La Caja de Abogados judicializa un recorte votado en la Legislatura
Tras una ley impulsada en Diputados, la Caja de Abogados fue a la Justicia para recuperar fondos y viáticos. El conflicto escala y suma tensión política.
La Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires avanzó con una ofensiva judicial para revertir una ley aprobada por la Legislatura y promulgada por el gobierno de Axel Kicillof, que redujo una millonaria sobretasa judicial y puso un límite a los viáticos que percibía su directorio. La reacción del sector incluyó la presentación de amparos para recuperar fondos que, según la normativa sancionada, dejaron de salir del bolsillo de los bonaerenses que acceden al servicio de Justicia.
La ley, impulsada en la Cámara de Diputados por Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Unión por la Patria, fue aprobada en diciembre con más de dos tercios de los votos en ambas cámaras. El texto redujo del 10% al 5% la sobretasa de Justicia que se derivaba a la Caja y derogó el esquema de viáticos, refrigerios y gastos de representación del directorio, que insumía más de 2.000 millones de pesos anuales.
Pese a la sanción legislativa y la promulgación por parte del Ejecutivo bonaerense, el conflicto escaló al plano judicial apenas días después.
Amparos cruzados y un primer revés judicial
El presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados, Fabián Gerardo Portillo, presentó un amparo para sostener el cobro de los viáticos y restituir la sobretasa de Justicia. Esa presentación fue desestimada. Sin embargo, horas más tarde, la Asociación de Abogados Jubilados avanzó con una nueva acción judicial, que recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial N°8 de La Plata, a cargo del juez Leonardo Villegas.
El trasfondo del reclamo es la modificación del régimen de financiamiento de la entidad. La sobretasa de Justicia forma parte del 2,2% que pagan los bonaerenses cada vez que inician un trámite judicial. No se trata de un aporte de los abogados, sino de un costo que asumen quienes necesitan acceder al sistema judicial, incluidos los sectores de menores ingresos.
Hasta la sanción de la ley, el 10% de esa tasa se destinaba directamente a la Caja de Abogados. Con el nuevo esquema, ese porcentaje se redujo a la mitad y se le asignó un destino específico, redefiniendo el uso de esos recursos.
Viáticos, gastos y una discusión política de fondo
La norma también eliminó el sistema de viáticos del directorio, integrado por alrededor de 40 miembros. Solo en 2025, los directores tuvieron a disposición 756 millones de pesos para viáticos vinculados a las sesiones en La Plata. A ese monto se sumaron 78 millones para traslados, 72 millones para alojamiento y 42 millones en gastos de relaciones públicas.
Durante el tratamiento legislativo, Tignanelli citó un informe de la subgerencia financiera de la Caja que detalla el esquema de inversiones del organismo: 51% en títulos de Estados Unidos, 40% en títulos nacionales en dólares y 8% en títulos provinciales en dólares, además de otras colocaciones en pesos. Según expuso, solo en comisiones por la administración de inversiones en el exterior, la entidad gastó 1.400 millones de pesos.
"Se acabó el champagne y las cenas para los directores que pagan todos los bonaerenses", afirmó el legislador en noviembre de 2024, al defender el proyecto en la Cámara baja.
La iniciativa fue convertida en ley en el Senado durante una sesión maratónica que también incluyó el endeudamiento provincial y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia. El respaldo de más de dos tercios de los legisladores, incluidos sectores de la oposición, le dio al texto una fuerte legitimidad política.
Ahora, con la judicialización en marcha, la disputa se traslada a los tribunales y reabre un debate de fondo: hasta dónde pueden llegar los privilegios internos de organismos previsionales y quiénes terminan financiándolos.
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