Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo
Mendoza, el laboratorio libertario
Antes que el Congreso debata los dos proyectos insignia de la Rosada para 2026, el gobierno mendocino ya avanzó en los dos frentes, con un protocolo con fuerza de ley que permite a las mineras operar en zonas periglaciares y una reforma del Estatuto del Empleado Público.
Por Gabriela Valdes
La convocatoria de Javier Milei a sesiones extraordinarias en febrero tiene dos ejes que condensan el pulso de su proyecto político: la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares para habilitar la megaminería en ambientes hasta ahora protegidos. Ambos temas encuentran en Mendoza un antecedente inmediato. En esta provincia el gobernador Alfredo Cornejo ya avanzó en los dos frentes: un protocolo con fuerza de ley que permite a las mineras operar en zonas periglaciares y una reforma del Estatuto del Empleado Público que, según gremios y especialistas, constituye una "reforma laboral encubierta".
Lo que ya se hizo en Mendoza bien podría funcionar como un spoiler de las transformaciones que el Ejecutivo pretende imponer en el Congreso.
El protocolo mendocino: minería en la frontera del hielo
El 9 de diciembre, la Legislatura de Mendoza aprobó la ampliación del Distrito Minero Occidental de Malargüe (MDMO), otorgando fuerza de ley a un protocolo de actuación para proyectos mineros en zonas periglaciares. Con esta decisión, la provincia se convirtió en pionera en habilitar la exploración en territorios que la Ley Nacional de Glaciares (26.639) protege como reservas estratégicas de agua. Milei había dicho en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en Corrientes que impulsaría la reforma de la Ley de Glaciares. Sobre la misma aseguró que la idea se la había dado Cornejo. La provincia lo negó hasta que llegó a la Legislatura un protocolo, aprobado junto a un paquete de proyectos mineros que amplía la zona del llamado Malargüe Distito Minero Occidental.
El documento, titulado Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza: Estudios de Glaciares y Ambiente Periglacial en Proyectos Mineros, es un manual de diez páginas que establece pasos técnicos para identificar, caracterizar y eventualmente operar en áreas de permafrost y glaciares de escombros. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, lo presentó como un instrumento para "cumplir con la ley nacional y suplir vacíos técnicos". En la práctica, crea un marco de certidumbre para que las empresas avancen en zonas hasta ahora vedadas.
El protocolo exige instalar estaciones meteorológicas que registren datos cada 30 minutos, elaborar mapas geomorfológicos a escala 1:10.000, implementar redes de monitoreo hídrico y realizar análisis isotópicos en aguas de arroyos. También contempla excavaciones de hasta 5,5 metros para verificar la presencia de hielo y prospecciones geofísicas para calcular volúmenes de agua. Con esos datos, las empresas deben elaborar mapas de distribución del permafrost y superponerlos con la geología superficial, eliminando del mapeo las áreas de "bajo valor hídrico".
La conclusión del manual es explícita: "es muy probable que el porcentaje de área a ser impactada sea muy reducido y el valor hídrico poco significativo". En otras palabras, busca demostrar que la minería puede avanzar sin comprometer reservas estratégicas, allanando el camino para la explotación.
Milei y la ofensiva contra la Ley de Glaciares
El avance mendocino coincide con la ofensiva nacional de Milei. El presidente confirmó que modificará la Ley de Glaciares y atribuyó la idea a Cornejo: "Tenemos el potencial de crear un millón de puestos de trabajo. Por eso es tan importante esta ley de los periglaciares. Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre, es una actitud primitiva", lanzó en el mencionado congreso correntino.
La Ley 26.639 prohíbe la minería y la exploración de hidrocarburos en áreas con glaciares y ambientes periglaciares. Milei busca reducir esas áreas protegidas y devolver a las provincias la facultad de definir qué se considera periglaciar. La estrategia oficial combina promesas de seguridad jurídica para atraer inversiones, redefiniciones técnicas sobre qué se protege y se enmarca en negociaciones de los libertarios con los gobernadores mineros agrupados en la llamada Mesa del Cobre: el propio Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).
El Conicet alerta por la amenaza a las reservas de agua
En plena discusión por el rol de la ciencia en el relevo de Glaciares, la Ley que los protege y el avance de la megaminería en Mendoza, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del Conicet, salió a aclarar su posición: "El Instituto desea aclarar que no ha sido informado ni consultado oficialmente sobre ninguna propuesta de modificación de esta Ley", señaló en un comunicado. Recordaron que la norma sancionada en 2010 establece presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua.
