Fuera de la ley: Policía Motorizada de la Ciudad portó armas letales en la última protesta de jubilados
El miércoles 30 de julio, en la convocatoria de jubiladas y jubilados ante el Congreso de la Nación, se repitió una vez más la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Pero esta vez, la particularidad fue la aparición de la Unidad de Saturación y Detención -USYD- en acción portando armas letales, es decir: de fuego. La imagen nos retrotrae a eventos trágicos del pasado reciente como las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminó con 39 personas asesinadas, y la Masacre de Avellaneda, que le costó la vida a Kosteki y Santillán en 2002.
Hechos
Tal como se pudo observar en las filmaciones tomadas por la prensa, organismos de DDHH, organismos de control, y la ciudadanía en general, esta unidad no estaba al momento del armado del operativo de prevención y control por saturación establecido por el Gobierno de la Ciudad. La misma se presentó en el lugar de forma sorpresiva, ingresando a Avenida de Mayo en contramano y realizando detenciones de personas por fuera de las columnas de organizaciones y personas autoconvocadas, portando armas de fuego, específicamente Beretta, Modelo PX4 Storm Full.
Operativos de prevención y sarasa ante las movilizaciones
En nuestra historia reciente tenemos eventos que han marcado un antes y un después en el uso de las fuerzas de seguridad ante las movilizaciones. Tanto el 19 y 20 de diciembre de 2001 como el 26 de junio de 2002 en Puente Pueyrredón, las fuerzas plantearon un esquema no de disuasión sino de guerra contra la ciudadanía, matando a sangre fría.
En los siguientes años se dio un proceso de regulación en el ordenamiento, imponiéndose la prohibición del uso de armas letales en manifestaciones y eventos masivos por parte de las fuerzas de seguridad.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estableció específicamente en la ley 5688, art. 99 "[…] No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función operativa esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes".
En ese línea, es que la normativa dispone que ante la realización de un operativo se debe establecer el personal a disposición y deben dejar las armas en la armería indicada antes de salir al evento en cuestión. De esta forma, el armamento no está en la zona, ni expuesto, ni a disposición, estando alejado de la zona de "conflicto".
Cambio de modalidad
Desde la asunción del gobierno de ultraderecha encabezado por Javier Milei las políticas económicas, sociales y culturales fueron sostenidas con medidas represivas. El paquete de estas medidas no son simple manotazo de ahogado, sino que aplican el viejo paradigma de control social a través de la violencia, pero con nuevo elementos tanto estructurales dentro de la política criminal como de estrategia en el campo operativo.
Dentro de las medidas represivas, fue el uso de todas las fuerzas de seguridad en territorio, la modificación en sus reglamentaciones, la ampliación de tareas y facultades.
Si bien mantienen el discurso de "guerra" utilizado en el gobierno de Mauricio Macri, ahora el enemigo es planteado en términos de "casta" que no más que la población a quienes se debiera cuidar y proteger. Esta vez el enemigo interno es el pueblo que hace uso del Estado y/o defiende un Estado social grande, fuerte y amplio.
A partir de la asunción del gobierno toda protesta fue acompañada de acciones de desmovilización a través del miedo: audios en estaciones de transporte de pasajeros, notificaciones en la aplicación "Mi Argentina", controles de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si aun así las personas ya sean agrupadas o de forma individual mantenían su intento de llegar a expresar su descontento, se aplicaron distintas medidas operativas en el territorio ya no para disuadir, sino para a través del ejercicio de la violencia comunicar quien ejerce el poder y control de las calles. Todo esto acompañado de una propaganda en los medios de comunicación que apuntó a evaluar y juzgar a la ciudadanía mientras justificaba el accionar de la violencia estatal.
A diferencia de otros momentos en Argentina, esta vez se resolvió relegar el uso de balas de goma y estruendo que es la táctica habitual para generar dispersión, cuando es utilizada según las normas internacionales de uso de armas no letales. Que es el mismo concepto en relación a la utilización de gas lacrimógeno tanto CN (marcado con rojo) como CS (marcado con azul) siendo este último con capacidad letal en caso de espacios reducidos y/o confinados.
En este momento las fuerzas de seguridad están desarrollando tácticas de guerra contra el "enemigo interno", esto es, contra la ciudadanía de Argentina descontenta con las políticas llevadas a cabo por el gobierno de turno. En esa línea, están utilizando mayoritariamente el gas pimienta ya sea a través de garrafas manuales y las armas no letales Byrna cortas y largas. Estas últimas emiten disparos individualizados a más de 20 metros, cuyo alcance es menor al de escopeta debido a la falta de pólvora, además, no generan estruendo sino un ruido menor por el uso de CO2, hecho que es utilizado como táctica de guerra para que las personas no sepan ni dónde ni cuándo fueron lesionadas. En el caso de armas largas no letales tienen una capacidad de 17 tiros y un sistema de recarga y utilización mucho mas sencillo que las escopetas.
El objetivo es reducir la capacidad del manifestante hasta obligarlo a necesitar asistencia de otras personas. Esto permite atraer a un grupo para atacar nuevamente cuando estén auxiliándolo, o bien generar un desgaste físico y psicológico en el individuo, provocando daños corporales por acumulación de pequeñas lesiones y el deterioro progresivo de su equipo de protección.
Tal como han denunciado organismos como la Comisión por la Memoria (CPM) y el Monitor de Respuestas Represivas del IEF-CTA, las personas asistidas por heridas fueron en su mayoría por gas pimienta, utilizándose escopeta con balas de goma o estruendo en contadas y particulares ocasiones.
En efecto, durante el último año si bien no hubo un uso sistemático de las balas de goma se constataron distintos hechos donde los disparos apuntaron a la cara de los manifestantes, generando la pérdida de la visión, tal como fue el caso del abogado Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Queda claro que la estrategia implementada en el territorio por las áreas de seguridad, tanto nacionales como de la Ciudad, dista mucho de basarse en la prevención, protección y dispersión. A esto se suma la preocupante ampliación de funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), que ahora incluye tareas espionaje contra las personas que consideren que son un "riesgo" para la seguridad sin mediar orden judicial alguna.
A este combo, el último miércoles le sumaron el despliegue de una unidad por fuera de las presentadas en el operativo, sino que ingresaron de forma sorpresiva, realizando detenciones.
La Unidad de Saturación y Detención (USYD) fue creada dentro de Motorizada hace aproximadamente cinco años con una función específica: no para tareas de prevención o disuasión, sino para realizar detenciones tanto en operativos de saturación policial como en casos de flagrancia. Esta unidad opera al margen de las direcciones jurisdiccionales tradicionales, funcionando de manera independiente y ajustando su accionar diario según las necesidades político-criminales que se presenten.
El uso de armas letales en manifestaciones está desestimado en los protocolos del Estado, tanto por el riesgo que representa para la ciudadanía como para las propias fuerzas de seguridad. Sin embargo, lo ocurrido el último miércoles agrava exponencialmente el peligro: grupos ajenos al operativo oficial –o al menos así lo demostraron– fueron utilizados para realizar detenciones. Estos grupos, armados y operando en zonas aledañas a la concentración de manifestantes, generan un escenario de alto riesgo donde podrían darse casos de uso injustificado de la fuerza (incluyendo el llamado "gatillo fácil"), con posibilidad de causar lesiones graves o incluso pérdida de vidas.
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