Ley de tierras: además de la extranjerización, el Gobierno pretende acelerar procesos de desalojo contra inquilinos

Con la Ley de Tierras, el oficialismo también busca acelerar y facilitar los desalojos. Advierten que la medida solo beneficia al mercado inmobiliario y preparan una movilización masiva al Congreso.

Por SANTIAGO BALLATORE NISENBAUM 

Cuando el Gobierno Nacional difundió hace unos meses los proyectos elaborados por el Consejo de Mayo, distintos grupos advirtieron que, además del remate de las tierras argentinas a extranjeros, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada atentaba contra los derechos de los inquilinos, ya asfixiados por las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Cuando se hicieron esas advertencias, la iniciativa todavía esperaba su turno en el Congreso. Ahora, tras un dictamen que introdujo cambios respecto de la versión original y después de que el propio oficialismo postergara el debate, la ley está en condiciones de tratarse el próximo jueves en el Senado y, por eso, se prepara una movilización al Congreso para frenarla.

El Capítulo II del proyecto modifica el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo. De aprobarse, todos los juicios por falta de pago, intrusión o toma de un inmueble pasarán a tramitarse por juicio sumarísimo, el procedimiento más breve que prevé el sistema judicial argentino.

Los desalojos exprés: qué dice el proyecto y la respuesta de Inquilinos Agrupados

El texto incorpora un nuevo artículo al Código Civil y Comercial que obliga al propietario a intimar el pago de la deuda con un mínimo de diez días corridos antes de iniciar la demanda, un plazo que en el proyecto original era de apenas tres días y que recién se extendió durante el debate en comisiones. Vencido ese plazo, el propietario puede pedir la desocupación inmediata bajo "caución juratoria", sin necesidad de una garantía real, y en los juicios por falta de pago o vencimiento de contrato solo se admite prueba documental y pericial, lo que reduce las herramientas de defensa del inquilino.

La orden judicial, a su vez, autoriza al oficial de ese Poder del Estado a recurrir a la fuerza pública, allanar el domicilio y forzar cerraduras aun cuando la vivienda esté desocupada, y habilita a ejecutar el desalojo en días y horarios inhábiles. La única salvedad prevista es cuando se acredite la presencia de menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, el juez debe dar intervención a los organismos de protección y otorgar hasta diez días para una alternativa habitacional, sin que eso frene el resto del proceso.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, viene advirtiendo desde hace meses que esta reforma no tiene antecedentes en la región por lo poco que protege a quien alquila. Consultado por El Destape de cara al tratamiento del próximo jueves, ubicó la reforma dentro de un proceso histórico.

"El capítulo 2 de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada es una modificación al Código Civil. La última de ese tipo fue en octubre de 2001: en plena crisis, el gobierno de De la Rúa, con Sturzenegger como funcionario del Ministerio de Economía, le vendió a los medios el 'desalojo exprés'. Hoy, 25 años después, y habiendo derogado el control de precios de los alquileres con el DNU 70/2023, vuelven a avanzar sobre el Código Civil para acelerar todavía más el desalojo, quitándonos toda garantía para la defensa", aseguró.

"Primero nos entregan al mercado inmobiliario, después llevan adelante un plan económico que transfiere el salario de los inquilinos a los dueños de las viviendas y, por último, si nos atrasamos en el pago del alquiler, nos desalojan en 72 horas. El 6 de agosto tenemos que salir a la calle contra el proyecto de los dueños de la Argentina", agregó Muñoz.

El Gobierno Nacional difundió los proyectos de ley elaborados por el Consejo de Mayo en los últimos meses de 2025: algunos de ellos fueron tratados en el período de sesiones extraordinarias de diciembre y otros debieron esperar el comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso. La ley de "inviolabilidad a la propiedad privada" entró en ese último grupo pero, a pesar del tiempo que pasó hasta su tratamiento, quedó claro desde el primer momento que los especuladores del sector inmobiliario son uno de los grandes grupos beneficiados.

La iniciativa incluye varios cambios a las legislaciones actuales para facilitar los desalojos, dándole nuevas atribuciones a las fuerzas de seguridad y acortando plazos. Pero uno de los apartados que más preocupó a los especialistas en aquel momento fue el que modificaba el régimen que regula el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), cuyo objetivo debería ser el uso social de las viviendas incluidas en el programa estatal. El proyecto establecía que, después de la primera adjudicación de las viviendas regularizadas como vivienda única y familiar, las ventas y transferencias posteriores "podrán celebrarse a cualquier persona humana y/o jurídica, y sin limitación alguna en relación al fin y/o destino que el nuevo propietario decida darle".

Sin embargo, ese artículo puntual sobre el Renabap no forma parte del texto que obtuvo dictamen y que se debate este jueves. Pero su salida del articulado no cambia el diagnóstico de fondo, sino que lo confirma desde otro ángulo: la ley conserva y profundiza otras herramientas para correr al Estado y a las organizaciones sociales del medio y despejarle el camino al mercado, esta vez a costa de los inquilinos.

Marcha al Congreso

Desde que se supo la fecha en la que podría tener media sanción la iniciativa de los libertarios, organizaciones de inquilinos, de defensa de los recursos naturales, sindicatos y dirigentes políticos convocaron a movilizarse al Congreso de la Nación. "El 6 de agosto todos a las calles contra los desalojos y la extranjerización de la tierra", tuiteó Inquilinos Agrupados. 

También convocaron a marchar dirigentes de la oposición, como el legislador porteño de Es Ahora Buenos Aires Leandro Santoro. "Ya no hay excusa, argentinos. Este 6 de agosto nos vemos en el Congreso para frenar esta locura", expresó Santoro en un video que compartió en sus redes sociales.

Detrás de la extranjerización de la tierra, y como si no fuera suficiente la eliminación del porcentaje de territorio nacional que puede estar en manos de empresarios de otros países, el Gobierno ataca también a quienes tienen que alquilar para tener un techo en medio de una de las crisis económicas más brutales de la historia de la Argentina, con un ajuste sin precedentes y un presidente que se regocija de él. Lo que suceda el 6 de agosto en el Senado no es una cuestión que exceda al ciudadano de a pie; al contrario, si la ley obtiene media sanción y después es confirmada por la Cámara de Diputados, las vidas de los argentinos cambiarán de un momento a otro. 

Fuente:

https://www.eldestapeweb.com/politica/inquilinos-otra-victima-ley-tierras-milei-2026830547