La oposición quedó más cerca de arrebatarle a Milei la chance de gobernar por DNU
El libertario Mayoraz tuvo que abrir Asuntos Constitucionales. La semana que viene podría votarse la ley.
El libertario Nicolás Mayoraz se vio obligado este martes a abrir la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el proyecto de modificación de la Ley de DNU, que ya tiene media sanción del Senado, y la oposición en Diputados quedó más cerca de aprobar el dictamen para llevar el tema al recinto. La situación es preocupante para la Casa Rosada porque, de concretarse los cambios, Javier Milei ya no podría contar con la herramienta de los decretos para gobernar eludiendo al Congreso.
En efecto, el legislador santafecino tuvo que convocar a una reunión plenaria junto a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la macrista Silvia Lospennato, después que los peronistas, los pichettistas, los radicales de Facundo Manes y la izquierda lo "emplazaran" durante la última sesión.
En ese contexto, el gobierno sólo contó con la defensa que ensayaron Lospennato, Silvana Giudici y Rodrigo De Loredo.
El proyecto, tal como explicó la massista Mónica Litza, modifica cuatro puntos nodales. En primer término, la vigencia de un DNU será de 90 días salvo que el Poder Legislativo lo apruebe pero, en segundo lugar, el silencio de cualquiera de las dos cámaras, implicará su derogación. Por otro lado, se fija que el Congreso deberá tratar los DNU incluso en período de receso y, por último, solo podrán versar sobre una materia, para evitar experimentos como el 70/23.
Litza hizo una reseña del "instituto del DNU", creado por la reforma constitucional de 1994, y lamentó que la voluntad de los constituyentes solo llegara hasta el inciso 3 del artículo 99 de la Carta Magna. "Los DNU ya existían pero venían siendo usados de forma irrestricta por Carlos Menem y la intención era que el Poder Ejecutivo no pudiera en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo", repasó.
La diputada reconoció que "pasaron muchos años hasta que finalmente se pudo hacer una ley que los regulara", la que impulsó Cristina Kirchner en 2006 y ahora se discute. Luego de conceder que la ex presidenta fue la que menos los utilizó, admitió que "lo que debía ser una excepción se ha convertido en la regla, sobre todo para este gobierno" y criticó "la desproporcionalidad entre la creación de leyes y el DNU".
El diputado trostkista Christian Castillo apuntó más alto y planteó que "el régimen político argentino tiene una tradición bonapartista". "El Presidente está dotado de una cantidad de funciones que lo asemejan, como decía el propio (Juan Bautista) Alberdi, a una suerte de monarca sin corona y nosotros cuestionamos esos atributos", dijo.
Lospennato, por su parte, celebró que "el sector político que propuso esta ley hoy admita que es una ley inconstitucional". "Porque nuestro sector político, el PRO, mi partido, viene sosteniendo eso desde el primer día, en el 2006", evocó.
El Presidente está dotado de una cantidad de funciones que lo asemejan, como decía el propio (Juan Bautista) Alberdi, a una suerte de monarca sin corona y nosotros cuestionamos esos atributos.
La legisladora porteña electa citó las intervenciones de Federico Pinedo en la Cámara Baja durante el debate de la ley en 2006 y el senador Rodolfo Terragno, en julio del mismo año. "Quiero empezar haciendo mías las palabras de Federico Pinedo: 'señora presidenta, hoy no deberíamos estar discutiendo si los peronistas son malos o buenos, esto es relativamente irrelevante. Lo que estamos debatiendo hoy es un tema institucional'", detalló.
Para el caso de Terragno, recomendó a sus pares que vayan a buscar la versión taquigráfica del 7 de julio de 2006, en las páginas 30 y 31 del diario de sesiones.
Quiero empezar haciendo mías las palabras de Federico Pinedo: 'señora presidenta, hoy no deberíamos estar discutiendo si los peronistas son malos o buenos, esto es relativamente irrelevante'.
La radical Carla Carrizo discrepó con su colega porque consideró que no hay "inconstitucionalidad". "No estoy de acuerdo que sea inconstitucional: pasaron seis gobiernos y no hay un fallo de la Corte que diga que es inconstitucional", manifestó.
El titular de la bancada de la UCR, enseguida, consideró que "hay una praxis que desestabiliza, que es inequitativa, que es arbitraria y que para los opositores sirve como un efecto de chivo expiatorio y exculpatorio de un gobierno que, entre otras cosas, se tiene que hacer cargo de las cagadas que se manda".
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