Causa “Villazo”: “Es la primera vez que en Santa Fe estamos juzgando la pata civil del terrorismo de Estado”
Los abogados querellantes de la APDH realizaron el alegato final contra dos ex directivos de Acindar y una veintena de policías, acusados de delitos de lesa humanidad en Villa Constitución. Historia de una lucha obrera.
A cincuenta años del proceso sindical y popular conocido históricamente como "El Villazo", y la represión estatal que provocó como reacción en las plantas siderúrgicas de Villa Constitución, principalmente a obreros de Acindar, el juicio oral y público por aquellos hechos que funcionaron como un laboratorio de lo que un año después sería la última dictadura, comenzó su tramo final. Los abogados querellantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que representan a las víctimas en el debate oral, continuaron con el alegato iniciado en la jornada de lunes y pidieron las penas para los acusados.
"Fueron 50 años de impunidad, una lucha muy dura dieron los sobrevivientes, los familiares, para llegar a este juicio que empezó en noviembre del 2023", recordó este martes a Conclusión en la puerta de los Tribunales Federales de bulevar Oroño, el abogado Federico Pagliero, uno de los profesionales que actúa en el proceso. "Estamos en la etapa final de alegatos, donde con mucha honra representamos a los obreros de la Lista Marrón (de la delegación Villa Constitución de la UOM), a los sobrevivientes y a sus hijos, los hijos de trabajadores que fueron asesinados durante el año 1975", completó.
Pagliero dijo que como parte del alegato final, en la jornada de este martes señaló la responsabilidad penal de los jefes de personal, jefes jerárquicos de Acindar" que participaron de la represión ilegal, en calidad de instigadores. "Porque como sabemos, esta es la primera vez en la provincia de Santa Fe que estamos juzgando la pata civil del terrorismo de Estado", remarcó el abogado.
Entre los acusados se encuentran dos civiles: el ex jefe de división personal de Acindar, Roberto Pellegrini, y ex empleado jerárquico de la acecería, Ricardo Oscar Torralvo. El resto son policías y militares retirados señalados por su responsabilidad en la ejecución del plan criminal que tuvo como objetivo a los militantes sindicales de la Lista Marrón de la UOM de Villa Constitución, encabezada por Alberto Piccinini (ya fallecido) que en 1974 ganó la conducción de la seccional y luego fue intervenida por el entonces mandás del gremio a nivel nacional, el mítico Lorenzo Miguel.
El Villazo
Los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para poder elegir a sus propios representantes. En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Piccinini, que se enfrentó a la conducción de Miguel. La empresa dirimió las diferencias inclinándose por una de las partes, con la que lograba un mejor entendimiento, e intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados.
La tensión derivó en una huelga iniciada en marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del Albergue de Solteros de Acindar, que se convertiría en el primer centro clandestino de detenciones al año siguiente. De las sedes fabriles más importantes, los trabajadores tomaron en señal de protesta Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería Nacional.
Luego de una semana, los interventores de la UOM les informaron a los trabajadores que se llamaría a elecciones. A tal efecto se realizó una reunión, al cabo de la cual se supo que aquella promesa no sería llevada a cabo. "Por esa razón se decidió tomar de nuevo Acindar. La medida fue acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, en especial los comerciantes, que de diversas maneras colaboraron con los trabajadores: les enviaban comida y cosas que necesitaban", reconstruyó la Fiscalía durante la instrucción, a cargo de Adolfo Villate, en base a los testimonios recogidos en la larga investigación que se inició en 2013.
Después de unos días, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. La comisión interna de Acindar logró la reincorporación de los despedidos y la promesa de elecciones en 120 días a cambio de desocupar las empresas. Tras los comicios, triunfó la Lista Marrón, expresión del sindicalismo clasista y antiburocrático de la época.
Derechos de los obreros
Ese triunfo –describió la Fiscalía en la contextualización histórica de su acusación– cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto a los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo ortodoxo.
