La tercera no fue la vencida: Javier Milei y otro 24 de marzo sin repudiar el terrorismo de Estado
El gobierno atravesó su tercer aniversario del golpe sin repudiar sus crímenes. Por el contrario, la Rosada difundió un video que los relativiza, con el pretexto de la "memoria completa".
A 50 años del último golpe de Estado, a contramano de las centenares de miles de personas que se movilizaron en todo el país para exigir Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno de Javier Milei atravesó ayer su tercer 24 de marzo sin repudiar el terrorismo de Estado, sin reivindicar un proceso de justicia ejemplar que derivó en más de 1.200 condenas por delitos de lesa humanidad y, por el contrario, legitimando a su manera la represión ilegal, pretendiendo victimizar a los responsables de los crímenes más atroces que registra nuestra historia y machando con la ideas de "memoria completa" y "reconciliación de los argentinos".
Cada vez más lejos de las esperanzas de impunidad que la asunción de Victoria Villarruel como vicepresidenta sembró hasta 2023 en los represores y sus apologistas, el gobierno llegó a su tercer Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia enredado en escándalos y daños autoinfligidos, internas feroces y expectativas económicas defraudadas. Nada de eso le impidió, sin embargo, elaborar un material para continuar con uno de los pilares de lo que denomina su "batalla cultural", que no es otra cosa que la negación de los miles de secuestros y asesinatos, los centros clandestinos de tortura y exterminio, los vuelos de la muerte y demás métodos de desaparición de personas aplicados por la última dictadura.
El tercer capítulo de la saga mileísta para intentar ensuciar al movimiento de derechos humanos fue un video de 75 minutos (sic), elaborado por el cineasta gubernamental Santiago Oría y filmado en el salón Blanco de la Casa Rosada. Esta vez no fueron de la partida el ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre ni el panfletista Agustín Laje, sobrino nieto de un torturador de La Perla, como en años anteriores.
El primer testimonio es el de una mujer nacida durante el cautiverio de su mamá en la ESMA y apropiada por un represor del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, con cinco condenas en el haber. La joven, nieta 127 que recuperó su identidad gracias a Abuelas de Plaza de Mayo, reconoce las atrocidades cometidas desde el Estado, admite que a su apropiador le ordenaron cuidarla y no podía negarse, que le mintió a su esposa diciéndole "que iba a ser provisorio" para que la aceptara, pero pese a todo entiende que eligió a quienes considera su familia adoptiva por sobre la biológica.
El segundo es una figurita repetida del micromundo negacionista: Arturo Larrabure, actual asesor del Ministerio de Defensa e hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien fue tomado prisionero por el Ejército Revolucionario del Pueblo y cuyo cuerpo sin vida apareció en un camino en las afueras de Rosario. La organización explicó que se había ahorcado, pero la familia considera que fue asesinado.
El audiovisual se titula "Las víctimas que quisieron esconder", retoma las ideas de "reconciliación" y "dejar atrás el pasado" que usó como muletillas Carlos Menem para dictar los indultos a genocidas apenas asumió su mandato, y desde una voz en off apunta de lleno a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
El guion pasa por alto la masividad y sistematicidad de los miles de crímenes hasta entonces impunes y el reclamo de justicia que desde mediados de los '90 no dejaba de crecer, y sugiere que en 2003 el gobierno de Kirchner "lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del '70 con una visión sesgada y revanchista", según reza la voz en off, que reclama que la historia se conozca "en su totalidad".
El gobierno de Milei no habla de dictadura ni de Estado terrorista sino de un "régimen cívico-militar" a partir del 24 de marzo de 1976. Plantea que "miles de víctimas del accionar estatal (sic), paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar". Como supuesta contracara, afirma que el actual "se dispuso por primera vez a dar vuelta a la página dándole visibilidad a la historia completa".
