Geopolitizar Malvinas

Por Sergio Eissa
El pasado 20 de diciembre de 2025 se realizó la LXVII Cumbre de Presidentes del Mercosur en Foz de Iguaçu. En esta, el Presidente de la República Federativa de Brasil, Ignacio "Lula" Da Silva sostuvo que "pasadas más de cuatro décadas desde la guerra de Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser sorprendido por la presencia militar de una potencia extrarregional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe".
En contraste, el Presidente argentino, Javier Milei, afirmó: "La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano (…). Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario". Así, el Presidente deja de lado la tradicional adhesión de nuestro país al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Esta norma del derecho internacional surgió con la Paz de Westfalia en 1648. Se fue fortaleciendo con los aportes teóricos de Emer de Vattel y Christian Wolff, y entre los que se destacan tambien los juristas venezolano-chileno Andrés Bello, los argentinos Carlos Calvo y Luis María Drago y el mexicano Isidro Fabela. Por su parte, el Tratado de Confederación del Congreso Hispanoamericano estableció dicho principio en 1848 y, consecuentemente, pasó a ser incorporado como principio fundamental en la carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Derecho Internacional Contemporáneo (en dicho Congreso se definió como Principio Americano).
Los países latinoamericanos, y en este caso puntual los sudamericanos, tenían motivos sobrados para preocuparse por las agresiones extrarregionales al subcontinente. En el caso argentino, ya habían sido advertidas por Juan Bautista Alberdi, Bernardo de Irigoyen, Roque Sáenz Peña, entre otros líderes políticos e intelectuales argentinos que nuestros libertarios jamás han leído [1].

Hemos incluido los ataques, incidentes y refriegas al territorio argentino antártico, lo cual explicaremos más adelante.
La "cuestión Malvinas"
El pasado 16 de diciembre se cumplieron 60 años (1965) del reconocimiento por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que instaba a ambas partes a resolverla de manera pacífica a través de la Resolución 2065 (XX). Guillermo Carmona y un artículo de Cecilia Miguel y Carla Morasso analizan y raccontan sobre cómo se llegó a ese histórico hito diplomático por la acción de nuestra (ahora) vapuleada Cancillería.
La persistencia de una política exterior entre 1946 y 1965 se hilvanó con la primera protesta de Manuel Moreno [2] y permitió instaurar "el período de comunicaciones" hasta 1982 y la casi devolución de las islas por parte del Reino Unido en 1974. Esto se obturó, lamentablemente, por la muerte del Presidente Juan Domingo Perón (1973-1974) [3]. Fue el logro de un país y varios gobiernos que se habían impuesto un objetivo estratégico.
Asimismo, ayer se conmemoró el 193º aniversario del ataque británico a Puerto Soledad en las Islas Malvinas. Un ataque a traición, porque menos de diez años antes, en 1825, el Reino Unido había firmado con nuestro país el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. En este los británicos no efectuaron ninguna reserva sobre las Islas Malvinas [4]. El ataque había sido precedido por la incursión armada de Estados Unidos en 1831 que obligó a parte de nuestros pobladores a abandonar las islas; despoblamiento que se acentuó, como parte de la política británica desde 1833, al obligar a mujeres, hombres y niños a dejar sus hogares entre 1833 y 1834, para ser reemplazados por súbditos británicos.
También cabe recordar, una vez más, que la constancia de otra política exterior realizada entre 1997, a posteriori de la sanción de la Ley N.º 24.815, hasta 2016 permitió que, en este último año, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas aprobara por consenso las recomendaciones argentinas respecto al límite exterior de la plataforma continental. En estas, la Comisión no se pronunció sobre los límites en las Islas Malvinas, Islas Georgias e Islas Sándwich del Sur hasta tanto la Argentina y el Reino Unido resolvieran el conflicto limítrofe, reconociendo, de esta manera, la existencia del conflicto de soberanía. Dichos límites quedaron plasmados en la Ley N.º 27.557.

