Miles de millones de dólares en juego y la primera denuncia penal contra Milei por la baja de retenciones
La retención 0% se presentó como un alivio para un sector que venía reclamando por la presión impositiva. Pero esa oportunidad duró menos de lo esperado
En apenas tres días, las grandes exportadoras registraron operaciones por más de 7.000 millones de dólares con retenciones cero. Los productores quedaron afuera del beneficio y una denuncia anónima acusa al Presidente, y a parte de su gabinete, de haber favorecido a las multinacionales a costa del Estado.
El lunes 22 de septiembre el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 682/2025. En un contexto de necesidad urgente de divisas, la norma establecía una alícuota de 0% en las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre o hasta que se alcanzara un cupo de 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).
La medida se presentó como un alivio para el campo, un gesto hacia un sector que venía reclamando por la presión impositiva. Pero esa ventana de oportunidad duró menos de lo esperado.
El aluvión de registraciones
Apenas se conoció el decreto, las principales exportadoras del país -filiales locales de gigantes como Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill- se lanzaron a registrar DJVE a toda velocidad.
En menos de 72 horas se anotaron operaciones por más de 7.000 millones de dólares, lo que obligó al cierre del programa. Para tomar dimensión, se registró en tres días el equivalente a un tercio de las exportaciones anuales de granos.
El Estado cumplió la regla que él mismo había puesto: al alcanzarse el cupo, el registro se cerró. Pero en el camino quedaron preguntas incómodas.
Qué son las DJVE y cómo funciona el negocio
Las DJVE no son embarques reales ni ventas cerradas con compradores extranjeros. Son una declaración unilateral que hace la exportadora para reservarse el derecho de exportar un determinado volumen con una determinada alícuota de retención.
No hace falta que el grano esté comprado ni acopiado. Tampoco que exista un contrato de venta al exterior. Solo se registra la intención.
Con la alícuota en 0%, las empresas se aseguraron hoy el beneficio fiscal para volúmenes que pueden comprar, vender o embarcar dentro del próximo año. Después, cuando salgan a adquirir la mercadería a los productores, estos ya estarán pagando retenciones en sus liquidaciones. La diferencia, según los denunciantes, queda como ganancia extraordinaria para la exportadora.
Los productores, los grandes perdedores
Mientras las multinacionales aseguraron márgenes por miles de millones, el impacto para los productores primarios fue marginal. Durante los días que duró la medida, los precios en el mercado subieron alrededor de un 15% en dólares, cuando podrían haberlo hecho al menos un 26%.
Ese alivio duró lo que la ventana: un par de jornadas. La sensación en el primer eslabón de la cadena fue que la medida estuvo pensada exclusivamente para las cerealeras, no para ellos. La bronca se expresó en comunicados, declaraciones en medios y un clima de desconfianza que se extendió al propio Gobierno.
La denuncia penal: Milei y su equipo en la mira
Todo este mecanismo valió un proceso penal. El viernes 26 de septiembre, a las 10 de la mañana, ingresó en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) una denuncia anónima que ya está en manos del fiscal Sergio Rodríguez.
En su texto, el denunciante acusa al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al ministro de Economía Luis Caputo y al secretario de Agricultura Sergio Iraeta, de haber cometido los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La presentación también apunta directamente contra las principales exportadoras Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill en calidad de partícipes necesarios.
Dos resoluciones que encendieron las alarmas
En paralelo al aluvión de registros, la Secretaría de Agricultura publicó dos resoluciones en cuestión de horas:
- La Resolución 184, del 23 de septiembre, establecía que las DJVE registradas después del decreto tendrían vigencia por un año, siempre y cuando los embarques se realizaran a partir de esa fecha.
- La Resolución 185, publicada al día siguiente, corrigió esa limitación y extendió el beneficio incluso a operaciones embarcadas antes del 23.
Según la denuncia, ese cambio normativo fue clave para incluir operaciones pasadas y futuras dentro del régimen de retenciones cero, multiplicando el perjuicio para el Estado.
La ley Martínez Raymonda y la "no aplicación"
La denuncia insiste en que el esquema continúa en ejecución porque el Gobierno no aplicó la ley Martínez Raymonda (Ley 26.351). Esa norma, sancionada años atrás, buscó evitar justamente estas maniobras: que las empresas registraran ventas sin respaldo real de mercadería para congelar beneficios impositivos.
El denunciante sostiene que, de haberse aplicado esa ley, las exportadoras deberían haber probado la existencia del grano o de la operación, lo que habría limitado la avalancha de registraciones.
Una denuncia desde adentro del Estado
Un dato singular es el origen de la presentación: se hizo de manera anónima desde el propio aparato estatal. Esta, podría ser la única forma de elevar una acusación contra superiores jerárquicos sin exponerse a represalias.
El escrito pide al fiscal que se aseguren pruebas en el Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura y las sedes de las empresas involucradas.
El fiscal Rodríguez deberá decidir si impulsa la investigación. En caso afirmativo, la causa pasará a un juez federal en Comodoro Py. Allí se definirá si se abre un expediente penal que puede involucrar al Presidente, a parte de su gabinete y a los principales exportadores del país.
La investigación podría incluir peritajes sobre las DJVE registradas, controles de tenencia de mercadería y revisión de comunicaciones internas en los organismos públicos.
Antecedentes y contexto político
No es la primera vez que una maniobra ligada al agro termina en la Justicia. Recientemente, irregularidades en la venta de un edificio del INTA o en áreas forestales derivaron en denuncias penales y hasta en despidos de funcionarios.
En este caso, el impacto es mayor: se trata de una denuncia que toca al propio Presidente y que pone bajo sospecha una de las medidas económicas más resonantes de su gestión.
En menos de una semana, lo que empezó como un anuncio de alivio fiscal para el campo derivó en una denuncia penal por corrupción. Los productores quedaron desilusionados, las exportadoras fueron acusadas de beneficiarse a costa del Estado y el Gobierno enfrenta ahora una investigación que puede escalar en los tribunales de Comodoro Py.
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