Funcionarios públicos de Tucumán se forman en Israel mientras avanza el genocidio en Palestina
Ya hemos contado cómo la provincia de Tucumán sostiene un perfil represivo, impulsado por el giro a la derecha del gobernador Osvaldo Jaldo tras el triunfo de Javier Milei. Entre los casos mencionados se encuentran las recientes represiones contra trabajadores de ATE y repartidores de Pedidos Ya en Yerba Buena, que dejaron heridos y detenidos en una ciudad pequeña de la provincia.
La novedad es que ahora el gobierno está avanzando en la coordinación de temas tan sensibles como la seguridad, la agricultura y el agua, junto a organizaciones vinculadas al Estado de Israel, que hoy lleva adelante un genocidio en la Franja de Gaza, Palestina. Empresas israelíes no solo venden armas e intervienen en materia de seguridad y control del agua, sino que además mantienen vínculos diversos, desde líderes políticos hasta comunidades indígenas. ¿Por qué hay funcionarios en un Estado que lleva adelante un genocidio?
La penetración del lobby israelí no puede atribuirse únicamente a este gobierno ni al anterior: sus raíces se remontan a décadas atrás. Por tomar un ejemplo al voleo, pero que sirve para ilustrar: durante el gobierno de Cristina Kirchner, se impulsó la modernización de los tanques TAM. Los acuerdos con Elbit Systems, empresa cuestionada por proveer armas utilizadas contra la Franja de Gaza, ya databan del 2012, año en el que arribó a la Argentina un blindado antipiquetes "Maverick" de la firma Paramount Group, comercializado en el país y la región por CODESUR, presidida por Mario Montoto, conocido lobbista de empresas israelíes, cercano al peronismo y amigo de Patricia Bullrich. El mismo fue definido por la embajada norteamericana en un cable diplomático de 2008 como un "well connected businessman" (un hombre de negocios bien conectado). Actualmente, preside la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y mantiene una larga lista de negocios con todos los gobiernos, incluido el desembarco de Mekorot en provincias como San Juan y Mendoza.
En el caso de Tucumán, hace pocos días publicamos una nota en la que relatamos lo ocurrido el pasado 11 de agosto, cuando se difundieron imágenes de efectivos policiales golpeando y deteniendo a trabajadores estatales en Yerba Buena. Casi de inmediato, desde la misma ciudad, llegaron registros de represión contra repartidores de Pedidos Ya. "Trencitos", "razzias" y "megaoperativos" daban cuenta de un clima represivo en la gestión de uno de los gobernadores que supo ser el primer aliado de Javier Milei.
La presencia del Estado de Israel se extiende a todo el país. Hay casos de actividades que se extienden a lo más variados ámbitos. Algunos de los casos últimos para lavar la cara del sionismo en una coyuntura muy difícil fue en Misiones, con la proyección del documental «Bibas: asesinados por ser judíos», que entre sus realizadores tiene a Alfredo Leuco y al propagandista Ben Tasgal, quien también fue señalado por aparecer en documentos vinculado al aparato de inteligencia del ente sionista. O los sucesos que tuvieron más impacto, como la censura en el ámbito educativo con la persecución, censura y represión, como en los casos de Ana Contreras, Daniel Otero o el más reciente el de Federico Puy.
Un caso similar ocurrió en Jujuy, donde concejales del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) denunciaron que el intendente Raúl "Chuli" Jorge, de San Salvador de Jujuy, fue elegido para una beca internacional para participar del curso "Seguridad Ciudadana: Estrategias interinstitucionales desde el ámbito local", impulsado por Mashav (Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo) junto al Instituto Internacional para el Liderazgo Histadrut.
Días atrás, también en Tucumán, Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se mostró con Anna Keinan, ministra consejera de Israel, entregando un kit de riego a la Escuela Nº 215 Virgen de la Merced de la comunidad indígena diaguita, en el marco de la reunión del Consejo Federal del organismo.
Ahora, el propio gobierno tucumano difundió que funcionarios provinciales se encuentran en Israel participando de un curso dictado por Mashav y el Instituto Internacional para el Liderazgo Histadrut, titulado "Seguridad Ciudadana: Estrategias interinstitucionales desde el ámbito local". En redes sociales, los funcionarios explicaron: "Durante esta formación se abordan temas clave como la coordinación entre municipios y fuerzas policiales, la creación de cuerpos de policía comunitaria, la gestión de emergencias y el trabajo con jóvenes en situación de riesgo. Esta actividad va de la mano de una decisión política de la intendenta Rossana Chahla que busca la profesionalización de los equipos técnicos, el intercambio internacional y la construcción de redes de cooperación para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos".
Es decir, funcionarios tucumanos se están formando en un Estado que en este momento lleva adelante un genocidio, como lo certifican la ONU y todas las organizaciones serias de derechos humanos. El Estado israelí está exterminando a la población palestina en Gaza. Actualmente, la ofensiva se concentra en la ciudad más poblada del enclave, y se prevé que la catástrofe humanitaria escale aún más. Mientras tanto, el municipio de la capital provincial se jacta de publicar que sus representantes en esa capacitación son la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Mariela Cortez, y el coordinador de la Patrulla de Protección Ciudadana, Rolando Gómez, incluso cuando la Corte Internacional condena al primer ministro Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra.
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