Organizaciones ambientalistas denunciaron al Secretario de Minería de la Nación
Es por presunto conflicto de intereses. "Antes de ser funcionario asesoraba a empresas que se favorecen con estos cambios", aseguró el abogado ambientalista Enrique Viale en Radio 750.
Previo a su disertación de este martes durante el debate por la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, organizaciones ambientalistas denunciaron al Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por conflictos de intereses vinculados a la minería.
En diálogo con Radio 750, el abogado ambientalista Enrique Viale explicó las razones de la denuncia y lo que se esconde detrás del intento de reformar la Ley de Glaciares, una movida a la que calificó de "sucia".
"Antes de ser funcionario el Secretario de Minería de la Nación asesoraba a empresas mineras que se están favoreciendo con el cambio en esta ley y les genera miles de millones de dólares", detalló Viale, minutos después del inicio de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales.
Ya el abogado ambientalista había presentado una denuncia contra la senadora salteña Flavia Royón, a quien también acusó de trabajar para los sectores que la ley pretende favorecer a través de consultorías privadas.
También se refirió al diputado Nicolás Massot, quien, aseguró, también trabaja de cerca con las mineras. "Es una ley super sucia, están usando a los ATN, la semana pasada no tenían los votos y la ley no salía y lo mandaron a (el ministro de Interior, Diego) Santilli por las provincias", denunció Viale.
Recorrido legislativo
Además de las irregularidades del proceso de audiencia pública y del tratamiento en el Senado de la Nación durante el período extraordinario, el abogado cuestionó que los expositores de este martes serán todos del sector minero.
No fueron convocados a participar ninguno de los actores de la sociedad civil que se manifestó contra la modificación legislativa en las últimas semanas, entre ellos actores, organizaciones ambientalistas y más de 500 juristas de los más prestigiosos del país, que advirtieron, mediante una carta abierta, por la inconstitucionalidad de la ley.
"Ninguno de ellos va a exponer hoy, ni el propio Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)", señaló el especialista en Política y Legislación ambiental en Lo viejo funciona.
Además, recordó que la letra del proyecto viola tratados internacionales a los que Argentina adhiere, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021, y el recientemente firmado entre la Unión Europea y el Mercosur.
Reprimarización de la economía
La ley de Glaciares protege solo al 0,21 por ciento del territorio nacional, no es una normativa privativa de la minería. Es decir, la explotación de los recursos naturales se puede hacer en el 99,79 por ciento restante del territorio.
Sin embargo, el sector concentrado y aliado a los poderes de turno pretende avanzar incluso en este pequeño reservorio del suelo periglaciar que es, nada más y nada menos, que desde donde nacen los ríos argentinos.
Ya en la década del '90 se aprobó la Ley de Regalías, que establece una mínima compensación económica a las provincias por la utilización de los suelos y ríos. Ahora, además, está el marco legal que brinda el RIGI de Javier Milei. Siempre que el lobby minero intentó avanzar sobre la legislación, el argumento es el mismo, la generación de trabajo, a pesar de que no se trata de un sector que necesite de mucha mano de obra.
"Yo nunca sacrificaría por nada del mundo nuestra fábrica de agua, pero aún así, si lo quisiéramos sacrificar igual, ni siquiera cambiaría nada porque estamos en una matriz económica, la de Milei, que es primario dependiente, reprimarizadora de la economía, por eso la destrucción de la industria. Esto es parte de un mismo paquete: que defendamos solo sl campo, la minería y los combustibles fósiles y el resto arreglenselá", analizó Viale.
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