Ley de Tierras: pequeños agricultores alertan que puede destruir la soberanía alimentaria
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Tierras Rurales y habilitar la compra irrestricta por capitales extranjeros. Organizaciones campesinas e indígenas y referentes ambientalistas advierten que la medida acelera desalojos, concentra las tierras en manos corporativas y pone en riesgo la soberanía alimentaria y los bienes comunes.
Por GIMENA FIGUEROA
El gobierno de Javier Milei avanza con la derogación de la Ley de Tierras Rurales (26.737), con el argumento de que las restricciones a la compra de tierras por extranjeros desincentivan la inversión. La iniciativa, presentada como "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", se tratará en el Senado. Organizaciones sociales y campesinas advirtieron que el proyecto amenaza la producción de alimentos, la diversidad territorial y la soberanía nacional. Además, señalaron que la eliminación de límites favorece la concentración y acelerar desalojos a campesinos y pequeños productores. En paralelo, pueblos originarios denunciaron que se profundiza la inseguridad jurídica sobre territorios ancestrales.
Actualmente, según datos del Censo Agropecuario, el 63,7 % de las explotaciones son de pequeños productores, pero ocupan sólo el 13,4 % de la superficie. Es decir que el 60 por ciento de los alimentos frescos que se consumen en las mesas argentinas son producidos por las familias pequeñas productoras, según cifras oficiales. No obstante, el 75 por ciento de ellas no son dueñas de las tierras en las que trabajan.
Los pequeños productores producen la mayor parte de los alimentos consumidos a nivel nacional, pero las tierras no les pertenecen o se encuentran bajo irregularidades.
Desalojos de campesinos
Ante este panorama, ahora, el proyecto que lleva la firma del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Civil para acelerar desalojos, limita la capacidad del Estado de expropiar tierras y deroga artículos de la Ley de Manejo del Fuego. Para organizaciones de pequeños productores y campesinos esto otorga más poder a quienes poseen la tierra pero no la trabajan y quita cualquier posibilidad de seguir ejerciendo la soberanía nacional sobre las tierras como también nuevos corrimientos de los territorios campesinos e indígenas por parte de corporaciones transnacionales.
Para Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el problema no es solo la aceleración de los procesos judiciales, sino la legitimación de una deuda histórica con comunidades campesinas e indígenas que nunca pudieron regularizar sus tierras. "Hay una deuda histórica con los sectores originarios y campesinos, que se ha trabado mucho en la posibilidad de regularización dominial. Algunas comunidades tienen títulos, pero un montón no. Y esto estamos hablando de todos los gobiernos", señaló. En su análisis, el peligro radica en que la nueva normativa habilita a terratenientes y corporaciones a reclamar tierras con papeles dudosos y obtener desalojos en plazos breves, lo que profundiza la inseguridad jurídica de quienes producen alimentos.
Levaggi advirtió que este proceso no solo afecta a las comunidades rurales, sino que también repercute en el acceso a la vivienda y en la planificación de la producción de cercanía. "En vez de avanzar en el acceso a la tierra para pequeños productores, ahora se la queremos vender a los extranjeros", resumió y remarcó el contraste entre un modelo que expulsa y concentra y otro que debería garantizar diversidad, arraigo y soberanía alimentaria.
La iniciativa oficialista habilita desalojos en plazos breves y genera un impacto directo tanto en el acceso a la vivienda como en los medios de producción. Este eje resulta especialmente peligroso porque acelera los procesos judiciales y permite que, en tiempo récord, se dicten órdenes de desalojo en el campo y en las ciudades.
Asimismo, la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que antes contemplaba la entrega de títulos comunitarios y un ordenamiento distinto del territorio, dejó a las comunidades sin herramientas de defensa. La consecuencia es clara: se desbalancea la cuestión jurídica en favor de los grandes propietarios y en detrimento de quienes alquilan, producen alimentos o habitan ancestralmente esas tierras. En este nuevo escenario, la tierra deja de ser un bien común con función social y se convierte en un activo financiero, lo que profundiza la vulnerabilidad de campesinos e indígenas frente al avance de corporaciones y terratenientes.
Sobre esto, la investigadora de Tierra Nativa, organización argentina de Amigos de la Tierra Internacional, Giuliana Alderete, remarcó que el desafío para los pequeños productores no es solamente conservar la tierra que ya poseen, sino también mantener posibilidades reales de acceder a nuevas superficies, ampliar sus explotaciones o sostener su actividad frente al aumento del valor de la tierra", agregó. Mientras que una familia productora suele acceder al mercado mediante créditos limitados o la compra gradual de pequeñas parcelas, las operaciones de gran escala son realizadas por actores con capacidades financieras muy superiores. Por eso, la preocupación no se limita a la propiedad de la tierra, sino también a las condiciones de competencia dentro del mercado de tierras rurales.
Fin de la soberanía y precios de alimentos
Otro punto de este proyecto es la concentración de tierras en manos de corporaciones que alinearía precios locales con internacionales, según los referentes. Para Levaggi, la extranjerización y concentración de tierras no solo significan el despojo de comunidades campesinas e indígenas, sino también el inicio de un proceso que pone en riesgo la soberanía alimentaria del país. "Toda tierra extranjerizada puesta en función atenta contra la producción de alimentos; cada metro perdido es un metro menos de posibilidad de producción de alimento también para el futuro", advirtió.
