La ley Hojarasca como caballo de troya
UxP señaló que la propuesta parlamentaria de LLA es un "proceso de desnacionalización estratégica"
El Gobierno quiere derogar más de 70 leyes que consideran obsoletas. La oposición apuntó a Struzenegger, el impulsor de la norma.
Por Eva Moreira
El oficialismo avanzó con la firma del dictamen del proyecto de Ley Hojarasca, que impulsó el Ejecutivo con el objetivo de derogar más de 70 leyes consideradas obsoletas, pero también modifica o elimina leyes estratégicas que la oposición pide "discutir con tiempo". En el plenario de comisiones, diputados opositores cargaron contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsor de la norma, a quien calificaron de "garca" y de ser él mismo "la hojarasca". Desde Unión por la Patria alertaron sobre el "proceso de desnacionalización estratégica" que esconde la iniciativa que perciben como un "Caballo de Troya".
Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que conducen, Nicolás Mayoraz y el diputado alineado a las Fuerzas del Cielo, Santiago Santurio, legisladores de la oposición apuntaron contra el proyecto por "tocar áreas sensibles que necesitan un tratamiento pormenorizado" y no un tratamiento exprés como el que persigue Sturzenegger.
La diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley, cargó fuertemente contra el ideólogo del proyecto al señalar que "la hojarasca es el propio Sturzenegger". La legisladora bonaerense recordó parte de la trayectoria del funcionario en los diversos gobiernos y subrayó que el actual ministro fue responsable de la crisis del 2001. "Sturzenegger es el del corralito", enfatizó y agregó "él es lo más viejo y obsoleto".
Para el secretario de Desregulación y el ex diputado Alejandro Cacace, que fue el encargado de defender el proyecto, el Gobierno solo busca un "ordenamiento normativo" porque existe un "severo problema de inflación legislativa". Por lo que el reciente funcionario violeta, expresó que existen "normas que se superponen o dicen cosas contradictorias", lo que provocan un "costo enorme para el ciudadano y para la propia administración".
El proyecto, tiene varios puntos polémicos. Entre sus artículos avanza con la derogación Ley N° 25.750, sancionada en 2003. "Esta ley -de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales- restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares. Establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%. Para el oficialismo "esta norma es de dudosa constitucionalidad e implica una restricción a la inversión extranjera".
Germán Martínez, jefe de bloque de UP, criticó específicamente este artículo al explicar que la intención de esa ley es que intereses extranjeros no se aprovechen del impacto que las crisis económicas puedan tener en medios gráficos u otras empresas nacionales. Es decir, busca cuidar que el total de las acciones no caiga en manos de fondos buitre. "Era un reaseguro de que no se iban a quedar con empresas estratégicas", dijo el jefe de la bancada celeste al advertir sobre el futuro de Arsat, que podría quedar desprotegida si se avanza con eliminación de esta Ley.
De esta forma, Martínez alertó sobre la iniciativa. "Que no sea un Caballo de Troya para que intereses extranjeros vengan a hacerse de bienes estratégicos argentinos". Por lo que calificó el proyecto de "dañino para el Estado", y arremetió contra Sturzenegger por impulsar la medida, y lo llamó: "garca".
Desde UP también resaltaron que el proyecto toca leyes sensibles que se deberían discutir individualmente y tener "un tratamiento pormenorizado". En este sentido, el diputado Diego Giuliano se quejó de que no haya "ni actualización, ni reemplazo" de normas claves que se tocan. A su vez, expresó que a la norma"le falta tiempo de estudio y análisis" y detalló que "ataca a la salud, el control de enfermedades, ataca a las cooperativas, y ataca la cultura". Por ejemplo, deroga la Ley N° 14.800 que obliga a quien demuela una propiedad con salas de teatro construir un teatro con características similares a la propiedad demolida.
De igual manera, busca derogar la Ley N° 26.688, sancionada en 2011, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales. Para el oficialismo "la reglamentación de la ley demoró tres años y no impone acciones concretas. Es una ley primordialmente declamativa, sin consecuencia práctica alguna", argumentan.
Parala diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, el proyecto es una "muestra de autoritarismo total", y al igual que UP resaltó que la iniciativa no busca ordenar la norma, y marcó ciertas contradicciones de la bancada violeta que argumenta querer eliminar normas de la dictadura. "Dicen preocuparse por leyes de la dictadura cuando van a visitar a genocidas a la cárcel", los chicaneó. La siguió la legisladora Romina del Pla, quien se preguntó "por qué se deroga una ley que propone la compra, por parte del Estado, de autos nacionales".
Hubo algunas modificaciones que pretendía el Gobierno sobre las cuales tuvo que dar marcha atrás. Se avanzaba en un artículo de la Ley de Cooperativas (11.380) que autorizaba al Banco Nación a ampliar plazos de prestamos a las sociedades Cooperativas. Por pedido de las propias cooperativas desistieron en esta eliminación.
Respecto al punto referido a la Federación Argentina de Municipios (Fam), organismo que recientemente le solicitó la reactivación de obras paralizadas y la transferencia de fondos adeudados al Gobierno, se logró una modificación en la redacción que da marcha atrás con la intención del oficialismo de desfinanciarlo.
Sobre la eliminación de la Ley 20.959, que otorga una credencial de libre circulación a los legisladores nacionales, finalmente, retiraron el articulo con el fin de ampliar la discusión, para que la normativa alcance a los tres poderes del Estado. Tampoco avanzaran con el artículo que metía mano en el financiamiento del Círculo Parlamentario.
Como ya es costumbre, hubo flacas voces en la bancada oficialista para defender la ley. Entre estos pocos oradores se la vio a Silvana Giudici que buscó mostrar en la oposición una "intención alarmista". La cruzó la diputada Agustina Propato con una advertencia sobre el Caballo de Troya que el Gobierno busca llevar al recinto; "esconde un proceso de desnacionalización estratégica".
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