Milei contra la Argentina contenciosa
¿Javier Milei anuló la lucha de clases? ¿Logró finalmente domar a la Argentina contenciosa? ¿Terminó con la conflictividad que está en el ADN de nuestra sociedad? ¿Acabó con el país de la movilización permanente y de un fuerte movimiento obrero organizado?
Por Fernando Rosso
Si nos atenemos a la mayoría de los análisis políticos, la respuesta sería afirmativa. En un año con una maratón electoral interminable, el debate está dominado estrictamente por los resultados de las urnas, como si la política girara en el vacío. Si nos basáramos en los movimientos de las dirigencias nacionales de los sindicatos (y especialmente de la CGT) también habría que dar por cerrada la era del conflicto: en el año y medio de administración libertaria, la dirigencia sindical dosificó las medidas de fuerza, como los paros generales, hasta el punto de casi negarles su potencialidad (que de todos modos se evidenció las pocas veces que se concretaron). Finalmente, si fuera por lo que el gobierno anuncia en los papeles, deberíamos constatar que el sueño "thatcherista" del mileísmo ya se hizo realidad: la sociedad no existe (mucho menos la acción colectiva), sólo existen los individuos.
A fines de mayo, Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (340/25) en el que, a propósito de la regulación de la actividad de la marina mercante (sic), retomó el apartado laboral del Decreto Bases para la Reconstrucción, emitido al comienzo de su mandato, que limitaba el derecho a huelga para casi todos los trabajadores del país. El decreto original preveía restricciones al derecho de huelga bajo la figura de "servicios esenciales" y "actividades de importancia trascendental". En el primer caso, imponía una prestación mínima del 75%; en el segundo, del 50%. El capítulo laboral de aquel decreto fue suspendido por una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El Artículo 3 del nuevo decreto repuso literalmente la parte laboral e hizo extensivo el carácter "esencial" o "trascendental" a un espectro tan amplio de actividades que prácticamente ninguna se quedó afuera: desde un mozo de un bar hasta un obrero metalúrgico, desde una docente hasta una conductora de radio deberían olvidarse de las huelgas.
Sin embargo, más allá de las interpretaciones o de la narrativa que quiere imponer el gobierno sobre el avance real de su proyecto económico, social y político, una mirada capilar –por abajo– permite vislumbrar que hay amplias franjas de trabajadores que protagonizan todos los días escenas de resistencia.
El ejemplo más conocido son los jubilados que se movilizan cada miércoles frente al Congreso Nacional, donde están engendrando las futuras "Norma Plá" de este menemismo comprimido que encarna Milei. Protagonizaron marchas chicas, medianas y multitudinarias, hasta ahora siempre con la misma respuesta: palos, gases y balas de goma para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes. Es la más tristemente vistosa resistencia al programa económico del gobierno, pero no es la única.
El mundo sindical parece despertarse. Si la baja relativa de la inflación, luego de la devaluación del inicio de la gestión, había permitido cierta recuperación salarial en el sector privado formal durante 2024, a inicios de este año el gobierno nacional se puso más firme con el tope a las negociaciones paritarias como ancla de la inflación. En la licuación de los ingresos (jubilaciones y salarios) y el dólar "pisado" (tipo de cambio bajo) habilitado por el megaendeudamiento se encuentra el secreto de la Coca-Cola de la desinflación mileísta.
Si bien, en general, todos los trabajadores perdieron contra la inflación, hubo sectores que perdieron más que otros. Los jubilados, los empleados públicos y el precariado se encontraron entre los más afectados. Las paritarias del sector privado formal vinieron corriendo desde atrás a la inflación, pero durante gran parte de la gestión Milei lograron seguirla un poco más de cerca. Ahora, en la ronda de negociaciones de 2025, el gobierno se propuso terminar con ese "privilegio".
Comercio y colectivos, casos testigo
La primera pulseada tuvo como protagonista al gremio de comercio. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras que agrupan a los empresarios del sector acordaron un aumento trimestral del 5,4%, distribuido de la siguiente manera: 1,9% en abril (más una suma fija de $35.000); 1,8% en mayo (más una suma fija de $40.000) y 1,7% en junio (más una suma fija de $40.000). El salario promedio de un empleado de comercio es de poco más de un millón de pesos.
