Motín policial en Santa Fé: la Casa Rosada se despega y apunta a Pullaro
Motín, acuartelamiento y pases a disponibilidad. Mientras crece el fuego, Javier Milei no interviene y en la Rosada apuntan directo a Maximiliano Pullaro.
La escalada de tensión en Santa Fe por el reclamo salarial de efectivos policiales encontró a la Casa Rosada en posición de repliegue. Mientras en Rosario hubo acuartelamientos, protestas frente a la Jefatura y patrulleros fuera de servicio, el Gobierno nacional optó por no involucrarse y dejó en claro que la responsabilidad es exclusivamente provincial.
"Es un problema de la provincia, no tenemos por qué meternos nosotros", resumió un funcionario de alto rango del Ejecutivo al describir la mirada que predomina en Balcarce 50.
Silencio oficial y prioridad legislativa
A pesar de que el conflicto fue seguido minuto a minuto por los despachos nacionales, ningún integrante del gabinete realizó declaraciones públicas. En el Ministerio de Seguridad evitaron pronunciamientos formales, aunque trascendió que existieron contactos con las autoridades santafesinas para ponerse a disposición.
En la cúpula libertaria explican el bajo perfil también por una directiva presidencial: concentrar energías en el frente parlamentario. Este miércoles el Senado iniciará una sesión clave para el tratamiento de la reforma laboral y otros proyectos impulsados por el Ejecutivo.
La relación tirante con la Casa Gris
La decisión de no intervenir se da en medio de un vínculo oscilante entre la Nación y la administración de Maximiliano Pullaro. En distintos momentos ambos gobiernos coordinaron operativos contra el narcotráfico y delitos federales, pero también protagonizaron cruces políticos que tensaron la relación.
Ese trasfondo aparece ahora como parte del contexto que explica por qué el Gobierno evita asumir un rol más activo.
Pullaro avanza con sanciones
Mientras tanto, la provincia puso en marcha medidas disciplinarias. El lunes, la Casa Gris confirmó el pase a disponibilidad de al menos 20 agentes y la presentación de denuncias penales contra quienes abandonaron el servicio.
Las definiciones de Cococcioni
El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, sostuvo que durante las protestas "hubo abandono de servicio" y advirtió sobre maniobras para afectar el despliegue preventivo.
"Hay instigación y fake news. Están tratando de desestabilizar el operativo, quisieron impedir la salida de los móviles", afirmó en conferencia de prensa.
Las manifestaciones se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario, aunque también se replicaron en la capital provincial, donde efectivos y familiares se ubicaron frente a la sede gubernamental.
La voz libertaria que sí habló
A diferencia del silencio del Ejecutivo nacional, la diputada de La Libertad Avanza por Santa Fe, Romina Diez, cuestionó con dureza al gobernador.
"Pullaro gasta millones en estructuras políticas y secretarías inútiles pero no puede pagarle a quienes ponen el cuerpo para cuidarnos", escribió en redes sociales.
La legisladora, cercana a Karina Milei, consideró que la crisis no responde a falta de recursos sino a prioridades de gestión y remarcó que el Estado debe garantizar condiciones a quienes cumplen funciones esenciales.
Reclamos salariales y advertencias del gobierno provincial
Las protestas comenzaron la semana pasada con participación de agentes en actividad, retirados, personal penitenciario y familiares. El eje principal gira en torno a salarios y condiciones laborales.
Desde la administración santafesina calificaron como legítima la demanda, aunque alertaron sobre intentos de utilizar la situación para debilitar la política de seguridad. Además de los pases a disponibilidad, anticiparon investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales.
Por ahora, con la Nación mirando desde afuera, la resolución del conflicto queda en manos exclusivas del gobierno provincial.
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