Una pista de aterrizaje y un nuevo Lago Escondido ponen en jaque la soberanía nacional
Con o sin ley de tierras, el poder económico avanza con la apropiación de una parte del territorio nacional. El caso de una pista de aterrizaje que otrora perteneció a Lewis y ahora es propiedad de los Emiratos Árabes Unidos y un nuevo Lago Escondido en El Calafate.
Más allá de las idas y vueltas entre la Corte Suprema de Justicia y la administración Milei por la derogación de la ley de protección del dominio nacional y su restitución dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el poder económico sigue avanzando con la apropiación de una parte del territorio nacional. Un caso extremo es el que ocurre con los capitales de los Emiratos Árabes Unidos en sociedad con el británico Joe Lewis y la complicidad del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek y la creación de un nuevo Lago Escondido en El Calafate, con el aval del mandatario santacruceño, Claudio Vidal.
La punta de lanza para la entrega del territorio nos remite al Decreto 820/2016 impulsado por Mauricio Macri en junio de 2016. Este instrumento fungió de base para la modificación de facto de la Ley de Tierra al eliminar los controles cruzados entre la Unidad de Información Financiera y la AFIP para prevenir las maniobras de lavado de activos vía Paraísos Fiscales y se flexibilizaron las condiciones de acceso a las tierras con cuerpos de agua.
La autoría material del decreto corrió por cuenta del estudio jurídico Brons y Salas, ubicado por entonces en Maipú 1210 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La dirección y el estudio coincidían con el representante legal de Hidden Lake, la sociedad del británico Joe Lewis que en la década de 1990 se quedó con 11.000 hectáreas – con un lago incluido - a través de una profusa red de testaferros. En ese mismo estudio jurídico se creó la empresa Bahía Dorada SA, que en los papeles figuró a nombre de Nicolás Van Ditmar, el testaferro de Lewis.
La concentración y la extranjerización van de la mano. El 79,74 por ciento de la superficie de tierra extranjerizada del país se encontraba, para diciembre de 2015, en manos del 1,35 por ciento de los propietarios extranjeros que equivalían a 253 titulares. También se detectó que el 7 por ciento del total de tierra relevada, es decir 1.713.213 hectáreas estaba en manos de empresas radicadas en Paraísos Fiscales.
Las empresas de titulares argentinos pero controladas por mamushkas societarias off shore asentadas en una guarida fiscal para evadir el pago de impuestos en el país dejaron de considerarse extranjeras. El otro mecanismo de intervención incluyó retoques a dedo de los porcentajes de extranjerización por departamento con el objetivo de liberar cupo para profundizar la entrega territorial del país.
Un caso extremo es el de Bariloche. El primer relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales arrojó un total de 36.600 hectáreas en manos de capitales extranjeros, un 21,53% del total del departamento. De un día para el otro, bajaron a las 23.050 hectáreas, un 13,5 por ciento del total de las tierras rurales del departamento. El Registro nunca explicó cuáles habían sido las transacciones que justificaran ese cambio abrupto.
Un aeropuerto fantasma
Los capitales de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) compraron en Río Negro cerca de 50.000 hectáreas, mayormente a partir de 2017, a través de una red de testaferros locales y emiratíes. Este avance no aparece en el Registro Nacional de Tierras Rurales, que solo tiene consignadas 4928 hectáreas bajo esta nacionalidad, cuando en realidad ya son dueños de una gran parte del territorio provincial ubicado en zonas de seguridad de frontera, áreas protegidas y ricas en cuerpos de agua, como ríos y lagos.
Uno de los campos involucra las 14.000 hectáreas adquiridas por el testaferro Hugo Barabucci a partir de una donación del Gobierno de los EAU, tierras que luego fueron transferidas al Fideicomiso Amaike, integrado en una parte mayoritaria por la sociedad Manzil SA.
Otro de los campos tiene que ver con la pista de aterrizaje que otrora perteneció a Lewis. Esta infraestructura logística se encuentra dentro de los predios conocidos como Bahía Dorada SA, la sociedad inscripta a nombre de Nicolás Van Ditmar, la mano derecha de Lewis en la provincia. Para su constitución también se utilizó el estudio jurídico de Brons y Salas. La estancia cuenta con 30.000 hectáreas.