El dirigente de la UTT explicó que, al desaparecer los pequeños productores y tambos, se pierde diversidad y cercanía en la oferta, lo que encarece los precios y somete a la sociedad a la lógica de las corporaciones. "Si vos no tenés primero una producción de alimentos diversa, sino grandes extensiones de monocultivo, desaparecen los pequeños productores y lo que tenés son grandes empresas concentradas que te manejan el precio", señaló.
En su mirada, el fin de la soberanía alimentaria se traduce en alimentos más caros, producidos bajo un paquete tecnológico dependiente de agrotóxicos y con precios alineados al mercado internacional. "Mientras menos soberanía tengamos en la producción de alimento, más dependemos de las grandes corporaciones para alimentarnos a precio dólar", resumió y recordó que en Chacabuco ya no se produce verdura local. "Toda la verdura se trae del Gran La Plata", dijo y apuntó que implica mayores costos y dependencia de grandes empresas.
Desde la UTT plantean la necesidad de miles de pequeños productores. "Necesitamos más campesinos para tener diversidad de alimentos", sostuvo Levaggi. La discusión central es el destino de la tierra. "¿Para producir alimentos o para poderes concentrados?", cuestionó Levaggi que apuntó que la explotación de soja se asemeja a una minería que agota recursos. A esto la referente de Tierra Viva planteó que la pregunta, entonces, no es solamente quién puede comprar tierra sino es qué herramientas conserva el Estado para garantizar que el desarrollo económico sea compatible con la producción de alimentos, las economías regionales, la protección de los bienes comunes y los derechos de quienes habitan esos territorios.
Además, enfatizó que el mercado de tierras no significa impedir las inversiones significa establecer reglas que permitan compatibilizar la inversión con la protección de un bien estratégico como la tierra, del que dependen la producción de alimentos, el acceso al agua, las economías regionales y las formas de vida de comunidades que habitan esos territorios desde hace generaciones. Ese es el verdadero desafío del debate.
Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, advirtió que la discusión sobre el proyecto "no se puede circunscribir a quién es el dueño de la tierra", sino que la pregunta central debería ser "quién tiene la capacidad de decidir sobre los territorios, quién define qué se produce, cómo se produce y para quién se produce". Asimismo, subrayó que "la tierra no puede ser una mercancía más", porque no es solo un activo económico, sino la base de los sistemas alimentarios, la biodiversidad y la vida de los pueblos.
La especialista planteó que el análisis debe hacerse también desde la perspectiva del derecho a la alimentación y de la salud pública, ya que "lo que ocurre con la tierra termina impactando sobre qué alimentos llegan a nuestras mesas, quiénes los producen y bajo qué condiciones ambientales y sociales". Graciano advirtió que la soberanía alimentaria requiere fortalecer la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus sistemas alimentarios y garantizar el acceso y permanencia de quienes producen los alimentos en la tierra. "Hoy lo que tenemos es un contexto de debilitamiento, derogación y eliminación de políticas públicas que protegían la agricultura familiar, campesina e indígena, y este proyecto podría agravar aún más la situación", alertó.
En la misma sintonía, recordó que figuras como Miryam Gorban plantean la necesidad de discutir una reforma agraria. "No se trata de pensar en términos binarios -inversión versus producción, extranjeros comprando tierra versus campesinos produciendo alimentos-, sino de preguntarnos qué tipo de desarrollo rural queremos y qué lugar ocupa la alimentación de nuestra población en ese proyecto", explicó.
Finalmente, advirtió que un proceso de concentración y extranjerización de la tierra podría derivar en el desplazamiento de productores y en la pérdida de conocimientos, semillas, cultura alimentaria, circuitos locales de abastecimiento y biodiversidad. "La tierra también es territorio, alimento, biodiversidad y cultura. Con la extranjerización lo que perdemos, en definitiva, es soberanía", concluyó.
La extranjerización de tierras y los proyectos mineros y recursos hídricos estratégicos
Alderete sostuvo que "la discusión es también sobre el control del agua", al analizar los casos de Catamarca donde más del 80% de las explotaciones agropecuarias corresponden a pequeños productores, lo que muestra la centralidad de la agricultura familiar en provincias periféricas. La referente ambiental advirtió que "en zonas áridas como Catamarca, la producción depende también del acceso al agua, a las vegas altoandinas, a los caminos rurales y a las áreas de pastoreo", explicó y detalló que entonces cuando aumentan las presiones sobre estos bienes comunes, el impacto sobre las familias campesinas es mucho mayor que una simple modificación registral.
También explicó que el promedio nacional de tierras extranjerizadas puede ocultar realidades territoriales muy diferentes: departamentos como Tinogasta presentan niveles de titularidad extranjera muy superiores al promedio, coincidiendo con recursos hídricos estratégicos, proyectos mineros y comunidades rurales.
En ese escenario, la discusión ya no gira únicamente en torno a la propiedad de la tierra, sino también al control de bienes comunes fundamentales para la vida, como el agua y los territorios de uso comunitario. "Hablar de tierra implica hablar también de territorio y de las condiciones materiales que hacen posible la vida", insistió Alderete.
En medio de este debate, los referentes coincidieron en que la extranjerización de tierras es un proceso que impacta directamente en el futuro de la alimentación, el ambiente y la vida comunitaria. La pregunta que queda abierta es la que planteó Alderete: "¿Qué herramientas conserva el Estado para garantizar que el desarrollo económico sea compatible con la producción de alimentos, la protección de los bienes comunes y los derechos de quienes habitan esos territorios?".
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