La Secretaría de Trabajo, que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se negó a homologar el aumento y llamó a las partes a revisarlo porque superaba el techo mensual del 1% al que aspira el gobierno. Recordemos que el sindicato de comercio agrupa a 1.200.000 trabajadores, 20% del total de los ocupados en el sector privado formal. Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, están convencidos de que los salarios son inflacionarios. Por lo tanto, permitir que esa importante masa de trabajadores disponga de un poco más de ingresos en sus bolsillos conspiraría contra el proceso desinflacionario en curso. La disputa en comercio produjo escenas extrañas: Armando Cavalieri, histórico secretario general del sindicato, adoptó una pose combativa e hizo declaraciones antigubernamentales rechazando la intromisión en las paritarias; incluso puso al gremio en estado de alerta y movilización. Toda una rareza para un sindicato y una dirigencia que siempre mantuvieron la mayor distancia posible con el conflicto.
Muchos colectiveros tienen que salir a manejar un auto luego de una jornada de trabajo para complementar los bajos salarios.
La otra escena –también bastante poco común– se produjo el 6 de mayo, cuando la Unión Tranviarios Automotor (UTA) concretó un paro de choferes de colectivos que afectó a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires y a las ciudades más importantes del interior del país. La convocatoria sorprendió porque Roberto Fernández, secretario general del sindicato, se caracteriza por un "vandorismo de autor". Si el vandorismo clásico ordenaba que había que "golpear para negociar", Fernández lo traduce como "amenazar para levantar". En casi todos los casos de la historia reciente, la UTA anunció paros que fueron suspendidos horas antes de llevarse a cabo. Pero no fue lo que sucedió con la última huelga. Con un salario promedio de $1.200.000, la situación de los choferes se había tornado insostenible. La medida se construyó desde abajo: trabajadores autoconvocados y cuerpos de delegados no alineados con la conducción (como los de la legendaria Línea 60) se transformaron en la voz del malestar del conjunto de los choferes. En los piquetes que se llevaron adelante el día del paro se conocieron los malabares que hacen los trabajadores para llegar a fin de mes: muchos terminan su jornada de 8 o 10 horas arriba del colectivo y se suben a un auto para trabajar algunas horas más en alguna aplicación de traslado de personas.
Fernández, finalmente, firmó un acuerdo bastante alineado con lo que pide el gobierno, que fue rechazado por los cuerpos de delegados de unas 40 líneas de colectivos, entre ellas la 60 y la Empresa del Oeste, entre otras. La disputa sigue abierta.
Manual del maestro bonaerense
Si los choferes tienen que salir a manejar un auto luego de una jornada de trabajo para complementar los bajos salarios, una imagen que se repite en muchas salas de profesores de las escuelas públicas es la de maestras que venden productos de Natura, ropa y otros artículos. Los sueldos devastados fueron la base que empujó a la primera huelga contundente en la Provincia de Buenos Aires, que enfrentó directamente al gobernador Axel Kicillof el martes 20 de mayo. No sólo fue contra el gobierno provincial, sino también contra el acuerdo paritario de 10% –en cuotas– que firmó la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) que comanda Roberto Baradel.
El paro alcanzó un alto acatamiento a pesar de las amenazas de descuento del gobierno y la conciliación obligatoria dictada por el ministro de Trabajo, Walter Correa, un hombre que proviene del sindicalismo (fue secretario general del gremio de curtidores). La Federación de Educadores Bonaerenses desconoció la conciliación y convocó a la medida, a la que se sumó la oposición del Suteba. El paro fue masivo. En el distrito más grande de la provincia, La Matanza, se registró más de 80% de acatamiento. En la región de La Plata y Berisso también fue muy fuerte, llegando a 95% en Ensenada. En ciudades tan dispares como Tres Arroyos, Mar del Plata o Bahía Blanca la medida fue contundente. En toda la Zona Norte, Tigre, San Martín y Campana –región afectada, además, por un violento temporal–, el paro fue enorme.
