Santiago Maldonado: ocho años de un crimen atroz que el Estado no quiere esclarecer
¿Cómo logran zafar Bullrich y Gendarmería de su responsabilidad en esa emblemática desaparición seguida de muerte? ¿Qué hicieron por la verdad y la justicia quienes gobernaron entre 2019 y 2023? El cuerpo de Santiago no estuvo siempre en el mismo lugar. Si fue un crimen de Estado, ¿quién atiende el reclamo de la familia? ¿No importa cuándo leas esto?
Por Daniel Satur
"Santiago no es una ausencia. No es alguien que no está, sino que su ser, su alma, su símbolo se mantiene entre nosotros gracias a todos los que recuerdan, los que luchan, los que buscan justicia, cada uno desde su lugar, aportando su modesto grano de arena para avivar la llama de la memoria, y para que el olvido no llegue antes que la verdad". Así cierra Sergio Maldonado su libro Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano, recientemente publicado por Marea Editorial.
Este viernes se cumplen ocho años de aquella descomunal represión en la que un centenar y medio de efectivos de Gendarmería Nacional arremetió a tiros contra un grupo de jóvenes de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen , a la altura del kilómetro 1.848 de la Ruta Nacional 40. Santiago, artesano, tatuador, anarquista, vecino de El Bolsón, se había sumado a la protesta de la comunidad mapuche, que venía siendo atacada con saña por el Estado defensor de terratenientes como el magnate italiano Carlo Benneton.
Maldonado estuvo 78 días desaparecido. Su cuerpo fue encontrado en la orilla del Río Chubut, a metros de donde Gendarmería había desatado su furia criminal y en un lugar que ya había sido revisado varias veces con anterioridad. Tanto antes como después del hallazgo del cadáver, y hasta nuestros días, el Estado argentino hizo todo para ocultar cómo, cuándo y por qué desapareció el joven de 28 años. Y peor aún, el Estado se empecinó en preservar la impunidad para los responsables materiales, intelectuales y políticos del crimen.
Ni los gendarmes, ni quienes les dieron las órdenes, ni el Poder Judicial, ni los gobiernos que pasaron desde entonces respondieron aún por ese crimen de Estado. Un crimen que profundizó la criminalización del pueblo mapuche y de quienes se solidarizan con sus luchas. Criminalización que continuó pocos meses después con la muerte de Rafael Nahuel a manos de una patota de la Prefectura Naval. Y con el gobierno peronista del Frente de Todos, que violó los derechos humanos de la comunidad a la que pertenecía Nahuel. Continuidad encarnada en la propia Patricia Bullrich, repuesta hace un año y medio en el Ministerio de "Seguridad Nacional" por Javier Milei para hacer lo que mejor sabe: mentir, pegar, detener, herir, matar. Desaparecer.
¿Quién es el terrorista?
Aquel 1° de agosto de 2017 Gendarmería, bajo órdenes directas de Bullrich y su jefe de Gabinete Pablo Noceti, desplegó un operativo para desalojar por la fuerza la Ruta 40, cortada por una decena de miembros de la Pu Lof . Testigos como Julio Saquero (referente de la APDH Chubut) comprobaron las primeras maniobras de encubrimiento, como la salida de móviles de la fuerza portando bolsas negras. Noceti supervisó personalmente los movimientos. Los gendarmes lavaron patrulleros antes de ser peritados, violaron precintos y manipularon muestras de ADN. En los escuadrones de Esquel y El Bolsón se adulteraron pruebas fundamentales. Otras, directamente, se borraron.
Días después de la desaparición, con un país preguntándose "¿dónde está Santiago?", en el Senado Patricia Bullrich violó la identidad reservada de un testigo clave, mientras su ministerio y empresas periodísticas tan defensoras de los terratenientes como ella lanzaban todo tipo de fake news e hipótesis insólitas para desviar la atención. Que Santiago estaba en Entre Ríos, en Misiones o en Chile. Que había asaltado encapuchado a un empleado de Benetton y escapó herido. Que lo dejaron morir los mapuche. Que la familia no colaboraba y ocultaba cosas. Todo orquestado desde la cúspide del Poder Ejecutivo.
El operativo de encubrimiento fue total. Desde la construcción de un relato político y mediático acorde a sus necesidades hasta ilegales tareas de inteligencia sobre la familia Maldonado, Madres de Plaza de Mayo como Nora Cortiñas y otres referentes de derechos humanos. Incluso el juez Daniel Rafecas de Comodoro Py creyó conveniente no mover el avispero y cinco años después de los hechos decidió archivar la causa por ese espionaje clandestino sin investigar prácticamente nada.
