Criminalización de la protesta en Córdoba: causa armada contra el dirigente de ATE Federico Giuliani
El 28 de agosto de 2025 un grupo de dirigentes sociales y sindicales fue víctima de una emboscada policial cuando participaban en una manifestación en reclamo de asistencia alimentaria para sectores vulnerables. Fueron atacados con brutalidad y detenidos en el Penal de Bouwer. Ahora, el Poder Judicial de Córdoba armó una causa para justificar la violencia represiva y profundizar la criminalización de la protesta en la provincia.
Este lunes, la Fiscalía a cargo de Ernesto De Aragón presentó el requerimiento de elevación a juicio en la causa abierta por los hechos ocurridos el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, lo que desde ATE Córdoba denunciaron como "una grave maniobra de criminalización de la protesta social basada en una investigación plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones deliberadas".
En aquella jornada, dirigentes sociales y sindicales, militantes, un abogado y un periodista fueron detenidos en una auténtica emboscada represiva y trasladados al penal de Bouwer.
Entre las personas detenidas se encontraba Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Córdoba, quien permaneció 24 horas esposado a la cama de un hospital, en un hecho de extrema gravedad. También fue detenida Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA Córdoba, junto a César Theaux, secretario de Derechos Humanos, que se encontraba en el lugar cumpliendo funciones de asistencia legal y se identificó como abogado, y Fermín Denipoti, trabajador de prensa del sindicato, se identificó como periodista durante la cobertura de los hechos.Todos ellos, junto a otros militantes y trabajadores terminaron detenidos.
Una investigación plagada de contradicciones
El requerimiento de elevación a juicio intenta sostener una acusación basada en testimonios contradictorios y hechos que nunca fueron debidamente verificados por la fiscalía, apuntaron desde ATE Córdoba.
Entre las irregularidades más graves aparece el hecho de que empleados municipales declaran haber visto desde el interior del edificio supuestas acciones realizadas por manifestantes en el exterior, algo que resulta materialmente imposible, ya que los vidrios del edificio de la Secretaría se encuentran ploteados, lo que impide ver hacia afuera.
Incluso los propios testigos incorporados por la fiscalía afirman que fueron efectivos policiales quienes colocaron los escritorios y elementos dentro del lugar, lo que contradice el relato que intenta instalar la acusación.
A esto se suma que ninguno de los hechos denunciados está debidamente individualizado, es decir, no se identifica concretamente a quién habría realizado cada acción, lo que deja al descubierto la fragilidad de una causa que intenta responsabilizar de manera general a manifestantes y organizaciones.
Además, hay una inexplicable ausencia en el expediente de un subdirector de la Policía que estuvo presente en el operativo.
Este funcionario policial apareció en la escena durante la jornada del 28 de agosto, sin embargo no fue nombrado por ningún efectivo policial de menor rango en sus declaraciones y tampoco figura en ningún tramo de la causa, pese a que su presencia fue incorporada en la denuncia presentada por ATE Córdoba.
La negativa de la fiscalía a incorporar este elemento clave profundiza las sospechas sobre el direccionamiento de la investigación, apuntan desde el gremio.
El cruzado antisindical
El fiscal de instrucción Ernesto De Aragón acumula un historia de persecución contra las organizaciones sindicales y sociales de Córdoba, y contra Federico Giuliani en particular.
En octubre de 2023, el fiscal De Aragón pidió elevar a juicio una grotesca causa iniciada contra el estatal Federico Giuliani y otros cinco dirigentes y activistas, integrantes de las organizaciones Partido Obrero, Movimiento Teresa Vive y MTR Votamos Luchar, por haber participado en la Marcha contra el Hambre realizada en la capital provincial el 5 de abril de 2023.
No quedó ahí. Tras otra represión policial, ocurrida en este caso el 25 de mayo de 2024, contra una manifestación en la ciudad capital en el marco de la visita del presidente Javier Milei, De Aragón imputó en primera instancia al dirigente Federico Giuliani por el delito de "instigación pública para cometer delitos", previsto en el artículo 33 del Código Penal. El fiscal ordenó allanamientos en la sede de ATE Río Cuarto y en el domicilio particular de Giuliani, en los que se secuestraron teléfonos celulares, incluso el de su hijo menor de edad, y le impuso una caución de 10 millones de pesos.
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