Diputados aprobaron deuda por 250 millones de dólares
Se dio media sanción a dos operaciones impulsadas por el gobernador Sáenz: una emisión de hasta 150 millones de dólares para refinanciar el Plan Bicentenario y un crédito de 100 millones de dólares del Banco Mundial para infraestructura.
Por Maira López
La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes el paquete de financiamiento enviado por el Ejecutivo provincial y que habilita operaciones por hasta 250 millones de dólares. La votación reunió al oficialismo y a sus aliados detrás de los proyectos y tuvo el rechazo de La Libertad Avanza y el Partido de la Reconquista, cuyo diputado José Gauffín cuestionó tanto las condiciones de las operaciones como el tratamiento sobre tablas.
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, había presentado el lunes por la tarde ante el interbloque oficialista la estrategia financiera del gobierno. En la presentación sostuvo que el saldo de la deuda provincial pasó de 640 millones de dólares en 2019 a 346 millones de dólares en 2025, con una proyección de 373 millones de dólares para 2026 y 255 millones de dólares para 2027.
Dólares para el Plan Bicentenario
El primer proyecto autoriza al Ejecutivo a emitir un nuevo título de deuda pública por hasta 150 millones de dólares, para colocarlo en el mercado local de capitales y cancelar los servicios pendientes del Plan Bicentenario.
El bono original fue autorizado en 2016 por hasta 350 millones de dólares y posteriormente refinanciado mediante la Ley 8.198. Ahora quedan tres vencimientos: 50,34 millones de dólares en el segundo semestre de 2026, 48,44 millones de dólares en el primero de 2027 y 46,54 millones de dólares en el segundo semestre de ese año. En total, 145,32 millones de dólares.
La nueva operación busca reemplazar esa deuda por un título bajo ley local, extender el horizonte de amortización y evitar la concentración de vencimientos entre 2026 y 2027. El proyecto también permite garantizar los pagos con recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos y establece que la operación deberá respetar los límites constitucionales y fiscales.
La oficialista Patricia Hucena, miembro informante, defendió la iniciativa como una reestructuración de una deuda heredada. Remarcó que los vencimientos superan los 145 millones de dólares y sostuvo que el objetivo es ordenar el perfil de pagos. También reivindicó la reducción del stock de deuda que exhibió el gobierno.
Luis Albeza, también del bloque oficialista Todos por Salta, explicó que la tasa definitiva no puede conocerse antes de salir al mercado porque será determinada por la colocación del título. Defendió el reperfilamiento ante la caída de recursos provinciales y sostuvo que permite evitar que los pagos de la deuda lleven a desatender la educación, la salud y la seguridad.
Del otro lado, Claudio Cansino, de La Libertad Avanza, reclamó precisiones sobre"el costo real de la operación, la tasa, los plazos, las garantías y qué impacto tiene sobre la coparticipación".
Gauffín fue más allá y cuestionó que se presentara la operación como una mejora sin conocer todavía la tasa. También advirtió sobre la posibilidad de utilizar la coparticipación como garantía y reclamó una certificación de la Contaduría General que determine que los nuevos compromisos no superan los límites de endeudamiento.
El diputado de Reconquista también puso en discusión el concepto de "deuda heredada" y planteó dudas sobre qué compromisos ya están incorporados al stock informado por la provincia. Mencionó, entre otros, los 50 millones de dólares de un crédito aprobado previamente, los 100 millones de dólares autorizados para obras en la ruta 51 y las certificaciones de obra de la autopista Cerrillos-Carril.
Dólares del Banco Mundial para obras
El segundo proyecto autoriza a Salta a acceder a un crédito de hasta 100 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Banco Mundial, para financiar el programa de infraestructura resiliente y desarrollo económico regional.
El préstamo contempla 32 años de amortización, siete años de gracia y seis años para los desembolsos. Los intereses se calcularán sobre los saldos deudores a partir de una tasa de referencia más un margen variable.
Los recursos tienen cuatro destinos principales: 24 kilómetros de rehabilitación y repavimentación de la ruta nacional 51 entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres; infraestructura para nodos logísticos; ampliación de redes de agua potable y saneamiento en la Puna, y fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión y fiscalización del sector minero.
El proyecto alcanza a Rosario de Lerma, Los Andes y General Güemes, con intervenciones en Campo Quijano, San Antonio de los Cobres, Olacapato y Güemes.
Hucena defendió el crédito como una herramienta para infraestructura y generación de empleo. En la misma línea, Laura Cartuccia (TxS) sostuvo que no se trata de financiar gastos corrientes, sino de obras estratégicas y destacó el impacto que tendría la mejora de la ruta 51 sobre el corredor bioceánico.
Albeza remarcó las condiciones del préstamo y explicó la diferencia entre autorización y endeudamiento efectivo: los desembolsos se producen a medida que avanza la ejecución y se certifican las obras. También sostuvo que el crédito está destinado a un programa de desarrollo y no a financiar gastos corrientes.
Gauffín reconoció que un crédito de un organismo internacional tiene condiciones más convenientes y mayores mecanismos de control, pero marcó la diferencia con respecto al primer proyecto, al asegurar que en este caso sí hay un aumento del endeudamiento.
Nicolás Arce, de La Libertad Avanza, puso el foco en el interior provincial y cuestionó que operaciones anteriores no hubieran garantizado una distribución territorial de los recursos. También advirtió sobre el uso de recursos provinciales como garantía y adelantó su rechazo.
Durante toda la sesión, uno de los puntos más cuestionados fue el procedimiento. Los dos proyectos fueron tratados sobre tablas, pese a su magnitud. El oficialismo respondió que se trata de operaciones necesarias para administrar la deuda y sostener inversiones en un contexto de caída de la actividad y de los recursos provinciales.
Sexta prórroga para la emergencia de género
En la misma sesión y también sobre tablas, la Cámara de Diputados aprobó definitivamente la sexta prórroga de la Ley 7857, que mantiene por otros dos años la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio provincial.
La emergencia fue declarada en 2014 y desde entonces ha sido prorrogada en 2016, 2018, 2020, 2022 y 2024. Doce años después, la Legislatura vuelve a extenderla.
El dato que acompaña esta nueva prórroga es que la Oficina de Violencia Familiar y de Género registró 28.314 denuncias durante 2025, frente a 14.695 en 2016: un incremento de casi 93%. En el primer semestre de 2026 se registraron 12.008 denuncias por violencia por motivos de género, un 5,2% más que en el mismo período de 2025.
La nueva ley faculta al Ejecutivo para disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas destinadas a enfrentar la emergencia.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/09/09/diputados-aprobaron-deuda-por-250-millones-de-dolares/