Reforma electoral: próxima escala del plan para blindar el modelo
Tras avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central y acelerar las designaciones judiciales, el oficialismo prepara la reforma electoral. Ficha Limpia, cambios en las PASO y nuevas reglas para los partidos se cruzan con la negociación entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a 2027.
El blindaje del programa de gobierno avanza a todo lo que da. En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que transfiere el comando central de la política económica a quien lo presida, con mandato acorazado y superpoderes para, entre otras cosas, ofrecer oro, divisas y activos líquidos como garantía de deuda con la banca privada internacional, sin pasar por el Congreso. Unas horas más tarde, el Senado aprobó otros 67 pliegos judiciales y elevó a 177 la cifra de jueces, fiscales y defensores designados por el gobierno que gerencia Javier Milei, cuya meta es llegar a 300 antes de fin de año. Ese doble movimiento -económico y judicial- arma el andamiaje sobre el que La Libertad Avanza y el PRO negocian ahora la pieza siguiente: una reforma electoral que, con la bandera de la Ficha Limpia, la limitación en la oferta y la boleta única, apunta a condicionar la composición de las listas y a garantizar gobernabilidad al bloque de poder que impulsó el experimento libertario, con o sin Milei hospedado en Olivos.
Las tres reformas comparten lógica y calendario. La primera fija reglas monetarias que sobreviven a los gobiernos de turno. La segunda coloca en los tribunales federales a magistrados con capacidad de intervenir en causas que incomodan a oficialismo y oposición. La tercera pretende definir quién puede competir y bajo qué condiciones. Cada pieza, por separado, se presenta como técnica o administrativa. Juntas, arman un esquema de continuidad ajeno a una figura o a un resultado electoral puntual: buscan que el rumbo económico, el mapa judicial y las reglas del juego político queden fijados con independencia de quién gobierne después de 2027.
Comando Central
Con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, diputados dio media sanción al proyecto que deroga la facultad del Banco Central de dar adelantos transitorios al Tesoro y de prestarle a provincias y municipios o comprarles títulos públicos en el mercado primario. Además, restringe la distribución de utilidades a las ganancias realizadas y líquidas -deja afuera las cambiarias y las del oro- y ordena destinar parte de los resultados a cancelar las letras intransferibles heredadas, unos 69.400 millones de dólares, y los adelantos ya otorgados al Estado. El mandato múltiple vigente desde 2012 -estabilidad monetaria, financiera, empleo e inclusión- se reemplaza por uno solo: preservar el valor de la moneda.
El punto más resistido fue el artículo 13, aprobado por 138 votos contra 110 y 7 abstenciones: autoriza al Banco Central a ofrecer reservas como garantía en operaciones de financiamiento externo y a tomar créditos de bancos privados internacionales bajo estándares de banca privada, sin autorización del Congreso. La suspicacia más extendida indica que el artículo serviría para blanquear la operación con el oro trasladado al exterior por decisión del ministro de Economía Luis Toto Caputo, mentor y socio del titular del BCRA, Santiago Bausilli.
Los gobernadores garantizaron los votos para superar los dos tercios, pero no lograron sumar al directorio un integrante con trayectoria provincial, porque la votación se hizo por títulos y no artículo por artículo. El detalle pone en duda la continuidad de Bausili, que sigue al frente de la entidad junto al directorio actual, aunque sin acuerdo del Senado, de modo que puede ser removido en cualquier momento.
La solidez del mandato del directorio es el otro aspecto central de la reforma que ahora deberá ser debatida en el Senado. El texto mantiene la extensión en seis años, pero exige mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras para remover a las autoridades. Los perpetradores de la ley sostienen que busca preservar a las autoridades del BCRA de los vaivenes políticos, pero en los hechos pretende limitar a los gobiernos de un aspecto central de la política económica: la administración de la política monetaria. El ejemplo, explícito por Bausilli y Caputo, es imitar la experiencia de Perú, donde el presidente del Banco Central se encamina a tres décadas de continuidad en el cargo. En el mismo período, el país consumió a once presidentes y degradó la representación política al "puesto menor" que alguna vez describió el CEO de Clarín, Héctor Magnetto.
"Podemos ser Perú" prometió Caputo en ámbitos públicos y privados, donde lo escucharon empresarios interesados en recrear el modelo de estabilidad macro que, según datos del Banco Mundial, otorga el 22% del producto al 0,01% de la población, mientras que el 70 por ciento de los habitantes sobreviven a una economía cotidiana signada por la informalidad y el desamparo de un Estado raquítico.
Justicia a medida
El jueves 27 de agosto, el Senado aprobó 67 pliegos judiciales: 45 jueces, 9 fiscales y 12 defensores, la mayoría por unanimidad. La excepción fue Pablo Bertuzzi, votado por separado y aprobado 44 a 23. Bertuzzi compartirá Cámara Federal con el también designado Pablo Yadarola: ambos integrarán la Sala I del fuero federal porteño, tribunal que revisa la causa por la estafa con la criptomoneda Libra y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Bertuzzi ya había sido nombrado por decreto durante la presidencia de Macri, antecedente que lo obligó a renunciar y volver a presentarse por la vía legislativa. Yadarola integró el viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que celebró la aprobación en X.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, felicitó a Mahiques por la gestión. Se entiende. En la primera tanda, fue designado juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe Emilio Rosatti, hijo del cortesano. Su nombramiento fue impulsado mediante el decreto 445/2026, tras un acuerdo unánime del Consejo de la Magistratura.
