La «lluvia de inversiones» no llega y el Gobierno tienta a los extranjeros con la ciudadanía
Mientras el oficialismo promueve el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como motor de atracción de capitales, sectores empresariales y analistas alertan sobre la escasez de clima propicio y las restricciones económicas.
El gobierno de Javier Milei insiste en que la economía argentina está a las puertas de una nueva era de crecimiento, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales aprobado en la reciente Ley Bases. Sin embargo, a más de medio año de gestión, la prometida "lluvia de inversiones" aún no se traduce en montos concretos ni en un flujo sostenido de capital extranjero.
Con la vista puesta en sectores estratégicos como energía, litio, infraestructura y agroindustria, el oficialismo proyecta ingresos por más de 12.400 millones de dólares en una primera etapa, e incluso estima alcanzar 54.000 millones a mediano plazo. La expectativa está puesta en atraer grandes conglomerados con beneficios fiscales y cambiarios, y generar ingresos directos de dólares frescos para reforzar las reservas del Banco Central.
Pero el entusiasmo del Ejecutivo no se replica con la misma intensidad en el sector privado. Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), por ejemplo, advirtieron que sin condiciones institucionales claras, como un compromiso efectivo con la transparencia política y el cumplimiento de normas, será difícil lograr un clima de inversión sostenible. La reciente caída del proyecto "Ficha Limpia" en el Congreso fue una señal negativa para las empresas extranjeras, que observan con atención las decisiones del Congreso y del Poder Ejecutivo.
A nivel interno, los gobernadores también expresan desconfianza. En el Consejo Federal de Inversiones, varios mandatarios provinciales coincidieron en que el ajuste y la concentración de fondos en el Gobierno nacional dificultan la articulación de proyectos productivos locales. El descongelamiento parcial de partidas o las promesas de obras públicas no alcanzan, aseguran, para generar un ecosistema que estimule el desarrollo y el empleo.
En paralelo, informes económicos y encuestas de opinión muestran que la confianza en la gestión sigue en baja. Según el índice de la Universidad Torcuato Di Tella, la percepción sobre la marcha del Gobierno lleva cinco meses consecutivos de caída. En ese contexto, la política de endeudamiento del Ministerio de Economía también despierta preocupaciones, ya que puede terminar ahuyentando los mismos capitales que se intenta atraer.
El discurso de apertura al mercado y la simplificación regulatoria contrasta con una realidad en la que las inversiones se mantienen expectantes. En el mejor de los casos, algunas multinacionales presentan "cartas de intención" o exploran oportunidades, pero evitan compromisos formales mientras persistan señales de inestabilidad política e incertidumbre económica.
Por ahora, más que una "lluvia", el capital externo apenas garúa. El gobierno sostiene la esperanza de que con el tiempo las reformas estructurales surtan efecto, pero los datos duros y el escepticismo de actores clave del mercado obligan a poner en duda si esa tormenta de dólares llegará en el corto plazo.
Ciudadanía argentina, el cebo para los extranjeros
Este jueves a través del Decreto 524/2025 publicado en el Boletín Oficial, se estableció que los ciudadanos extranjeros puedan acceder a la ciudadanía argentina por naturalización si realizan inversiones calificadas como "relevantes" y sin cumplir con un tiempo mínimo de residencia.
Según el decreto, los interesados deberán presentar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un nuevo organismo que es creado por el Decreto 366/2025 y que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo, quien decidirá qué inversiones serán consideradas "relevantes" para acceder a la ciudadanía.
Será la agencia la que evaluará la inversión y si la aprueba hará los requerimientos a SIDE, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia y el RENAPER para la obtención de la ciudadanía tras una investigación sobre el solicitante que establezca que no representa un riesgo para la seguridad nacional ni para los intereses del Estado argentino.
El resultado de ese análisis se elevará a la Dirección Nacional de Migraciones, que en un plazo de 30 días hábiles informará si otorga o rechaza la ciudadanía solicitada.
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