“Modernización” de la PFA: ¿un “FBI argentino” o una policía para pedir documentos?
Dos organizaciones vinculadas a la seguridad y a las ciencias penales cuestionaron los cambios anunciados por Milei a la fuerza federal: "Una reforma ficticia que posterga su verdadera modernización".
"La Policía Federal Argentina (PFA) necesita una reforma profunda que la transforme en una agencia federal moderna y especializada en la investigación del crimen organizado. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad ha optado, una vez más, por el marketing antes que por un cambio real", comienza el comunicado conjunto difundido este miércoles por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrática (Ilsed). Ambas entidades afirman que los cambios anunciados el martes por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el estatus de la PFA es "una reforma ficticia".
Cuestionaron que la pretendida modernización a través del Decreto Nº 383/2025, en rigor "impulsó una reforma que no cumple con ese objetivo: mantiene intacta la matriz operativa actual de la PFA y contiene errores técnicos de un preocupante nivel de amateurismo". Por ejemplo, devolverle la facultad de detener a personas durante 10 horas por no llevar identificación encima.
El comunicado conjunto del Inecip y el Ilsed recuerda que cuando hace diez años Nación traspasó las funciones de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y con ellas parte del personal, la PFA "quedó sin un sentido organizacional claro y a la espera de una reforma que readecuara sus funciones". De allí nace la necesidad de convertir la fuerza en una agencia moderna de investigación acerca del crimen organizado.
"Sin embargo, el Poder Ejecutivo, por iniciativa del Ministerio de Seguridad, emitió un decreto que representa una nueva oportunidad desperdiciada. La norma apenas retoca el organigrama de la PFA, sin alterar de fondo el funcionamiento de la fuerza. Conserva numerosas funciones de prevención y custodia inadecuadas para una agencia de investigaciones moderna, cuya misión debería ser desarticular organizaciones criminales y producir evidencia útil para su juzgamiento proceso penal", señalan las entidades.
En esa línea, agregan en el comunicado que "el alcance limitado del decreto es evidente: incluso mantiene al personal de bomberos dentro de una estructura que debería estar dedicada al combate del crimen organizado. Además, no se modifican normas esenciales del régimen profesional que rigen desde hace más de 40 años, lo cual impide avanzar en una carrera policial basada en la formación técnica, la especialización y la investigación criminal".
Documentos por favor
Además, las organizaciones civiles indicaron que "por no avanzar, esta reforma representa un retroceso. Obstaculiza la profesionalización del personal policial y su modernización, a la vez que limita las posibilidades del Ministerio Público Fiscal federal para utilizar eficazmente las novedosas herramientas del sistema acusatorio en la investigación y persecución de mercados criminales como la trata de personas, el narcotráfico, los delitos económicos y financieros, la corrupción, el tráfico de armas y los delitos digitales".
También entienden que la "reforma" por decreto puede chocar con la Constitución Nacional. "El problema se agrava por el carácter inconstitucional del Decreto 383/2025. Al ser un decreto 'delegado' dictado en el marco de la Ley Bases, el texto evitó el proceso legislativo, lo que no solo impidió un debate plural que habría enriquecido la reforma, sino que derivó en graves errores técnicos".
En esa línea, explican que "entre ellos se destaca la inadecuada regulación de detenciones por 'averiguación de antecedentes' sin orden judicial por un lapso de 10 horas, una figura heredada de la vieja ley orgánica, pero derogada tácitamente por el nuevo Código Procesal Penal Federal".
Para el Inecip y el Ilsed, "esto no sólo refleja un desconocimiento del orden normativo vigente, sino que además evidencia la grave incomprensión por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad de lo que implica una agencia moderna de investigación de criminalidad compleja, cuyas tareas distan mucho de estar haciendo detenciones o requisas 'al voleo'. Además, podría derivar en futuras declaraciones de inconstitucionalidad por regular materia procesal penal mediante decreto".
Por último, las organizaciones promueven el debate en el Congreso de una norma que reforma y modernice realmente la estructura funcional y los objetivos de la PFA. "El Decreto 383/2025 no está a la altura del desafío. Por eso, resulta imprescindible que el Congreso Nacional, en uso de sus facultades constitucionales ante decretos delegados, lo rechace y promueva el debate de una nueva Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina. Una ley que permita una reforma integral y seria, que convierta a la PFA en una verdadera agencia federal de investigación especializada en el crimen organizado", cerraron.
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