Inviolabilidad de la propiedad privada: el Senado tratará una ley que elimina límites para que extranjeros compren tierras
El proyecto de Federico Sturzenegger llega al recinto este jueves después de catorce reescrituras y sin los votos garantizados. Habilita la compra ilimitada de campos por parte de privados extranjeros, acelera los desalojos y permite construir sobre tierras incendiadas.
Por Julián D'Imperio
El proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" llega este jueves al recinto del Senado en el peor de los escenarios posibles para el oficialismo: sin el texto definitivo cerrado y sin la certeza de los votos. El peronismo estima unos con 35 de los 36 senadores a favor de bloquear el capítulo más resistido de la iniciativa, el que habilita la extranjerización de tierras rurales sin límites. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, asumió personalmente el riesgo de terminar de negociar los últimos cambios en pleno debate.
La sesión, que arranca a las 12 y se estima que se extenderá unas siete horas, tiene además un condimento político adicional: es la última actividad de la Cámara alta antes del receso invernal, y en el temario conviven otros 29 pliegos judiciales —entre ellos el del camarista Víctor Pesino, que cumple 75 años el 27 de julio y necesita la renovación aprobada antes de esa fecha para no perder la magistratura— y 26 pliegos diplomáticos.
El proyecto lo redactó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y obtuvo dictamen de comisión el 20 de mayo. Desde entonces sufrió modificaciones sucesivas y no volvió a pasar por comisión: los cambios se negocian directamente antes de cada intento de sesión. Uno de los capítulos que generaba más resistencia entre los propios aliados, el que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), fue directamente eliminado en el camino.
Tierras rurales: elimina los topes vigentes (15% por provincia y municipio, 1.000 hectáreas por individuo en zona núcleo) para la compra por parte de extranjeros privados. Solo mantiene restricciones para Estados extranjeros y empresas con participación estatal foránea, que necesitarán autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, con "silencio administrativo positivo" si no hay respuesta en el plazo fijado. El mismo esquema regirá para tierras en zonas de frontera.
Desalojos: habilita a cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo sobre un inmueble a pedir la restitución inmediata, sin esperar sentencia definitiva, si el juez considera verosímil el planteo en una evaluación preliminar. Los hogares con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional tendrán diez días para mudarse.
Manejo del fuego: elimina la prohibición de modificar el uso de tierras incendiadas durante 30 años, norma impulsada originalmente por Máximo Kirchner para desalentar el fuego como herramienta de valorización inmobiliaria.
Expropiaciones: restringe el concepto de "utilidad pública", obliga a indemnizar también el lucro cesante demostrado y limita las ocupaciones temporarias del Estado a un máximo de 90 días.
Tierras rurales: quién puede comprarlas
El capítulo que concentra el mayor conflicto es, por lejos, el de tierras rurales. La ley vigente (26.737, de 2011) permite a extranjeros comprar hasta el 15% de la superficie de cada provincia y municipio; el proyecto elimina ese límite para personas y empresas privadas extranjeras. El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el cambio en conferencia de prensa: "La norma de 2011 criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros, contradiciendo el espíritu de nuestra Constitución".
Ninguna provincia supera hoy el 15% de extranjerización, según el último relevamiento del Registro de Tierras Rurales (agosto de 2025). El problema aparece en la lectura departamental. Más de treinta distritos ya exceden ese porcentaje, y al menos cinco superan la mitad de su territorio en manos extranjeras: San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%) en Salta, General Lamadrid en La Rioja (56,70%), Lacar en Neuquén (54,17%) y Campana en Buenos Aires (50,27%).
No es la primera vez que el oficialismo intenta este cambio. Javier Milei había buscado derogar directamente la ley 26.737 mediante el DNU 70/23, pero una presentación judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas lo frenó; el caso escaló hasta la Cámara Federal de La Plata, que ratificó la cautelar, y hoy espera definición de la Corte Suprema. Mientras tanto, la vía legislativa quedó como el único camino disponible para el Gobierno.
Presión de la CGT y la Iglesia
En el plano político, la central obrera y distintas organizaciones eclesiásticas se sumaron en los últimos días al rechazo del proyecto. "Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica", planteó la CGT en un comunicado que menciona explícitamente el caso del Lago Escondido y al empresario Peter Thiel. En paralelo, la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigena advirtieron que la iniciativa "debilita la potestad del Estado" para proteger "el interés comunitario" frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros.
Dentro del propio Senado, el bloque Convicción Federal —aliado ocasional del oficialismo— presentó un dictamen de minoría que mantiene los límites vigentes de la ley 26.737 e incorpora la figura de "Zonas de Interés Estratégico" para tierras en fronteras y áreas de riesgo ecológico. "No existe país en el mundo que flexibilice de esta manera la venta de tierras a extranjeros", fundamentó su autora, la jujeña Carolina Moisés. Desde Unión por la Patria, el senador Eduardo "Wado" de Pedro fue más allá y deslizó una sospecha directa sobre los motivos del oficialismo para tratar el proyecto en medio del Mundial: "La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras", dijo a Página/12.
JD/DCQ
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