Milei abre otro frente de la mano de Virginia Gallardo: modificar el Código Penal
La iniciativa busca que los crímenes con prisión perpetua nunca prescriban y eleva los topes de cárcel para los abusos sexuales. Los detalles de la propuesta parlamentaria.
El Gobierno da un paso más en su batalla cultural y tras comprobar que la agenda de mano dura les reditúa en las encuestas, presentó un proyecto para modificar el Código Penal y aumentar las penas ante ciertos delitos. El texto es de autoría de la diputada Virginia Gallardo y cuenta con el respaldo de la libertaria (ex PRO) Laura Rodríguez Machado y Martín Menem, quien diseña el giro a las comisiones para que comience el debate antes de fin de mes en la cámara que conduce.
La decisión de tomar este camino se había definido la semana pasada en la reunión de la mesa política, tras evaluar como redituable la avanzada contra la jueza Laura de Marinis. Este proyecto propone modificar dos grandes aspectos del Código Penal: por un lado, los delitos contra la integridad sexual y, por otro, la prescripción de delitos y penas. "Busca fortalecer la coherencia interna del Código Penal, asegurar una respuesta estatal efectiva frente a los hechos de mayor gravedad y proporcionar reglas más claras para la actuación de jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia", señala en sus considerandos.
Los crímenes con prisión perpetua pasan a ser imprescriptibles de aprobarse este proyecto. Hoy la acción penal por esas violaciones a la ley prescriben luego de transcurridos 15 años y una sentencia de prisión perpetua prescribe a los 20 años. Se argumenta que los plazos actuales pueden resultar demasiado breves para investigaciones que requieren tiempo dada su complejidad. "Hay delitos frente a los cuales el paso del tiempo no puede convertirse, por sí solo, en una respuesta del Estado. Cuando estamos ante los hechos más graves que contempla nuestro Código Penal, la sociedad espera que el Estado conserve la capacidad de investigar, juzgar y, cuando corresponda, ejecutar una condena", redactó la ex panelista de Polémica en el Bar.
Para los delitos con prisión temporal, la acción en la actualidad prescribe una vez transcurrido el máximo de la pena, con un techo de 12 años y un piso de 2 años. En cambio el proyecto mantiene el mecanismo pero eleva el techo de 12 a 15 años. Las inhabilitaciones también aumentan. La prescripción en estos casos pasa de 1 a 3 años según el proyecto. Es decir, si un funcionario comete un delito cuya única sanción es la imposibilidad de ejercer cargos públicos, el Estado tiene hasta 3 años para que prescriba.
La declaración de rebeldía -que se produce cuando el imputado se fuga- también interrumpe el plazo para computar una prescripción. Lo mismo ocurre ante un pedido de extradición cuando el acusado es buscado en otro país. Estos puntos se fundamentan en que es necesario aclarar las reglas de la prescripción en general y cómo determinar el cálculo.
Además hay todo un capítulo dedicado a incrementar las condenas para los delitos sexuales. Por ejemplo, el abuso sexual básico sin agravantes aumenta del techo de 4 años actuales a los 6 años de prisión. El gravemente ultrajante se incrementa hasta los 14 años de cárcel y el abuso con acceso carnal llega a los 20 años. La diputada sostiene que estos delitos pueden producir consecuencias físicas, psíquicas y sexuales que se proyectan mucho más allá del momento en que ocurrió el hecho. Por eso plantea aumentar los máximos de las penas de manera que los jueces tengan un margen mayor para individualizar la sanción según la gravedad concreta de cada caso.
Gallardo señala que se busca así evitar que el paso del tiempo impida hacer justicia y que no debería eliminarse definitivamente la posibilidad de que el Estado investigue, juzgue y, eventualmente, ejecute una condena. "Cuando se trata de delitos contra la integridad sexual, las consecuencias pueden proyectarse mucho más allá del momento en que ocurre el hecho."
Pesé a ser un proyecto de La Libertad Avanza, cuenta con el respaldo de figuras clave de otras bancadas, como la radical Pamela Verasay y Gladys Medina de Independencia. En el peronismo recordaron que ya se han presentado proyectos semejantes en el Congreso y contrastaron que el Gobierno "había designado a Hernán Ravier como vocero para 'resaltar los logros económicos' y ahora lo único que hacen es batalla cultural". En la oposición no justicialista calificaron a la iniciativa como "fondo de olla" en la búsqueda de introducir a la sociedad en la discusión punitiva. "¿Tanto apuro tienen?", se preguntó un diputado al conocer que quieren llevar este texto a debatir antes que termine el mes en curso.
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