El acuerdo de oficialistas y opositores es el rasgo central de la avalancha de designaciones judiciales ejecutadas por el ministro Mahiques, cuyas relaciones conectan a Clarín -formó parte de los huemules de Lago Escondido-, con el macrismo -integró la persecutora Mesa Judicial con Rodríguez Simón y Saguier, de La Nación-, el cristinismo -es íntimo de Wado de Pedro- y la famiglia judicial con asiento en Comodoro Py, donde su padre fue ratificado como Camarista y mandamás por otros cinco años.
La complicidad del peronismo con el beneficio a magistrados que dice denostar es una práctica habitual de la dirigencia empachada de real politik. Puertas adentro de sus despachos, los senadores opositores sostienen que en la catarata de nombramientos lograron mojar algunos cargos para pelear "desde adentro" con la corporación judicial. Habrá que verlo. Por lo pronto, con 177 cargos cubiertos y unos 80 pliegos a la firma, el objetivo de 300 nombramientos que se trazó Mahiques perfila un mapa judicial a medida, con capacidad de incidir en las causas de corrupción y, más adelante, en la Ficha Limpia que discute el Congreso.
La ingeniería electoral
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado abrió el debate por la reforma política el 13 de mayo y, según anunció la senadora Patricia Bullrich, lo retomará en septiembre. El proyecto del Ejecutivo combina la eliminación de las PASO, la Ficha Limpia -inhabilita a condenados en segunda instancia por delitos dolosos-, la boleta única de papel con opción de voto por lista completa y límites a las internas. La Ficha Limpia ya había obtenido media sanción en 2025 y naufragó en el Senado tras un giro de último momento de los senadores aliados Arce y Rojas Decut; vuelve ahora, con jueces recién nombrados a cargo de resolver las inhabilitaciones que la ley dejaría en sus manos.
La letra chica pretende cambios de fondo. Reemplaza la afiliación en papel por avales biométricos para terminar con los partidos "sello de goma", sostenidos con afiliados truchos, y eleva las exigencias para conformarse como fuerza política: 0,5% del padrón por distrito y presencia en diez distritos, el doble de lo vigente, con pérdida de personería si no se alcanza el 3% en dos elecciones seguidas. Suspende también la elección directa de parlamentarios del Mercosur, que la Cámara de Diputados designará por proporción de fuerzas, con solo viáticos. Elimina, además, el debate presidencial obligatorio, los límites al gasto de campaña y la publicidad electoral gratuita.
El obstáculo es la propia coalición de gobierno. El presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, dijo que "no ve con posibilidades" la derogación de las PASO. El radical Maximiliano Abad reclamó un análisis "exhaustivo y segmentado" antes de avanzar, mientras la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, pidió tratamiento preferencial para la Ficha Limpia. En el PRO buscan usar la reforma como moneda de cambio para la conformación de una alianza electoral.
En el partido de Mauricio Macri hicieron sus cuentas. En 2027 se renuevan 24 bancas del Senado en ocho provincias -Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán-. La Libertad Avanza llega con 21 bancas y expone apenas dos. La UCR, en cambio, arriesga el 80% de sus diez escaños, buena parte en provincias donde gobierna o compite fuerte, mientras el bloque peronista, con unas 25 bancas, pone en juego solo el 24%. El resultado puede modificar la correlación de fuerzas para construir mayorías en 2027, y explica por qué el oficialismo busca reglas que le faciliten crecer mientras erosiona a sus socios más expuestos.
La negociación
En ese contexto avanza la conversación entre PRO y LLA, con la amenaza macrista de dividir el voto opositor al peronismo. El diputado Fernando De Andreis, ladero de Macri, llevó la propuesta del ingeniero a la última reunión en Casa Rosada: "Alianza donde gobernamos nosotros, disputa light contra en donde gobierno el peronismo" ofreció, palabras más o menos, en la mesa de negociación. En público, incluso, fue más audaz. Consultado sobre una fórmula conjunta en Buenos Aires, con Diego Santilli a la cabeza, no cerró la puerta: "Sí, puede ser una fórmula conjunta". En los mismos micrófonos ensayó la excusa que utilizará para acallar los reclamos internos que piden por candidaturas propias, sobre todo en distritos donde el PRO tiene recorrido hecho y LLA quiere desembarcar. "Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar".
Un antecedente anticipa la negociación en curso: en Santa Fe, la reforma provincial mantuvo las PASO pero modificó la boleta y habilitó hasta tres vicegobernadores en la fórmula, laboratorio que prefigura lo que puede discutirse a nivel nacional. Ese tipo de "soluciones creativas" es la que discuten en la mesa que comparten Santilli, Ritondo y De Andreis con los primos Martín y Lule Menem, delegados de Karina en la conversación. El PRO pretende que el principio rector de esos encuentros sea el respeto por la caja central de cada organización: el macrismo está dispuesto a conceder posiciones nacionales y distritales, siempre y cuando Karina y los suyos no disputen la Ciudad de Buenos Aires, su Casa Matriz.
Son negociaciones con el dedo en el gatillo. Mientras se desarrollan las conversaciones en la Casa Rosada, la concejala Pilar Ramírez camina la ciudad y Karina empodera a Santiago Oría, pretendido cineasta oficial con problemas de encuadre ahora a cargo de las milicias digitales y la lucrativa "batalla cultural" que hizo ricos a los influencers de la Fundación Faro. La rapiña suele ser predictor de un gobierno que naufraga.
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