Esta constancia de la política exterior argentina que se inició en 1833, que permitió alcanzar los dos hitos citados en 1965 y 2016, que ha insistido sistemáticamente en que el Reino Unido debe sentarse a negociar teniendo en cuenta los intereses de los isleños —al punto tal de que el gobierno británico estuvo a punto de acordar con la Argentina una solución de retroarriendo o condominio en 1974—, ha sido destruida a partir del año 2023.
Algunos "colaboradores de la periferia" asocian la actual política exterior con la implementada por el Presidente Carlos Menem (1989-1999) y su Canciller Guido Di Tella —que tuvo entre otras consecuencias nefastas los Tratados de Madrid— de "seducción de los isleños". Sin embargo, jamás se apartó de la fórmula de no reconocer los deseos de los isleños, sino de tener en cuenta sus intereses. Asimismo, la comparación resulta anacrónica porque el Presidente, su canciller y su asesor Carlos Escudé [5] visualizaron acertadamente que el momentum hegemónico de Estados Unidos se había iniciado en 1991: luego de la caída del Muro de Berlín en 1989 y de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Del otro lado, solo quedaron escombros o, como sostiene François Furet, "el pasado de una ilusión". En cambio, desde fines de esta primera década, estamos asistiendo a una transición hegemónica que le brinda una oportunidad a Argentina. Sin embargo, la política de "occidentalización dogmática", enraizada en las sobredeologizadas políticas exteriores de las alt-right, se niega a percibirla. Esta disonancia cognitiva está afectando nuestros intereses vitales.
En efecto, la ex canciller Diana Mondino afirmó al diario británico The Telegraph que "los derechos de los isleños [serán] respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo". Por su parte, el Presidente Javier Milei sostuvo, el pasado 2 de abril: "Siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de la Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo". Estas expresiones, que parecieron un exabrupto o un error del ghost writer, fueron ratificadas esta semana. En una nueva entrevista a The Telegraph, el Presidente afirmó que nuestras islas deben ser devueltas "a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen", aunque aclaró: "Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas. No es negociable". Pero, asimismo, consideró que tener "relaciones pobres" entre ambos países por este motivo "genera el riesgo de disminuir las transacciones culturales y económicas".
En este punto, debemos reconocer que esta mirada del Presidente de la Nación, así como de parte de los militares, de algunos intelectuales, dirigentes políticos y, probablemente, de parte de la sociedad civil, este "neoastizismo", es un problema para implementar una política estratégica. Luciano Anzelini sostuvo hace unos días que "es preciso identificar esta narrativa como lo que verdaderamente es: una herramienta clave de dominación (…) Urge, en consecuencia, el desafío de rechazar la pedagogía de la impotencia con la que los 'cultores de la irrelevancia' buscan persuadir a los pueblos sudamericanos de que poco y nada valen".
Geopolitizar la "cuestión Malvinas"
Un primer desafío para geopolitizar la "cuestión Malvinas" es que debemos clarificar que nos estamos refiriendo a un constructo sistémico que abarca no solo a nuestras islas, sino también a la Antártida por el Sur y al Atlántico Sur hasta el límite exterior del Río de la Plata. Si se siguiera lo previsto en la Directiva de Política de Defensa (DPDN) 2021, ese espacio se podría focalizar en un "triángulo estratégico" que tiene como frontera norte al paralelo 45º Sur. Decimos que es sistémico porque la afectación de una parte impacta sobre todo el conjunto. De esta manera, se visualiza claramente que el conflicto por las islas del Atlántico Sur incluye también a la Antártida y a las aguas de este océano. Así lo entiende el Reino Unido. No es su vocación democrática lo que le impide negociar con la Argentina por estar "respetando" la voluntad de los isleños. Estos son una pieza removible, como lo fue la población de Hong Kong, si lo consideran necesario según sus intereses estratégicos. Estos intereses, como hemos mostrado en un mapa de 1908 y otro más reciente de 2009, se encuentran en la Antártida, en las islas y en los recursos del océano Atlántico.
