Una balanza muy inclinada de la Corte y Casación
Aceleran la causa de los cuadernos mientras duermen las de lesa humanidad
Organismos de derechos humanos y abogados querellantes advierten que las instancias superiores del Poder Judicial atentan contra el proceso de verdad y justicia.
La Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal demostraron que cuando quieren pueden imprimirle celeridad a las causas. Tras algún tirón de oreja de los supremos, los casadores convocaron al Tribunal Oral Federal (TOF) 7, que está a cargo del juicio de los cuadernos, donde están acusados Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 imputados, para que aumente la frecuencia de las audiencias. La noticia cayó mal entre organismos de derechos humanos y abogados querellantes, que hace tiempo piden al máximo tribunal que los reciba y que acelere los tiempos en estos procesos en los que se juzgan crímenes cometidos hace casi 50 años.
Este martes hubo una reunión de superintendencia en la Cámara Federal de Casación Penal. Así se le llama al encuentro del presidente del tribunal, Daniel Petrone, con los presidentes de las cuatro salas que integran el cuerpo. Allí se vieron las caras Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky.
De ese encuentro surgió una convocatoria para el martes próximo dirigida a los integrantes del TOF 7, Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, a quienes les critican que solo dispusieron una audiencia semanal por cuadernos, y que ni siquiera es presencial. "Los llamaron a dirección", decían con sorna en Casación.
La Corte había dejado trascender que no estaba contenta con la falta de la foto de todos los acusados en el banquillo. La pretensión es que se hagan audiencias tres veces por semana y que el juicio no se frene por la feria de enero.
La causa de los cuadernos, que tiene 87 acusados, se encuadra dentro de los procesos complejos, como los de lesa humanidad. Para estas causas, la propia Corte Suprema creó en 2008 una comisión para agilizarlos, la Comisión Interpoderes, que no se reúne desde hace cuatro años. La Cámara de Casación también había dictado reglas prácticas en febrero de 2012 para asegurar "mayor dinámica" y garantizar la "celeridad". Las refrendó diez años después, cuando Alejandro Slokar ocupaba la presidencia del máximo tribunal penal del país.
Pero, para la mayoría de la magistratura, todo eso quedó perdido en el olvido. De hecho, en 2012 comenzó el tercer juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Por la cantidad de imputados, es comparable con el de los cuadernos: había 54 acusados en el banquillo y se analizaba lo que había sucedido con 789 víctimas –un número de casos superior al que se examinó en el Juicio a las Juntas–. Ese juicio de la ESMA se extendió durante cinco años, pese a los reclamos que hicieron las querellas.
"A pesar de que se dieron sus propias reglas, ni la Corte ni la Cámara Federal de Casación Penal las cumplen", sostiene Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"La prioridad en las causas de lesa humanidad es algo que debe importar a los tres poderes del Estado. Le reclamamos a cada tribunal en cada causa y lo hacemos a la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal cuando pedimos que convoquen a la Comisión Interpoderes. Estamos ante juicios muy voluminosos, con muchos imputados y con víctimas de edad avanzada que esperan obtener justicia", añade Hourcade.
Para Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, hubo dos fases marcadas en el proceso de juzgamiento. Una, que puede rastrearse hasta 2015, cuando había un impulso oficial a la política de Memoria, Verdad y Justicia; la otra, la que comenzó con el macrismo. Pese a los intentos, no logró retomar el envión con el gobierno del Frente de Todos. Con la llegada de La Libertad Avanza (LLA), el juzgamiento de estos crímenes constituye una resistencia a la política de presentar como víctimas o héroes a los victimarios.
En La Plata no hay jueces titulares en el tribunal que tiene a cargo la mayoría de los procesos por crímenes de lesa humanidad. "El festival de jueces subrogantes que tenemos fue generando juicios cada vez más prolongados. En 2016, se había calculado que el juicio por los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) iba a durar tres meses, pero duró siglos", dice Godoy.
Las cosas terminaron de complicarse en 2020 con la pandemia. "La virtualidad terminó de romper todo. Tenemos audiencias de dos horas, cada quince días. El juicio a Julio Garachico comenzó de un día para el otro, variaban los días para que coincidiera con los momentos en los que los jueces estaban libres. Se destruyó todo lo que rodeaba a los juicios: el acompañamiento social, las organizaciones y las personas que venían a acompañar a testigos o a escuchar los alegatos, ante la imposibilidad de planificar y también por el desgaste que significa la extensión en el tiempo. Se desvirtuó la oralidad y todo lo que implica. ¿Cómo hacen los jueces para recordar un testimonio que escucharon hace tres años? Desvirtúan el sentido social y político y colaboran en desarticular el reclamo de justicia", afirma Godoy.
En Bahía Blanca se está llevando adelante el octavo juicio por crímenes de lesa humanidad. Comenzó el 17 de febrero de 2022 con 40 imputados. Ya fallecieron ocho en el camino. Se examina lo que sucedió con 321 víctimas. En estos casi cuatro años hubo 149 audiencias. La modalidad es que el tribunal se reúna una vez por semana por dos horas o, como máximo, tres. Desde febrero, están alegando las defensas.
"Es un juicio de lesa humanidad que familiares, sobrevivientes y organismos esperamos durante casi 50 años para obtener algo de justicia y reparación. Pero vergonzosamente el tribunal bahiense lo tramita con dos horas semanales, sin que nadie pareciera sorprenderse ni la Corte Suprema ni ninguna instancia superior", se queja Alejandra Santucho, referente de H.I.J.O.S Bahía Blanca.
El 22 de octubre comenzó en los tribunales de Comodoro Py el juicio contra el prefecto Gonzalo "Chispa" Sánchez por crímenes en la ESMA. Recién el 19 de noviembre está prevista una segunda audiencia, lo que equivale a decir que la frecuencia es casi mensual.
"Cuando se reanudaron los juicios de lesa humanidad, ya se advertía que un gran problema sería la duración de los procesos. Por eso, en marzo de 2009, la Corte Suprema convocó una Comisión Interpoderes para 'acelerar los juicios'. Al comienzo se tomaban medidas, como exhortar a los tribunales a que impriman mayor velocidad a los juicios. Así fue como se tomaba como un triunfo que un tribunal oral fijase dos audiencias por semana para cada juicio oral, o incluso tres. Pero la Corte, desde que la presidieron Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, dejó de preocuparse por la duración de los juicios", sostiene el abogado querellante Pablo Llonto, integrante del colectivo Mario Bosch.
Para Llonto, la Corte tiene la llave para destrabar la situación: dar más contratos para designar más personal, disponer que las causas de lesa humanidad tengan prioridad por ser más antiguas y ordenar que se sustancien dos audiencias por semana. "Hoy, con suerte, tenemos audiencias cada quince días; a veces, hay una audiencia por mes. Vamos cada vez peor por responsabilidad de la Corte", concluye Llonto.
Fuente: