La trampa del “Gatillo”: el plan del Gobierno para licuar salarios universitarios y anular la Ley de Financiamiento
El presidente Javier Milei impulsa un esquema presupuestario que elimina la movilidad por inflación y el blanqueo de adicionales.
Por Natalia López Gómez
Mientras el foco político está puesto en la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei avanza en paralelo con otro frente menos visible:un nuevo proyecto de ley para el financiamiento universitario 2026 que, según la lectura sindical, intenta esquivar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Envalentonado por un Congreso que le resulta favorable, el oficialismo impulsa cambios de fondo en las reglas que sostienen a las universidades públicas.
El punto central del nuevo proyecto del gobierno de Milei es una cláusula gatillo "selectiva". A diferencia de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en octubre pasado, el texto establece que las partidas destinadas a gastos de funcionamiento y hospitales universitarios solo se actualizarán automáticamente si la inflación supera el 14,3% anual.
Ese mecanismo no incluye a los salarios docentes y no docentes. En la práctica, los fondos para sostener edificios y servicios podrían ajustarse bajo esa condición, pero los sueldos del personal quedarían sin una garantía automática frente al IPC.
Salarios: aumentos fijos y paritarias trimestrales
El proyecto modifica el esquema previsto en la Ley N° 27.795, que aseguraba que ninguna recomposición salarial mensual fuera inferior a la inflación.
En su lugar, propone tres incrementos fijos del 4,1% en marzo, julio y septiembre de 2026. No son acumulativos y se calculan sobre los básicos de diciembre de 2025. El total del 12,3% opera como un techo anual.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de las Universidad de Buenos Aires (Aduba), explicó a Página/12 a que la propuesta no compensa la pérdida acumulada. Según el dirigente, establecer paritarias cada tres meses sin un piso inflacionario convierte la negociación en un "monólogo" oficial, donde los aumentos se definen por resolución ministerial.
"Lo que hacen es blanquear que el presupuesto no alcanzaba. Es reconocer que no era acorde a la realidad del funcionamiento universitario", sostuvo.
Becas sin actualización automática
El texto del Gobierno - que apunta a dejar sin efecto la ley aprobada y establecer un nuevo esquema propio- también elimina la fórmula de recomposición prevista para las Becas Progresar y Manuel Belgrano. La normativa vigente exige que se actualicen según la variación acumulada del IPC desde diciembre de 2023.
La nueva redacción suprime ese mecanismo. El valor real de las becas, actualmente fijado en 28.000 pesos, queda atado a la disponibilidad de crédito presupuestario del Ministerio de Capital Humano, sin garantía automática de actualización.
Hospitales universitarios y reconocimiento implícito
El Ejecutivo asignó una partida específica de $80.072.460.000 para el sistema de salud universitario. Para los gremios, ese refuerzo implica admitir que el presupuesto previo resultaba insuficiente para sostener el funcionamiento.
Además, el proyecto prevé la actualización por inflación de los gastos operativos, lo que, según los sindicatos, valida las denuncias de desfinanciamiento que impulsaron las marchas federales.
La jugada legal detrás del proyecto
Para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la referencia debe seguir siendo la ley aprobada el año pasado. "Es la solicitud que se hizo en un acuerdo con todas las universidades y es el resultado de un debate social. Es una ley aprobada", sostuvieron desde la presidencia del CIN ante Página/12.
Desde la conducción de ADUBA no consideran que la iniciativa del Gobierno busque solo un cambio técnico en el presupuesto, sino una "respuesta al conflicto legal que se abrió por no aplicar la ley vigente".
Según explican, al presentar un nuevo esquema que especifica fuentes de financiamiento -como las Jurisdicciones 88 y 91- el Gobierno intenta dejar atrás la Ley 27.795 y reemplazarla por otra norma hecha a su medida. Una que ya no asegura que los salarios se actualicen según la inflación ni mantiene los mecanismos de indexación que el Congreso había establecido.
Para el gremio, la intención es cerrar el frente judicial vinculado a la ejecución de los fondos y evitar posibles sanciones por el manejo de partidas con asignación específica. Hablan de una "salida política" para cambiar las reglas y volver a discutir desde cero.
En paralelo, mientras la atención pública se concentra en otros debates, el nuevo proyecto redefine el financiamiento universitario bajo la lógica del "Déficit Cero".
Así, el conflicto trasciende lo económico; lo que está en juego es la validez de las leyes. El Gobierno busca anular con un nuevo proyecto las garantías que el Congreso ya había blindado con su voto.
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