Una guerra de fiscales y la pelea por la Procuración, detrás de la presión para reabrir la causa Libra
El fiscal de la PIA, Sergio Rodríguez, presiona sobre Casación para reabrir la causa contra los hermanos Milei. Casal, cercano a Macri, lo deja correr.
En la justicia sospechan que el procurador interino, Eduardo Casal, deja correr las presiones del fiscal Sergio Rodríguez para reabrir la causa $LIBRA, para incomodar al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que aspira a reemplazarlo.
Casal, cercano al ex presidente Mauricio Macri, pretende continuar en el cargo que ocupa de manera interina y sin aval del Congreso hace nueve años, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mientras que el ministro Mahiques aspira a ser designado en ese puesto con acuerdo del Seando.
El fiscal Rodríguez es el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y pugna por reabrir la causa $LIBRA en la Cámara de Casación, luego que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispusiera el sobreseimiento del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei. "Casal lo deja correr a Rodríguez para incomodar a Mahiques", confirmó a LPO un funcionario judicial.
La decisión del juez De Giorgi de cerrar la causa que más preocupa a los hermanos Milei fue consecuencia del dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que luego de no investigar prácticamente nada al punto que no llamó a declarar a protagonistas del escándalo, concluyó que los hechos investigados en la criptoestafa no constituían delito.
Frente a esta polémica decisión se desplegó una estrategia para tratar de revertir el cierre de la causa. Apenas cuatro días después del fallo de De Giorgi, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitaron formalmente la intervención de la PIA para impedir el cierre definitivo del expediente.
Las organizaciones, representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay, reclamaron que la PIA asumiera la acción penal y apelara la resolución judicial. El pedido tuvo una respuesta inmediata. El 29 de octubre, Rodríguez se presentó en el expediente, planteó asumir el ejercicio de la acción penal y solicitó que se dejara sin efecto el sobreseimiento. Además, interpuso una apelación en subsidio para que, en caso de que el juzgado rechazara su solicitud, la cuestión pudiera llegar a la Cámara Federal porteña.
Se estructuraron así dos vías paralelas para intentar revertir el cierre de $LIBRA. Por un lado, la PIA busca asumir la investigación y obtener la reapertura mediante un planteo judicial ante la Cámara de Casación. Y por otro, el INECIP y el CIPCE intentan que el fiscal Agüero Iturbe impulse la nulidad de la decisión del juez Martínez de Giorgi.
La intervención de Rodríguez implicó un fuerte cuestionamiento a la actuación de Taiano y a los fundamentos utilizados por Martínez de Giorgi para cerrar la investigación.
En paralelo, INECIP y CIPCE recurrieron directamente al fiscal general ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, para solicitarle que promoviera la nulidad de los sobreseimientos. Las organizaciones sostienen que Taiano y Martínez de Giorgi incumplieron las garantías procesales de las víctimas, al resolver el cierre de la investigación sin permitirles ejercer previamente su derecho a solicitar una revisión del criterio fiscal.
Para fundamentar su planteo invocaron la Ley de Víctimas, el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y la resolución 41/23 de la Procuración General de la Nación, que contempla un mecanismo de revisión.
Se estructuraron así dos vías paralelas para intentar revertir el cierre de $LIBRA. Por un lado, la PIA busca asumir la investigación y obtener la reapertura mediante un planteo judicial ante la Cámara de Casación. Y por otro, las mismas organizaciones que promovieron su intervención intentan que el fiscal Agüero Iturbe impulse la nulidad de la decisión del juez.
La actuación de Rodríguez provocó una dura respuesta de Taiano. En un dictamen conocido el 11 de noviembre, el fiscal calificó de sorpresiva la intervención de la PIA y cuestionó que su titular pretendiera evaluar el trabajo realizado sin haber analizado la totalidad del expediente. Según explicó, la PIA accedió al sistema de gestión de la causa entre marzo y septiembre de 2025, sin solicitar posteriormente una prórroga.
Taiano sostuvo que los argumentos de Rodríguez respondían a una discrepancia sobre la valoración de la prueba y no aportaban fundamentos suficientes para continuar con la investigación. El fiscal también ratificó que no se habían reunido elementos para atribuir delitos a los funcionarios investigados ni se había acreditado un perjuicio a las arcas del Estado. Sin embargo, aclaró que no formularía objeciones al planteo, por lo que la resolución quedó en manos de Martínez de Giorgi.
Se consolidó así un poco usual escenario jde guerra abierta entre integrantes dek Ministerio Público Fiscal. Mientras Taiano defiende el sobreseimiento dictado por el juzgado, Rodríguez pretende revertirlo y continuar investigando. A esa controversia se suma la intervención de INECIP y CIPCE ante Agüero Iturbe y la revisión que tramita por separado ante la Cámara Federal de Casación Penal sobre la exclusión de dos damnificados que pretenden recuperar su condición de querellantes.
La clave ahora está en la respuesta de los tribunales. Martínez de Giorgi deberá resolver la solicitud de la PIA y, eventualmente, la Cámara de Casación podrá intervenir. Agüero Iturbe, por su parte, tiene ante sí el pedido de las organizaciones para promover la nulidad de los sobreseimientos.
Fuente: