Lago Escondido: denuncian al juez Walter Lara por el acuerdo secreto entre Milei y Lewis
La legisladora de Río Negro, Magdalena Odarda, denunció a Walter Lara Correa por haber homologado un acuerdo secreto entre Milei y Lewis durante la feria judicial de enero de este año. La maniobra sirvió para ponerle fin a una causa penal que investigaba la compra fraudulenta de 12.000 hectáreas.
La legisladora de la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda, denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez del Contencioso Administrativo Walter Lara Correa por su rol en la homologación judicial de un acuerdo secreto entre Milei y el empresario Joe Lewis que le puso fin a una acción de lesividad que había iniciado el propio Estado en 2023. Para consumar el acto, el juez habilitó la feria judicial durante enero de este año – a pesar de la oposición del fiscal que había descartado la existencia de urgencia -sin permitir el acceso público al expediente. La homologación se mantuvo en la opacidad hasta que El Destape accedió a los documentos del acuerdo secreto.
De acuerdo a la denuncia formulada por Odarda, Lara Correa saltó a la titular del contencioso administrativo federal número 4, Rita María Teresa Ailín, para sellar el acuerdo entre Lewis y Milei que le puso fin a la causa que investigaba la compra fraudulenta de las 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera. Dentro de esa estancia se encuentra la lujosa mansión de Lago Escondido, la misma que hospedó al grupo de jueces, fiscales, funcionarios y directivos del Grupo de Clarín reconocidos (y algunos olvidados) como "Los huemules del lawfare".
"Las tierras involucradas en la acción de lesividad rodean el Lago Escondido, un bien del dominio público cuyo acceso libre y efectivo se encuentra, en los hechos, vedado a la ciudadanía. La homologación cuestionada no sólo extinguió una acción de lesividad relativa a la adquisición de miles de hectáreas ubicadas en una Zona de Seguridad de Frontera, sino que consolidó, al menos en los hechos, la situación dominial de Hidden Lake S.A. sobre las tierras que circundan el lago, mientras la ciudadanía continúa sin contar con un acceso público libre y efectivo al mismo", sostuvo Odarda en su denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
Los Huemules + uno
Walter Lara Correa es otro de los jueces de Lago Escondido. La homologación que le puso fin a la acción de lesividad que había iniciado el propio Estado nacional ocurrió el 14 de enero de este año y su convalidación judicial se dio el 28 del mismo mes. Todo en secreto. El acuerdo llegó dos meses antes de que Milei designase a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y de que enviase al Senado el pliego de Carlos "Coco" Mahiques para que continuase con sus funciones en la Cámara de Casación Penal.
En 2021, Mahiques, Coco, cerró una causa penal que benefició al empresario británico en la que se investigaba la misma compra fraudulenta de las 12.000 hectáreas de Lago Escondido. Un año después de ese primer salvataje, Carlos y Juan Bautista Mahiques (por entonces jefe de los fiscales porteños) formaron parte del grupo de amigos "Los Huemules" del lawfare.
También fueron de la partida –por convicción y pertenencia a ese antro conocido como Comodoro Py- Julián Ercolini, juez federal de primera instancia; Pablo Yadarola (juez en lo penal económico ahora ascendido a la Cámara Federal con acuerdo del PJ que otrora denunció el lawfare); Pablo Cayssials (contencioso administrativo); Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad; Leonardo Bergroth, ex funcionario de la SIDE; Tomás Reinke, asesor en comunicación; y los directivos de Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo. El anfitrión había sido Nicolás Van Ditmar, testaferro de Lewis.
Lara Correa se unió al club de Lago Escondido – sin haber viajado junto a los Huemules- en enero de este año luego de habilitar la feria judicial para homologar el acuerdo entre Milei y Lewis.
"¿Qué circunstancia concreta hacía indispensable que la decisión destinada a extinguir aquella acción (la investigación por la compra fraudulenta de Lago Escondido) fuera adoptada durante la feria judicial, sin esperar siquiera la reanudación de la actividad ordinaria pocos días después?", se preguntó Odarda.
Para la misma fecha, el mismo juez rechazó la apertura de la feria para el análisis de otro expediente, el vinculado al Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la SIDE (DNU 941/2025). En este caso, no encontró ni necesidad ni urgencia de habilitar la feria como sí lo hizo para salvar a Lewis. ¿Se dice doble vara?
Todos los caminos conducen…
Lewis no solo se apoderó de 12.000 hectáreas, un lago para construir una central hidroeléctrica junto a Pampa Energía. También fue dueño de una pista de aterrizaje sobre la costa de Río Negro, administrada por otro de sus testaferros, Nicolás Van Ditmar. Lewis les vendió la pista a capitales de los Emiratos Árabes Unidos.
También se apropió de los caminos para permitir el acceso público al lago, "autorizando" solamente un camino de ripio al cual se llega luego de varios días de travesía y agresiones múltiples del "ejército paralelo" de gauchos al servicio del británico.
La legisladora Magdalena Odarda inició hace muchos años una causa judicial para que se habilitase un camino accesible conocido como Tacuifí. Luego de varias resoluciones que obligaban a Lewis a abrir ese camino, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó esas autorizaciones y Odarda presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Con la denuncia a Walter Lara ante el Consejo de la Magistratura, vinculó el expediente por el acceso al lago y la compra fraudulenta ocurrida en 1996.
"La presente denuncia se funda en las graves circunstancias e irregularidades que corresponde investigar en torno a la homologación, durante la feria judicial de enero de 2026, de un acuerdo conciliatorio celebrado entre el Estado Nacional y Hidden Lake S.A. La gravedad de lo ocurrido se intensifica al considerar que el libre acceso al Lago Escondido se encuentra actualmente vedado en los hechos, situación que lleva más de veinte años judicializada sin haber alcanzado todavía una solución efectiva y cuya causa tramita actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un conflicto de altísimo interés público, pues involucra el acceso y goce de un lago de dominio público y compromete derechos de raigambre constitucional vinculados con el ambiente y el acceso al agua", concluyó Odarda.
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