las partidas destinadas a becas y funcionamiento universitario, contemplando la pérdida acumulada frente a la inflación de 2024 —que alcanzó el 118%— y de 2025, del 35%.
La propuesta del oficialismo presentada en febrero asegura que busca "armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales con las partidas previstas en la Ley de Presupuesto 2026" introduce cambios en los artículos centrales de la Ley 27.795. Establece que los fondos del Programa 26 "Desarrollo de la Educación Superior" deberán actualizarse si la inflación medida por el IPC del INDEC supera el 14,3% anual, porcentaje que el Gobierno tomó como referencia para elaborar el Presupuesto 2026. En paralelo, plantea una suba salarial escalonada para docentes y no docentes: tres incrementos del 4,1% en marzo, julio y septiembre de 2026, calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.
El Ejecutivo se compromete además a convocar la negociación paritaria al mes siguiente de la sanción y con periodicidad máxima trimestral. Es un reconocimiento implícito de que los aumentos fijos establecidos pueden resultar insuficientes y el punto del que desconfían sobre todo en la universidades, donde en paralelo acaba de llegar la confirmación del 1,5% de aumento unilateral que se dictaron sin mesas de negociación de por medio.
Desde los gremios universitarios cuestionaron que los aumentos salariales inconsultos otorgados para enero y febrero quedaron por debajo de la inflación de esos meses. Además, advirtieron que esas subas ni siquiera contemplan la fuerte pérdida del poder adquisitivo acumulada durante el año pasado.
El conflicto en las altas casas de estudio continúa sin resolución y sumó nuevas medidas de fuerza. Tanto la Conadu Histórica como la Conadu resolvieron convocar a un paro durante toda la próxima semana, en reclamo de una recomposición salarial y mayores partidas para el sistema universitario. "Nada a esta hora, es el mismo proyecto", enfatizó Rosello al remarcar que los trabajadores siguen movilizados.
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