La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó por el “deterioro acelerado” de la libertad de expresión en Argentina
El informe del organismo expone graves señalamientos contra el gobierno de Javier Milei. Hablan de estigmatización, persecución y restricciones al ejercicio periodístico.
En un contexto de creciente tensión entre el periodismo y el Gobierno de Javier Milei, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el "deterioro acelerado" de la libertad de expresión en el país. En el informe de la entidad, en el que se analiza la situación de la prensa en 35 países, se señaló con especial preocupación el discurso estigmatizante del presidente libertario contra periodistas críticos y el uso de reformas legales restrictivas sin deliberación pública.
Entre las expresiones cuestionadas por el organismo se destacan calificativos como "corruptos", "ladrones" y "delincuentes con micrófono", vertidos por el propio jefe de Estado hacia periodistas y medios. Estas declaraciones, según el informe, no fueron casos aislados, sino parte de una estrategia política que el oficialismo utilizó como parte de su "batalla cultural". El diagnóstico se enmarca en un contexto de protestas sociales, represión y un clima hostil hacia la prensa.
El estudio de la entidad sumó datos de otras organizaciones, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Basándose en información del grupo, destacan que entre abril y julio de este año se registraron 37 casos de agresiones a periodistas, lo que representa un aumento del 24% respecto al mismo período de 2023. El 71% de estos hechos involucró algún tipo de violencia estatal y el 27% fue atribuido directamente al presidente. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió además que las descalificaciones oficiales "motorizan a un ejército de trols" que alimentan la violencia digital y física contra periodistas.
En paralelo, la CIDH también advirtió sobre retrocesos normativos vinculados al derecho a la protesta, el acceso a la información pública y el funcionamiento de los medios públicos. Las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo (algunas por decreto y otras sin deliberación parlamentaria) fueron calificadas como regresivas. El organismo remarcó que estos cambios afectan la calidad del debate democrático en el país.
Las denuncias de Jorge Fontevecchia y Jorge Lanata, dentro del informe
En el marco del deterioro del clima hacia la prensa en Argentina, la Relatoría Especial indicó que varios periodistas llevaron sus quejas al Poder Judicial. Lanata inició causas penales y civiles contra Milei, luego de ser acusado públicamente de "mentiroso" y de recibir "sobres" en alusión a supuestos sobornos. También el fundador de Perfil, Jorge Fontevecchia, presentó demandas por haber sido calificado como "quebrador serial" y "periodista ensobrado", justo después de la publicación de investigaciones críticas hacia el gobierno.
En este último caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires revocó un sobreseimiento inicial a Milei y advirtió que los funcionarios públicos deben tener especial cuidado con sus declaraciones. El fallo recordó que, de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, el discurso oficial no puede vulnerar derechos ni convertirse en una forma de presión contra quienes participan del debate público, sobre todo en contextos de alta polarización.
Además, alegaron que los dichos de Milei "no pueden naturalizarse como parte del debate político" y alertaron que representan un serio riesgo para la libertad de expresión. La Relatoría sostuvo que este tipo de estigmatización desde las altas esferas del poder puede fomentar hostilidad y aumentar la exposición de periodistas a ataques o represalias.
Denuncias a medios y formadores de opinión críticos
En este clima de hostilidad institucional hacia la prensa, la Relatoría también registró el uso del sistema judicial como herramienta para amedrentar a trabajadores de medios. En junio de 2024, el ministro de Justicia presentó una denuncia penal contra Nancy Pazos y Darío Villarruel por "instigación a cometer delitos", a raíz de comentarios críticos sobre la gestión alimentaria del Ministerio de Capital Humano. En paralelo, el periodista Andrés Sanguinetti fue demandado por daños y perjuicios por un empresario tabacalero que le exigió dos millones de dólares tras la publicación de una investigación sobre presunta elusión fiscal y lobby corporativo. El periodista denunció que la demanda busca intimidar y desalentar futuras investigaciones.
A estos hechos se suman medidas administrativas que restringen el acceso de la prensa a fuentes oficiales. Desde diciembre de 2023, el Gobierno habría revocado acreditaciones a unos 50 periodistas en Casa Rosada, reduciendo el número de autorizados a solo 88. La creación de una supuesta "sala de prensa de élite" para medios considerados "relevantes" por el Ejecutivo fue interpretada por la Relatoría como una estrategia de exclusión preocupante. El caso de Silvia Mercado, a quien se le retiró la credencial tras hacer un comentario irónico sobre los perros del Presidente, refuerza esta lectura. La acreditación fue restituida tras un amparo judicial y la presión de asociaciones periodísticas.
El informe también alertó sobre un intento fallido del Ministerio de Capital Humano de reinstaurar la matrícula obligatoria para ejercer el periodismo, una medida considerada inconstitucional por la Corte Interamericana desde 1985. Aunque el anuncio fue eliminado horas después de publicarse en redes sociales, la iniciativa incluía requisitos restrictivos como certificados de antecedentes penales y aportes jubilatorios al día, lo que podría haber excluido a una amplia porción de periodistas. La Relatoría subrayó que estas prácticas, sumadas a los ataques verbales y judiciales, conforman un entorno adverso para la libertad de expresión en Argentina.
TC / Gi
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