La investigadora de Flacso y del Conicet, Victoria Basualdo, cuya tesis doctoral tuvo como objeto de estudio estos hechos, declaró en la causa que el triunfo de la Lista Marrón "desencadenó una larga lista de reformas en el sindicato local, se mejoró la atención médica, se propuso crear un Policlínico que no existía, se trabajó con los delegados para elaborar anteproyectos de paritarias, se reactivaron los Congresos de Delegados entre Fábricas, y se logró una articulación con otros sectores de trabajadores locales, incluyendo trabajadores portuarios, ferroviarios, municipales, textiles, aceiteros, de comercio, bancarios y maestros entre muchos otros".
Basualdo explicó que con esos sectores "se lograron reivindicaciones económicas muy importantes para los trabajadores, aumentos de salarios en la mayor parte de las empresas y se concretaron acuerdos muy por encima de los convenios y lineamientos del gobierno". El presidente del directorio de Acindar en ese momento era un ejecutivo cuyo apellido se remontaba a la tradición oligárquica argentina: José Alfredo Martínez de Hoz. Dos años después dejaría la dirección de la acería santafesina para pasar a ser el ministro de Economía del dictador Jorge Rafael Videla, que era nacionalista en el plano político pero entregó los resortes de la economía a un referente del neoliberalismo. Ya en el Palacio de Hacienda, el ministro dejaría una frase para la historia: "Da lo mismo fabricar acero que caramelos".
La represión
La tensa paz se extendió entre noviembre de 1974 y marzo del año siguiente en la zona fabril de Villa Constitución. En febrero de 1975 la entonces presidenta María Estela Martínez -viuda de Perón y conocida como "Isabelita"- y parte de sus ministros firmaron el decreto que habilitó en Tucumán el "Operativo Independencia", que facultaba al "comando General del Ejército" a "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán". Para Villa Constitución no hubo formalismos administrativos.
Al mes siguiente, la prensa se refirió a "información sobre una merma en la producción en lugares como San Nicolás y Villa Constitución, donde la UOM tiene filiales dirigidas por sindicalistas radicalizados". Se iba preparando el terreno para la intervención. El mismo 20 de marzo el diario La Tribuna, que entonces se editaba en Rosario, presentó como principal título de portada: "Descubrióse un vasto complot. Destinado a paralizar la industria pesada entre San Nicolás y nuestra ciudad".
Había comenzado lo que el ministro del Interior de entonces, Alberto Rocamora, denominó "Operativo Serpiente Roja del Paraná", destinado a "combatir el complot a la industria pesada" que consistía en perseguir "a los subversivos". El único realmente conjurado contra la industria nacional era entonces directivo de Acindar e iba a convertirse en ministro de Economía de la dictadura.
El "Operativo Serpiente Roja" consistió en la "ocupación" de Villa Constitución con militares, fuerzas de seguridad federales, bonaerenses y santafesinas, y las patotas de la Juventud Sindical y la Triple A. "Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas", describió Villate en la acusación.
En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que "hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas" participaron del operativo de "ocupación" de la ciudad industrial. Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.
"A partir de ese momento –narró Villate–, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo".
Una parte ínfima de los responsables de aquella cacería con fines políticos son quienes están siendo juzgados en los Tribunales Federales de Rosario, medio siglo después de que ocurrieran los hechos.
Perpetua
El abogado Pagliero adelantó este martes a Conclusión, durante un cuarto intermedio del juicio, que "estamos en condiciones de solicitar la perpetua de los dos jefes de Acindar, que eran los que tenían el nexo entre la fábrica y las patotas". Aclaró que se trata de "las patotas de la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A) y de la Policía Federal, que estaban enclavados dentro de la propia Acindar, en un centro clandestino de detención que se llamó Albergue de Solteros".
El resto de los imputados son los ex policías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Burguburu, Jorge Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Giai, Aldo Gradilone, Carmen Grossoli De Hellaid, Jorge Lozano Windus, Emilio Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Nardi, Roberto Squiro, Daniel Valdés y Oscar Vessichio.
También están acusados los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el exoficial de la guardia rural «Los Pumas» de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.
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