Según la legisladora de la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda, la pista de aterrizaje ubicada a dos horas de vuelo de las Malvinas nunca tuvo fiscalización del Estado nacional. En un documento que surgió de un pedido de informes, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, sostuvo en 2024 que el aeropuerto Bahía Dorada era fiscalizado solamente una vez al año por Víctor Garces, el jefe del Aeródromo de Sierra Grande.
En otro informe oficial, la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro dio cuenta de un pago de impuestos de sellos por un movimiento de compra venta realizado por la firma Bahía Dorada al inicio de 2019 ¿A manos de quién pasaron las 30.000 hectáreas con un aeropuerto privado incluido? Para la provincia, Bahía Dorada sigue en manos de Van Ditmar. El Registro de Propiedad de esta jurisdicción tampoco tiene datos oficiales del Fideicomiso Amaike ni Manzil (son como fantasmas), que fueron los vehículos societarios utilizados por los capitales emiratíes para quedarse con cerca de 50.000 hectáreas.
La pista sobre los nuevos dueños del aeropuerto la dio Facundo López, el jefe de la bancada de Juntos Somos Río Negro, en la sesión extraordinaria de la Legislatura provincial del 17 de diciembre de 2024: "Hoy el dueño del aeropuerto es una empresa argentina que se llama Manzil Sociedad Anónima cuyo titular es en un 95 por ciento Ignacio Petrocchi Massuh y el 5 por ciento del paquete restante corresponde a Daniel Ortiz".
Petrocchi Massuh y Ortíz son los prestanombres detrás del Fideicomiso Amaike y Manzil. El pago de los sellos por la operación de compra venta fue en febrero de 2019. Ese mismo año, durante una Asamblea General Extraordinaria de fecha 27 de diciembre de 2019, Manzil resolvió aumentar el Capital Social de $ 16.620.000 a $ 25.406.917. Las acciones de la Sociedad quedaron distribuidas del siguiente modo: Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly (99,7%) y Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri (0,3%). Esta información fue publicada en diferentes ediciones del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) a partir del 2020. Manzil pertenece a la corona de los EAU.
"Estos temas son claves para nuestra soberanía ya que este aeropuerto tranquilamente podría ser una base en tierra del Reino Unido y sus aliados de los Emiratos Árabes. Se está conformando un cordón geopolítico capaz de dividir el territorio nacional, separando parte de la Patagonia del resto de la Argentina. La presencia británica – árabe en el Continente triangula con la base de la OTAN, lo cual agrava el conflicto diplomático del país con Inglaterra", sostuvo Odarda en diálogo con este cronista.
Un nuevo Lago Escondido en El Calafate
La entrega territorial se hace bajo una estricta coordinación de las autoridades locales. Un caso extremo, aunque no el único, lo representa el Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. En septiembre de 2026 firmó un decreto de excepción para habilitar la transferencia de 20.000 hectáreas a una empresa de capitales emiratíes días antes de que la Corte Suprema de Justicia restituyera el artículo 154 del DNU 70/2023 que derogaba la ley de protección del dominio nacional. Con ley de tierras o sin ella, el desfalco territorial está sucediendo.
La habilitación para la transacción comercial se firmó el 1° de septiembre de 2026 pero su publicación en el Boletín Oficial de la provincia ocurrió recién el 22 del mismo mes, una semana antes del fallo de la Corte Suprema. Para Fabián Toledo, director del Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), lo que ocurrió fue una suerte de tráfico de información entre los supremos que le habrían adelantado su fallo directamente a Vidal.
"Esta es la foto más representativa del plan de Milei en la Patagonia y en Santa Cruz en particular. El gobernador Vidal es la expresión más grande de ese programa. Lo que uno observa en esta trama es un acto de corrupción que involucra a la propia Corte Suprema de Justicia que le adelantó al gobernador su primer fallo vinculado a la ley de tierras", advirtió Toledo.
La estafa fue planificada. Primero hubo una presentación de un proyecto turístico de una empresa local; luego se autorizó la transferencia accionaria a los capitales extranjeros y, como cierre de la maniobra, un decreto de excepción.
La empresa Lacustre del Sud S.A, presidida por David Alejandro Laniado, fue el mascarón de proa que presentó un proyecto turístico y hotelero dentro de una serie de fracciones de tierra de su propiedad ubicadas en el Área Natural Protegida Península de Magallanes en las cercanías del Glaciar Perito Moreno (El Calafate). El llamado Master Plan Ecocentro fue aprobado por la provincia el 8 de mayo de 2026 a través de la resolución 185 del Consejo Agrario Provincial (CAP).