Señalaron que los glaciares de escombros, característicos de este ambiente, pueden contener entre un 35 % y un 70 % de hielo en su interior y aportar entre un 25 % y un 50 % del caudal de los ríos en años de sequía. La actualización del Inventario Nacional de Glaciares reveló además una reducción del 17 % en la superficie con glaciares y del 23 % en los manchones de nieve perennes en apenas una década.
El comunicado del IANIGLA subrayó que provincias como Mendoza dependen casi exclusivamente de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial para abastecerse de agua. La advertencia fue clara: habilitar la minería en esas zonas compromete reservas estratégicas en un contexto de retroceso acelerado.
Decenas de proyectos avanzan en zonas cercanas a formaciones de hielo
"Todo Malargüe Distrito Minero está diseñado en zona periglaciar", ilustró a este diario un diputado opositor en la previa del tratamiento del paquete de leyes mineras que se aprobó junto al proyecto San Jorge. Malargüe, donde se concentran proyectos mineros de gran escala. El IANIGLA recomendó no avanzar con ocho de esos proyectos y suspender nueve hasta contar con más información. El Gobierno provincial insistió en aprobar las Declaraciones de Impacto Ambiental y completar la información después.
La ministra Latorre defendió el protocolo señalando que la Ley de Glaciares lleva más de diez años sin reglamentarse y que el inventario nacional aún no ha cartografiado las zonas periglaciares. "Qué mejor que la autoridad competente local trabaje con ellos para completar esa información", argumentó en la Legislatura.
"Reforma laboral encubierta": el Estatuto del Empleado Público
En paralelo, el Gobierno de Mendoza avanzó en un terreno distinto pero igualmente estratégico: la reforma del Estatuto del Empleado Público. A fines de septiembre, la Legislatura aprobó la modificación de la Ley 560/73, que regula el Estatuto del Empleado Público. La reforma, impulsada por Cornejo, afecta a más de 100 mil trabajadores estatales y fue calificada por gremios de estatales como ATE, SITEA (estos dos de administración y salud, entre otros rubros) y AMPROS (profesionales de la salud) como una "reforma laboral encubierta", regresiva e inconstitucional.
Los cinco puntos principales de la reforma son:
Legalización de la precarización: se crea la figura del "personal interino", que no goza de estabilidad, puede ser despedido sin causa y sin indemnización.
Antigüedad cero: los interinos no tienen reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años trabajando bajo contratos.
Castigo sin defensa: sanciones de hasta 15 días no son recurribles, lo que habilita cesantías encubiertas.
Fin de los salarios caídos e indemnización recortada: aun si un despido es declarado nulo, el trabajador no percibe salarios caídos en el período en que estuvo sin poder trabajar. La indemnización se fija en el 100 % del último sueldo, eliminando la escala por antigüedad.
Impacto transversal: al ser norma supletoria, la reforma afecta a docentes, personal de salud, judiciales, administrativos y contratados.
Los gremios, a la Corte contra la reforma
La reforma desató una ola de rechazo gremial y jurídico. Tras una semana de asambleas en hospitales y dependencias públicas, ATE llevó a la Suprema Corte una denuncia por inconstitucionalidad. "Es ilegítima, ilegal, inconstitucional y le saca derechos históricos a los trabajadores", denunció Roberto Macho, referente del gremio.
Los sindicatos advierten que la iniciativa consolida un modelo de precarización estructural, elimina derechos adquiridos y vulnera principios constitucionales básicos como la estabilidad laboral, la antigüedad y el derecho a defensa.
Mendoza como laboratorio nacional
La simultaneidad de ambos procesos —protocolo minero y reforma laboral— convierte a Mendoza en un laboratorio de políticas que Milei busca nacionalizar, aunque a escala mayor. En el plano ambiental, la provincia abrió la puerta a la explotación en ambientes periglaciares, desafiando la interpretación restrictiva de la Ley de Glaciares. En el plano laboral, avanzó en una reforma que flexibiliza derechos históricos de los empleados públicos.
Ambos movimientos se inscriben en un mismo esquema: redefinir marcos legales para atraer inversiones y reducir costos laborales, aun a costa de reservas estratégicas de agua y derechos adquiridos.
Un precedente con proyección federal
La aprobación del protocolo minero en Mendoza marca un antes y un después. Por primera vez, una provincia establece un marco legal para operar en ambientes periglaciares. "Mendoza está un paso adelante -se jactó Cornejo sobre la reforma de la Ler de Glaciares-, porque ya lo estamos haciendo en los procedimientos del Código Minero y en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que están en la actualidad". La reforma del Estatuto, por su parte, introduce figuras de precarización en el empleo estatal.
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