A fines de 2017, con Maldonado y Nahuel muertos, Bullrich sacó de su galera el maloliente Informe RAM, una amalgama de datos, nombres y lugares que quiso hacer pasar como "investigación" para justificar la avanzada represiva contra las comunidades mapuche de Chubut, Río Negro y Neuquén. Bajo el rótulo de Resistencia Ancestral Mapuche la ministra y sus secuaces juntaron tantas fabulaciones como pudieron y salieron a gritar que la Patagonia estaba infectada de terroristas disfrazados de indígenas. Ocho años después, a la luz de los hechos, ¿quién ejerció el verdadero terror?
Poder Judicial no es igual a Justicia
El documental Santiago Maldonado, un crimen de Estado , producido por La Izquierda Diario en agosto de 2018, muestra lo ocurrido durante todo aquel año de intensa lucha por verdad y justicia. Con testimonios de Sergio Maldonado, Andrea Antico, Verónica Heredia, Nora Cortiñas, Ricardo Ragendorfer, Myriam Bregman y Matías Aufieri (estos últimos querellantes en la causa por espionaje) una de las conclusiones del film es que Justicia y Poder Judicial están muy lejos de ser sinónimos.
La causa penal por la desaparición forzada seguida de muerte desde el inicio se convirtió en un decálogo de la injusticia. El juez federal de Esquel Guido Otranto fue desplazado por su parcialidad manifiesta. En su lugar asumió Gustavo Lleral, juez federal de Rawson, que se diferenció de su colega en algunas formas pero terminó llevando el caso a un callejón sin salida. Se negó a hacer pericias claves, ignoró a la familia y trabajó en tandem con el Gobierno de Mauricio Macri y con la fiscal Silvina Ávila. Finalmente cerró la causa en noviembre de 2018.
La autopsia realizada al cuerpo de Santiago sólo pudo determinar que su muerte se produjo por "asfixia por sumersión". No cómo, ni dónde ni cuándo. Jueces, fiscales, peritos, criminólogos y periodistas saben bien que las causales de un desenlace como éste pueden ser múltiples y diversas. Pero el juez dijo ante las cámaras y micrófonos "¡se ahogó!", casi todos lo repitieron como loros y pasaron a otro tema. Por ejemplo, a las elecciones de medio término que se realizarían el 22 de octubre, apenas cinco días después del hallazgo.
La familia de Santiago, encabezada por Sergio y Andrea, con la compañía jurídica y humana de la abogada Verónica Heredia, no descansó en la búsqueda de verdad y justicia. La mayoría de las pruebas que obran en el expediente fueron aportadas o exigidas por ellos o por otras querellas de organismos de derechos humanos. Desde el propio Estado, nada. O mejor dicho silencio, complicidad y encubrimiento.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia obligó al juez Lleral a desarchivar la causa. Pero él siguió con su misión. En febrero de 2023 volvió a "archivarla" y, además, sobreseyó a los cuatro gendarmes imputados. Ni condenados, ni absueltos. Tras nuevas presentaciones de Maldonado, la Cámara comodorense finalmente separó a Lleral por su larga "inacción" y ordenó reabrir la causa.
Hace una semana Sergio le decía al colega Alejandro Bercovich en Radio Con Vos: "Todo lo que se dijo sobre que 'se ahogó', o el invento de lo de los '55 peritos', se fue con el juez Lleral en mayo del año pasado. Vino un nuevo juez, Federico Calvete, que está en Ushuaia. Él nos permitió la ampliación de pericias que estaban pendientes. Una era la palinológica, que vino a dar cuenta de que Santiago no pudo estar todo el tiempo en el mismo lugar y que, a lo sumo, estuvo treinta días. Eso confirma lo que siempre dije, que hubo tres rastrillajes y el cuerpo no estaba ahí".
Los resultados de la pericia en cuestión están detallados en esta otra nota de La Izquierda Diario. Encabezado por la doctora Leticia Povilauskas de la Universidad Nacional de La Plata, el análisis del polen encontrado en el cuerpo y las ropas de Santiago demostró que no pudo haber estado más de un mes sumergido en el río y, menos aún, en ese lugar. Estuvo 78 días desaparecido, pero el polen hallado corresponde a una floración posterior a esas fechas y a especies arbóreas de otro lugar. Sin dudas, hay mucho por descubrir.
¿Va a investigar seriamente el juez Calvete? Aún faltan pericias clave sobre el teléfono de Santiago, su ropa, el estado del DNI y los billetes hallados intactos en sus bolsillos. También debería hacerse una exhaustiva reconstrucción de los hechos del 1° de agosto de 2017, con testigos presenciales y todas las partes representadas. Cosas que parecen elementales, pero que siguen ausentes en la causa.