Acto seguido, el CAP avanzó con una enmienda normativa que agregó la posibilidad de que el proyecto de Lacustre del Sud fuera transferido hacia otra sociedad. Esta nueva resolución correspondió al 19 de mayo de 2026, según consta en el Expediente CAP N.° 495.894/2023.
Mientras se perfeccionaba este esquema de legalidad fraguada para malvender 21.000 hectáreas de un área protegida ubicada en una zona de seguridad de frontera y con un acceso directo a grandes cuerpos de agua, en la ciudad de Dubai se llevaba adelante una reunión de directorio de la empresa ASB HOSPITALITY LLC, propiedad de Albwardy Investment, un conglomerado multi industrial fundado por el magnate emiratí Ali Saeed Juma Albwardy.
Este fondo de inversión es el actual dueño de la cadena Four Seasons y Sheraton en Argentina. Desde 2020 tiene puestos sus ojos en las tierras de Santa Cruz y Misiones; de hecho, ya es dueño de un mega emprendimiento turístico sobre las Cataratas del Iguazú. En 2024, Albwardy le dijo al diario La Nación que la Argentina necesitaba un cambio y que estaba muy contento con el nuevo gobierno de la Libertad Avanza que le prometía una venta irrestricta de tierras (para usufructo de los ricos del mundo).
El 7 de abril de 2026, los empresarios emiratíes mandataron al abogado Javier Martin Petrantonio para la creación en Argentina de la empresa ASB Hospitality Calafate S.A.U que terminó registrándose el 27 de julio a través de la escritura pública N°193, con un capital de 30 millones de pesos. El domicilio fiscal corresponde al estudio jurídico Bomchil ubicado en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez constituida la empresa de los EAU en el país, la Dirección de Asesoría Legal del Consejo Agrario Provincial remitió a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación la documentación societaria de ASB Hospitality Calafate S.A.U. y emitió una opinión favorable para exceptuar, por única vez y con carácter estrictamente excepcional, las restricciones incluidas en la ley de tierras nacional, que en Santa Cruz había sido reglamentada por el decreto provincial 994/2017 durante la administración de Alicia Kirchner.
Negocios son negocios. Los argumentos volcados en los fundamentos del decreto no pudieron ser más burdos: "Que el titular dominial de la superficie involucrada ha solicitado autorización para transferir el inmueble a favor del inversor extranjero, constituyendo la restricción del artículo 2° del Decreto Provincial N° 0994/17 un impedimento meramente formal para la concreción de esta inversión estratégica que la Provincia no puede desaprovechar".
Vidal firmó el decreto de excepción el 1° de septiembre pero recién lo publicó el 22 de ese mismo mes, una semana antes de que la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) quedase en el ojo de la tormenta por su pretensión de avalar la venta indiscriminada del territorio nacional en sintonía con el DNU 70/2023.
"El gobernador había dicho que venía trabajando en una inversión internacional de 90 millones de dólares desde hacía un año. Hace doce meses que se viene planificando un Lago Escondido en Santa Cruz. Estas tierras, además, se encuentran en una zona donde prevalece el régimen de seguridad de frontera y rodeada de cuerpos relevantes de agua", sostuvo la legisladora Agostina Mora Doldan (UxP) en diálogo con El Destape.
La legisladora presentó un amparo junto a Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú, Carlos Alberto Godoy, y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS) para que se declare la inconstitucionalidad del decreto del gobernador Vidal. El juez federal de Río Gallegos, Marcelo Vázquez, no se animó a tratar la cuestión de fondo y le pasó la pelota a la Corte Suprema de Justicia.
La semana pasada, se presentó en la Legislatura santacruceña un proyecto de ley para derogar el decreto de Vidal y declararlo nulo de nulidad absoluta.
"El Poder Ejecutivo, mediante un simple decreto, ha modificado de facto el régimen legal aplicable a un área protegida, sustrayendo del debate parlamentario una decisión que, por su naturaleza y por mandato legal, corresponde al Poder Legislativo… Al autorizar la venta del inmueble a una sociedad cuyo capital accionario pertenece a una corporación extranjera, somete el área a presiones de desarrollo inmobiliario y turístico de alta gama que resultan incompatibles con los objetivos de conservación del parque provincial", puede leerse en los fundamentos del proyecto presentado por los legisladores Carlos Alegría, Daniel Peralta, Carlos Godoy, Ramón Bodlovic y Mora Doldan.
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