Todos los fuegos, el fuego
Romina trabaja hace 15 años en la fábrica BGH de Tierra del Fuego. Participa de un piquete frente a la planta con dos fuegos: el que se puede ver de fondo y el que lleva por dentro. Mira a la cámara y explica: "Lo primero que hay que aclarar es el proceso productivo que se hace acá en la fábrica. Nadie lo supo explicar. Repiten como loros todas las huevadas que dicen en la tele. Acá no pegamos etiquetas. Acá hacemos las placas desde cero: se va a automática, se insertan en las máquinas, después pasa a un proceso de inserción manual donde hay un montón de trabajadores y trabajadoras. Después pasa al proceso de la línea, donde se hace todo el ensamble del televisor. No se ponen tornillos y nada más, ni se pegan etiquetas ni se pasa de una caja a otra como dicen todos", explica desde la mirada obrera al cuestionado régimen de promoción.
El gobierno de Milei anunció una serie de medidas que afectan la producción en la isla y que puso en riesgo entre 8 y 10 mil puestos de trabajo. El objetivo final sería eliminar el régimen de promoción industrial establecido durante el gobierno de Agustín Lanusse para poblar una zona con fuerte importancia geopolítica (en la frontera con Chile y cercana a la Antártida). Gracias a estos beneficios, grandes grupos económicos como Mirgor y Newsan aprovecharon las ventajas para montar fábricas de electrodomésticos y celulares, además de plantas textiles. El régimen otorga diferentes beneficios impositivos a las empresas. El argumento de Milei es que esto implica un gasto tributario muy grande que no se condice con el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, que encarece el precio de los productos finales y que resulta muy deficitario en dólares. Como adelanto, anunció la eliminación de los aranceles a la importación de celulares.
Desde ese momento, los empresarios empezaron a negociar con el gobierno, igual que las autoridades políticas fueguinas. Los metalúrgicos, por el contrario, llamaron a una huelga por tiempo indefinido. La UOM Río Grande asegura que está en juego "la soberanía, los puestos de trabajo y los derechos laborales", y anunció un plan de lucha que comenzó con un paro y piquetes frente a las plantas de Mirgor, BGH, Victoria y Newsan. Los trabajadores son conscientes de que los empresarios obtuvieron grandes beneficios, pero también que ya han diversificado sus negocios y pueden reconvertirse en importadores de los mismos productos que fabrican, cerrando plantas. El miércoles 21 de mayo se llevó adelante un paro provincial histórico, que fue impulsado no sólo por los trabajadores de las empresas afectadas. Contó con el apoyo de estatales, docentes, judiciales y demás gremios locales. Hubo movilizaciones masivas en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Las empresas anunciaron que se sostendrán los puestos de trabajo hasta diciembre, pero la espada de Damocles sigue pendiendo sobre la cabeza de casi 10 mil trabajadores.
Uno, dos, tres, mil conflictos
En la misma semana en la que Milei firmó el decreto que restringe el derecho a huelga, se produjeron una miríada de conflictos y movilizaciones en distintas regiones del país y en diferentes gremios. Los controladores aéreos anunciaron un plan de lucha en demanda de aumentos salariales. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comunicó la medida ante "una propuesta salarial inaceptable" por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Los empleados de la TV Pública se manifestaron contra nueve meses de congelamiento salarial. Los docentes marcharon por la Ciudad de Buenos Aires contra la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Los profesores universitarios reclamaron por la persistencia del congelamiento del presupuesto y también pararon, y el gremio ATE se movilizó hasta el Ministerio de Economía por paritarias libres y sin techo.
En la Ciudad de Buenos Aires, los empleados de Vialidad se movilizaron contra el inminente cierre de la Dirección Nacional de Vialidad que prepararían las manos de tijera de Federico Sturzenegger. En las plantas nucleares de Atucha 1 y 2 también se autoconvocaron los trabajadores por reclamos salariales, y en el Norte del país, en el Ingenio Ledesma, estalló un conflicto contra 300 despidos en el complejo agroindustrial.
La conflictividad no tiene la fisonomía de una lucha unificada (en parte porque no hay quien quiera unificarla), pero es extendida y profunda. Aunque es evidente que no han logrado frenar el avance del programa de Milei, las protestas, los paros y los reclamos se multiplican. Tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional, que está sentado a la mesa que diseña la política económica, consideran que el ajuste es necesario, pero insuficiente. Tienen la expectativa de fortalecerse políticamente en el año electoral para que después sí llegue el tiempo de las "grandes reformas" (laboral, previsional e impositiva) que permitan "peruanizar" definitivamente a Argentina. Para eso deberían terminar con el último vestigio del país contencioso.
Fuente:
https://recursoshumanostdf.ar/contenido/41215/milei-contra-la-argentina-contenciosa