De la misma manera, se ha movido Estados Unidos. A fin de evitar una disputa abierta entre Chile y la Argentina con el Reino Unido entre 1939 y 1959 [6], presionó para la firma del Tratado Antártico. En cuanto a las aguas e islas que quedaron fuera de este, delegó la vigilancia y control de estas al Reino Unido. Ahora bien, el escenario cambió. La disputa hegemónica con China obliga a asegurar los pasos interoceánicos naturales hacia el Océano Pacífico: el estrecho de Magallanes, el mar de Hoces y el canal de Beagle [7] y, por otro lado, necesita preposicionarse para la carrera por los recursos en la Antártida. Estas políticas previas hacia el sexto continente terminaron materializándose en el National Security Memorandum on United States Policy on the Antarctic Region. En este punto es donde entra en juego la necesidad de contar con una base o un punto de sostén logístico en Ushuaia porque Puerto Argentino se encuentra más al norte.
Un segundo desafío es abandonar el realismo ingenuo y ferretero que predomina entre algunos militares y civiles, oficialistas y peronistas, y preguntarse claramente: ¿por qué Estados Unidos negociaría a favor de la Argentina por nuestras islas y espacios marítimos concurrentes cuando se encuentra en el mejor de los mundos teniendo acceso a ambos nodos estratégicos?, ¿por cercanía ideológica?, ¿porque Trump es peronista?, ¿porque la Argentina volvió una vez más a Occidente y ahora sí es más confiable?, ¿porque la potencia norteamericana es buena, cristiana y occidental? Claramente, mi respuesta es negativa.
Sin importar de qué premisa a partir de la cual se realice el análisis, Moreno y Juan Battaleme llegan a la misma errónea conclusión. En una reciente entrevista, este "colaborador de la periferia" sostuvo que "pareciera que no se puede hablar con el Reino Unido absolutamente de nada si no metemos el tema Malvinas en el medio. Y el tema Malvinas (…) hay que trabajarlo bilateralmente en las reuniones que corresponda (…) [y] dialogar, dialogar, dialogar aunque no tengamos en este caso específico un acuerdo específico [en el tema Malvinas] (…)". Finaliza argumentando que hay que avanzar en el diálogo con Gran Bretaña en materia de seguridad energética, mineral y alimenticia, dialogando en el ámbito que corresponda el tema de la "cuestión Malvinas" y lograr que Estados Unidos actúe con un mediador honesto porque ahora, como en los '90, somos un actor confiable. Las preguntas inmediatas que surgen son por qué no se dialogó en los '90 o en estos dos años sobre la soberanía y por qué Estados Unidos sigue sin apoyar nuestro reclamo.
El otro error que comete este "colaborador de la periferia" es considerar que la Argentina inició "el conflicto armado" [8]. Esto es incorrecto: el conflicto se inició el 3 de enero de 1833 y la agresión continúa al día de la fecha, en tanto el Reino Unido continúa expoliando nuestros recursos. Por ello, y este es el tercer desafío, hay que transformar la manera en la que se enseña Malvinas; hay que pasar de la dictadura y la efeméride del bronce a la geopolitización de la "cuestión Malvinas".
En cuarto lugar, la Argentina debe ser más asertiva diplomáticamente. Retornar, luego de un paciente trabajo, a la Asamblea General de Naciones Unidas. Retomar el trabajo con los países suramericanos para que, además de los pronunciamientos, no presten apoyo al Reino Unido. Además, debe respaldar estas medidas con acciones económicas y militares.
Para esto último, y este es el desafío más importante, la Argentina debe recuperar las capacidades militares perdidas entre 1989 y 2001, 2015 y 2019 y desde 2023 a la fecha. Si bien los "colaboradores de la periferia", como Battaleme, y los nuevos ñoquis-planeros-funcionarios responsabilizan al kirchnerismo por ello, fue la derecha argentina alineada con Estados Unidos y Gran Bretaña la que ha generado este estropicio y que ha desmalvinizado, como ya hemos señalado en otros artículos. Esta situación no se ha modificado con el gobierno libertario. La compra de los F-16, de los Strykers y otros sistemas de armas será insostenible como en los '90, como pasó con los A4-AR y con los SEM, con los actuales recursos y, peor aún, con la falta de mirada estratégica. Si el presupuesto de la función de defensa, de acuerdo con el Ministerio de Economía, si el del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo), son los más bajos en la historia con relación al PBI —0,28% (2025) y 0,62% (2024) respectivamente— y, además, el inciso 2 (hidrocarburos, lubricantes, entre otros) ha caído de manera aberrante en el 2025, no habrá recuperación de capacidades militares. Además, esto es así porque debemos comprender que "añadir un arma a nuestro inventario no equivale necesariamente a aumentar nuestra seguridad nacional (…) Cada arma nueva debe ser considerada desde muchos puntos de vista"[9], entre ellas, la misión y el objetivo estratégico.