Desde hace años la familia propone la actuación de un grupo independiente de expertos internacionales que puedan analizar todas las evidencias y determinar qué se sabe realmente y qué resta por averiguar. El Estado argentino se negó sistemáticamente a aceptarlo. Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), de larga trayectoria en investigaciones de crímenes atroces, desde hace años trabaja para el mismo Estado, con lo cual no puede ser juez y parte.
Cuando la impunidad avanza
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado fue un crimen de Estado, resultado de una política sistemática de represión y encubrimiento, con responsabilidad directa del gobierno de Macri, Bullrich y sus fuerzas represivas. La protección del negocio del Grupo Benetton y la defensa de la "propiedad privada" fueron el eje de la represión, con complicidad del gobierno provincial y del Poder Judicial.
La desaparición forzada de una persona empieza con la privación de la libertad por parte del Estado y sigue con la falta de información sobre su paradero y con la negativa del mismo Estado a reconocer el hecho. Por la propia característica del hecho criminal, es el Estado quien debe demostrar que no es responsable.
En estos años, quienes tuvieron en sus manos los resortes estatales le negaron verdad y justicia a la familia de Santiago, a sus amigos, a la comunidad mapuche y a la sociedad en general. Por el contrario, la impunidad fue garantizada por todos los gobiernos: el de Cambiemos, el del Frente de Todos y ahora el de La Libertad Avanza con Bullrich otra vez como ministra.
En su conversación en Radio Con Vos de la semana pasada, Sergio dijo que hasta antes de la llegada de Milei, él veía a Bullrich como "a un ser patético" y "muy desquiciada", pero que con LLA ya en el poder todo se potenció. "Hoy Bullrich dice cualquier barbaridad, como cuando el año pasado en el caso Loan dijo que iba a hacerle radiografías a los yacarés, cualquier delirio", agregó. Recordó que hace ocho años la ministra afirmaba cosas como que "a los mapuche los financian los iraníes" o que "hay células terroristas" en la Patagonia. Y se quejó: "Pero nunca pagó un costo por todo eso".
Se podría agregar a lo dicho que si Bullrich y el resto de los funcionarios pueden mentir impunemente y armar relatos a su gusto es porque también hay una parte de la dirigencia opositora, tanto política como intelectual, sindical y social, que no pone todo su poder de convocatoria y movilización en pos de dar pelea hasta derrotarlos. Hasta hubo sectores que en 2023, desde el mismo espectro "nacional y popular", fomentaron el crecimiento de Milei y Villarruel para taponar a Juntos por el Cambio.
Además de Viviana Canosa, fueron Sergio Berni y Juan Grabois quienes confirmaron que operadores de Sergio Massa (el candidato elegido por Cristina Kirchner para suceder a Alberto Fernández) había colaborado activamente en el armado de las listas "libertarias". Todo eso mientras el Frente de Todos, con Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, no movía un pelo por verdad y justicia para Santiago.
Sergio seguirá luchando y reclamando lo que corresponde. Mientras tanto, acumula indignaciones al ver cómo, pese a la verdad de los hechos y el paso de los años, Bullrich y Gendarmería siguen siendo un dúo nefasto que arrasa con vidas, derechos y libertades.
La pelea por verdad y justicia para Santiago es la misma que la que llevamos años dando por Julio López, María Cash, Luciano Arruga, Margarita Verón, Daniel Solano, Facundo Castro y tantxs otrxs. Porque cada vez que un gobierno reprime, encubre y garantiza impunidad, repite la historia de la peor cara del Estado argentino.
La organización, la memoria y la movilización son el único camino para que la impunidad no se repita y para que ningún gobierno, ninguna Bullrich ni ningún juez cómplice vuelva a decidir sobre la vida de quienes luchan. ¡Santiago Maldonado Presente!
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Se reabre la causa y apartan al juez que dio impunidad a Gendarmería
En mayo de 2024 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia atendió los pedidos de la Fiscalía y las querellas. Al juez Gustavo Lleral lo reemplazó el juez de Ushuaia, Federico Calvete, a quien la Cámara le pidió "máxima diligencia y premura" para "procurar un significativo avance procesal en tiempo breve".
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En 2017 una profesional de la salud que trabajó durante años en el Escuadrón de Esquel escuchó a varios gendarmes comentar que, tras el operativo represivo del 1° de agosto hubo un "detenido" que "se les fue". ¿A qué jefes y subalternos mencionó? ¿Qué otros detalles contó ante el fiscal de la causa? En 2022 declaró judicialmente y afirmó que la Gendarmería la seguía persiguiendo.
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En noviembre de 2018, poco antes de intentar dar por cerrada la causa, el juez Lleral llamó por teléfono a la madre de Santiago y se escudó diciendo que había sido presionado para actuar como actuó. La familia Maldonado publicó entonces un comunicado de prensa.
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