Legislatura porteña: rechazan el protocolo punitivista en escuelas y piden frenar el cierre de profesorados
La oposición presentó proyectos para evitar la eliminación de dos carreras del Joaquín V. González y para repudiar la iniciativa que ordena la denuncia de estudiantes dentro de edificios escolares.
Por Martín Suárez
Bajo la gestión de Jorge Macri, las escuelas no solo atraviesan el ajuste más profundo de los últimos 20 años. Ahora también, tras la presentación de un nuevo protocolo, serán utilizadas como la antesala al encarcelamiento de menores por haber cometido un supuesto delito.
En ese sentido, las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi, del bloque PO-Frente de Izquierda, presentaron dos proyectos en el parlamento porteño: uno de declaración de rechazo a la decisión del gobierno de Macri de suspender las inscripciones a las carreras de los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Instituto "Dr. Joaquín V. González", y otro para repudiar los "Lineamientos Generales sobre el Impacto del Régimen Penal Juvenil en el Ámbito Educativo".
Este último proyecto busca crear las condiciones para poder eliminar el "Procedimiento de actuación en el ámbito educativo ante hechos con posible relevancia penal", que fue publicado por el Ministerio de Educación porteño.
El documento presentado en la Legislatura advierte que este protocolo refuerza una orientación punitivista y coloca en las conducciones escolares la obligación de activar una denuncia por la posible existencia de un hecho punible que ellas mismas no están facultadas para determinar.
Asimismo, la iniciativa asegura que el protocolo de Jorge Macri y Mercedes Miguel establece "pautas y circuitos contradictorios con los protocolos vigentes para el ámbito educativo, en torno a los conflictos de convivencia escolar y la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, dando paso a la intervención de autoridades policiales y/o jurídicas ante lo que pueda ser considerado como un hecho que encuadre como un delito".
Entre los fundamentos del proyecto, las legisladoras destacan que "bajo el pretexto de adecuar las normas escolares al nuevo marco legal, se instala un verdadero protocolo de persecución y criminalización que vulnera principios pedagógicos y derechos esenciales de los estudiantes, además de ser contradictorios con los actuales protocolos para defenderse ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes".
Por último, advierten que el protocolo que se quiere imponer establece un circuito burocrático-penal que convierte situaciones inherentes a la convivencia escolar y a la vida cotidiana de las escuelas en causas judiciales o delictivas: "De este modo, dinámicas formativas o disciplinarias que hasta hoy eran abordadas en el marco del sistema educativo y mediante herramientas pedagógicas e interdisciplinarias, son derivadas de forma paralela y compulsiva a la vía penal."
Respecto al cierre a la inscripción de carreras, el documento presentado tiene por objeto expresar el firme rechazo a la Notificación N° NO-2026-42646546-GCABA-DGSFD del Gobierno de la Ciudad, por el cual las autoridades educativas comunicaron formalmente la suspensión de la inscripción al primer año correspondiente al ciclo lectivo 2027 en los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Instituto Superior de Profesorado "Dr. Joaquín V. González".
Para las legisladoras, esta resolución implica el cuestionamiento progresivo de dos carreras históricas con más de 50 años de trayectoria pedagógica e institucional. El argumento oficial enarbolado por la gestión encabezada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la Ministra de Educación, Mercedes Miguel, apela a una presunta baja en la matrícula de inscriptos. Sin embargo, se omite de forma deliberada que las ofertas de formación docente de Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas que se dictan en el Instituto «Dr. Joaquín V. González» son únicas en todo el ámbito de la Ciudad.
"Cerrar el ingreso a estas carreras equivale a clausurar de manera absoluta la posibilidad de formación superior pública y gratuita en estas disciplinas. A la vez que implica la baja de cargos y el cese de docentes que se desempeñan en dichas carreras", destaca.
Vaciamiento profundo en la educación porteña
El mismo documento presentado en la Legislatura porteña, recuerda que el cierre de profesorados del Joaquín V. González no es una medida aislada sino que forma parte de una política de vaciamiento con recortes, reestructuraciones e intentos de ajuste sobre los institutos de formación superior del sistema educativo estatal.
Entre otro institutos afectados destaca: la suspensión de comisiones e inscripciones previa en profesorados de otros establecimientos -como el Profesorado de Física en el IES «Alicia Moreau de Justo» y el Profesorado de Lengua y Literatura en el IES «Mariano Acosta»-; los continuos intentos de desmantelamiento de postítulos y especializaciones, como el intento de cierre de la especialización en Educación Sexual Integral (ESI) en el propio Joaquín V. González a inicios del corriente año; el cierre de comisiones en los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) —tales como el IFTS N° 13 y el ISTRyL entre otros-; y el intento de traslado compulsivo y de fusión de institutos de formación docente.
A la vez las diversos sectores de la comunidad educativa denuncian que el gobierno porteño desde la creación de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UniCABA), ha concentrado de manera casi exclusiva los recursos publicitarios e institucionales en promocionar la oferta de esa casa de estudios, invisibilizando sistemáticamente la inscripción en los 29 institutos de formación docente de la ciudad.
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