El locutor presenta entonces a Miriam Poblete Moyano, nacida en cautiverio en la ESMA en junio de 1977 y apropiada ilegalmente por Armando Fernández y su esposa Iris Yolanda Luffi, ambos condenados. El hombre fue oficial inspector del D2 cuyano, el centro de detención, tortura y exterminio más importante del Gran Mendoza, por el que pasaron centenares de presos políticos y secuestrados que continúan desaparecidos. Fernández era enlace entre el jefe de policía y el aparato de inteligencia del Ejército, y por sus delitos durante la dictadura acumula cinco condenas, tres a prisión perpetua, otra a 20 años de prisión y, la más baja, a diez años, justamente por la apropiación ilegal de la nieta 127. Fue también quien a fines de 2024, visiblemente desequilibrado, le gritó "Montoneros hijos de puta" a familiares de víctimas que celebraban la restitución de la identidad del nieto 138. "Viva la 127, la 127", se ufanó de la apropiación.
"Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarse y que nadie me victimice por la situación que viví", dice la mujer de 49 años. Destaca que fue "criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos" y que en la adolescencia empezó a sospechar que no era hija biológica. Luego relata lo que considera su historia: un policía y un militar la llevaron a la casa de Fernández y les pidieron que la cuidaran. "Mi padre (por el apropiador) un poco dudó (sic), pero estando en la fuerza mucho no podías negarte (sic). Y bueno, a mi mamá le mintió (sic), le dijo que iba a ser provisorio", admite ante la cámara. "¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores?", se permite dudar. "Eso no es un negocio, eso es amor", quiere creer.
Luego confunde el proceso penal por los delitos de su apropiador con una supuesta persecución a la familia. "Todos estos años que vivimos en los juicios fuimos catalogados y fuimos presos de cierta forma. Si mi papá (sic) hizo algo, se comprobó, está pagando y está condenado, bárbaro. Pero nosotros no tuvimos la culpa como familia", agrega.
Más adelante reniega de su propio derecho a la identidad y del derecho de su familia biológica a encontrar al ser querido robado y engañado. Considera que fue "obligada" a hacerse un estudio de ADN, dice que se fugó a Chile para intentar evitarlo y denominó "circo doloroso y traumático" al proceso judicial para restituirle su identidad. "Si bien yo reconozco que se cometieron un montón de atrocidades en los 70, de las cuales la historia me pone (sic) como víctima, también considero que no se contó la historia completa", repite el caballito de batalla de los represores y del gobierno.
Larrabure, por su parte, repasa la historia de su padre, considera que fue "torturado" mientras estuvo en manos del ERP y que murió asesinado. "Hoy hay más de 20.000 víctimas (sic) del terrorismo en Argentina que no han tenido reparación ni justicia", cuantifica, y agrega que "es el momento de arriar tantas banderas de lucha y convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación", no aclara en nombre de quién.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dedicó un breve párrafo a los discursos negacionistas de ayer. "Las réplicas a las malas intenciones que tiene el gobierno en cuanto a todo esto que dice que no existió, que no era así, que eran menos… No es solamente como nosotros lo manifestamos, es mucho más todavía", afirmó. Subrayó la importancia de mantener viva la memoria y la lucha: "No hay que aflojar, no hay que aflojar. No hay, no tiene que haber odio así abierto, sino la obligación y la necesidad de no dejar que esto se repita nunca más acá".
Otras voces
Milei se refirió el golpe de Estado en una respuesta a un posteo en la red X y minimizó el gesto de Kichner cuando bajó los cuadros de los dictadores del Colegio Militar. Ante un posteo que elogiaba al ex presidente por esa decisión, escribió que "el coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra", y paradójicamente reivindicó a Alfonsín, a quien durante años no se cansó de denigrar. "En la materia en cuestión, Alfonsín se ha destacado mucho más", lanzó.
Patricia Bullrich, ex militante montonera en los 70, frustrada candidata presidencial en 2023 y reciclada como senadora de La Libertad Avanza, escribió en las redes que "hay algo que no se negocia" y es que "la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas". "La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación", apuntó.
Villarruel, por su parte, cuestionó también la política de derechos humanos que el gobierno se esmera en destrozar. "En las primeras décadas de este siglo hemos vivido el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos cuando en realidad se trató de un uso del pasado con fines cortoplacistas", apuntó. "El pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo buscan sacar partido", disparó.
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