Milei reforzó el gasto en la SIDE y Defensa con un fuerte recorte a las provincias
El Gobierno modificó el Presupuesto por decreto y reasignó partidas a la administración central y organismos descentralizados. La medida implica un ajuste en asistencia social al personal, transferencias provinciales y reducción en activos financieros.
El gobierno de Javier Milei instrumentó una reestructuración del Presupuesto con una fuerte inyección de recursos financieros en Defensa. Además, estos cambios alcanzan a otras áreas que también tienen aumentos importantes como: Inteligencia de Estado (SIDE), el Poder Judicial, el Legislativo y Relaciones Exteriores. Como contrapartida, el Gobierno dispone un recorte de $35.142 millones destinados a las provincias, asistencia social al personal de la Administración Pública Nacional y reducción en activos financieros.
La medida redistribuye fondos públicos clave bajo el argumento de que "de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional".
De acuerdo con los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, el Ejecutivo estimó que "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes", por lo que procedió a dar cuenta de lo actuado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional.
Refuerzos millonarios para Defensa
El rediseño de las partidas beneficia de manera directa a los sectores de defensa, seguridad, justicia, identificación civil y desarrollo tecnológico. En primer término, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa perciben en su conjunto un refuerzo superior a los $217.000 millones.
La mayor parte de estos recursos se instrumenta como aplicaciones financieras bajo la forma de "Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo" financiados por el Tesoro Nacional: la sub-jurisdicción del Ministerio de Defensa recibe $114.732.800.677, el Estado Mayor General del Ejército suma $60.429.467.258 y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea adiciona $31.211.124.000.
Asimismo, el alistamiento operacional de la Armada Argentina es reforzado con $8.115.569.620, planilla que incorpora una partida de $50.750.000 para "Gastos reservados". Por otro lado, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibe un incremento de $30.518.942.441 para su programa de "Información e Inteligencia", de los cuales $19.613.938.800 se clasifican como gastos de capital para la compra de maquinaria y equipos informáticos y de oficina.
Otros dos organismos descentralizados concentran incrementos significativos. Por un lado, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) suma $120.081.397.520 a su presupuesto, destinados principalmente a bienes de consumo que incluyen productos químicos y tintas por $11.000.000.000, correos y telégrafos por $35.315.000.000 y suscripciones adicionales a internet por $20.000.000.000.
Por el otro, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) obtiene un refuerzo de $119.289.500.000 para financiar el desarrollo de misiones satelitales y el diseño de cuatro satélites SARE II A, complementándose con $2.015.000.000 provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Paralelamente, el Poder Judicial de la Nación obtiene un total de $111.210.300.000 —apalancado en su mayoría por $100.000.000.000 de aportes directos del Tesoro para gastos de personal de sus actividades centrales—, mientras que el Poder Legislativo Nacional incrementa sus créditos en $63.810.977.538 para retribuciones de cargos en la actividad de formación y sanción de leyes.
El financiamiento de la medida y los sectores afectados por el recorte
Para garantizar el equilibrio de las cuentas, la norma recurre a una combinación de ingresos extraordinarios y reducciones de gastos en partidas centralizadas del Tesoro Nacional. En el renglón de recursos de capital, el Tesoro incorpora un incremento genuino de $222.911.990.520 debido a la venta de activos propios (edificios e instalaciones públicas) autorizada por normativas vigentes. A su vez, el Poder Judicial incorpora $11.210.300.000 por recaudación de ingresos no impositivos bajo la órbita del Fondo Nacional de la Justicia.
La mayor contrapartida de la reasignación presupuestaria se ejecuta sobre la jurisdicción de Obligaciones a Cargo del Tesoro, que sufre un severo ajuste en sus programas de financiamiento social y provincial. En particular, el programa de "Otras Asistencias Financieras" sufre una quita global de -$288.474.804.990. Dentro de este programa, el ajuste impacta sustancialmente en la asistencia social para el personal de la administración pública gubernamental, con una reducción de -$253.333.083.449.
Asimismo, las transferencias corrientes destinadas a las provincias bajo el concepto de "Administración Central Provincial" se ven disminuidas en -$35.141.721.541. Finalmente, la jurisdicción del Tesoro asume una reducción de -$202.158.391.935 en su cuenta de incremento de activos financieros a largo plazo por cuentas a cobrar.
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