Finalmente, la Argentina tiene que fijarse como objetivos estratégicos el desarrollo sostenible, el cual es imposible sin financiamiento universitario y ciencia y tecnología, y recuperar las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y espacios marítimos concurrentes, y asegurar la soberanía argentina en la Antártida, a través del derecho internacional. Este también incluye e implica recurrir en última instancia al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas porque, de acuerdo a la Resolución 3314 (XXIX), la agresión británica continúa al día de la fecha. Ambos objetivos se retroalimentan; ambos son inescindibles, pero para ello hace falta también voluntad política porque si un pueblo "no posee la capacidad o voluntad de tomar tal decisión [de quién es su enemigo], deja de existir políticamente". Es más, si deja que esa decisión la tome otro Estado, "es que ya no es un pueblo políticamente libre" [10].
[1] Una editorial del diario La Prensa sostuvo en 1893: "No sabemos a qué título ni con qué motivo habríamos de constituirnos en tributarios [de Estados Unidos] para renunciar al crédito, a la inmigración y a los capitales que nos vienen de Europa a servir al desarrollo de la riqueza del país". En Paradiso, J. (1993). Debates y trayectoria de la política exterior argentina. Buenos Aires: GEL, p. 47.
[2] Fue embajador argentino ante el Reino Unido entre 1828 y 1852, con excepción del período 1836 a 1838. La primera protesta la presentó en abril de 1833.
[3] De acuerdo al ex vicecanciller Fernando Petrella, se trataba de una propuesta británica de condominio o retroarriendo. Según el Embajador Carlos Ortiz de Rozas, Juan Domingo Perón sostuvo: "Aceptemos. Una vez que pongamos pie en las Malvinas, no nos saca nadie y poco tiempo después la soberanía será argentina por completo".
[4] Según Lowell S. Gustafson: "Gran Bretaña reconoció al nuevo gobierno en 1825 sin hacer ninguna reserva sobre los intentos de la Argentina de ejercer su soberanía sobre las Malvinas. Al no haber protestado por los actos de posesión de Jewitt o Vernet en nombre de la nueva república, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación del 2 de febrero de 1825 debilitó el reclamo de Inglaterra". Traducción propia.
[5] Coherente consigo mismo y con la escuela realista, Carlos Escudé sostuvo en el año 2011 que "China es el mejor socio posible de Suramérica: una superpotencia económica, pronto la primera del mundo, que no puede amenazarla militarmente. Esta ventaja se potencia para el caso de aquellos países que, como la Argentina, Brasil y Chile, tienen economías que se complementan claramente con la china. Y en el caso argentino, se suma el beneficio adicional de que la pérdida de hegemonía económica por parte de Washington implica el desplazamiento de un país que casi nunca le aportó nada bueno al nuestro, y que muchas veces le propinó graves daños.
[6] Fontana, P. (2014). La pugna antártica. El conflicto por el sexto continente (1939-1959). Buenos Aires: Guazuvirá Ediciones.
[7] Recordemos que el Canal de Panamá es artificial y que es fácilmente inutilizable.
[8] Battaleme, J. (2026), "Malvinas a cuarenta años del conflicto militar: la victoria puede no dar derechos, pero legitima". En Laporte, J. (Comp.). 40 años de Malvinas, reflexiones y debates. Buenos Aires: GEL, p. 108.
[9] McNamara, R. (1969). La esencia de la seguridad. Madrid: Grijalbo, pp. 105 y 107.
[10] Schmitt, C. (2006 [1932]). El concepto de lo político. Madrid: Alianza, p. 79.
Fuente:
El Cohete
