Lanzan campaña por el sobreseimiento de 19 manifestantes llevados a juicio por participar del «Jujeñazo»
A tres años del «Jujeñazo», 19 de sus protagonistas serán llevados a juicio en una causa que comenzará el 26 de octubre y se extenderá durante diez jornadas, hasta el 6 de noviembre. Organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas, comunidades originarias y personalidades lanzaron un llamamiento nacional para exigir su absolución y sobreseimiento y denunciar un nuevo avance de la criminalización de la protesta social.
Por ANRed
«No puede haber una Justicia para quienes lucharon y otra para quienes ejercían el poder y dieron órdenes ilegítimas», remarca el llamamiento, que reclama además investigar e imputar a los funcionarios implicados en la represión. «Abajo la reforma, arriba los salarios» fue la consigna que sintetizó el «Jujeñazo» de junio de 2023, una masiva movilización que reunió el reclamo de docentes y estatales por salarios con la defensa de los territorios de las comunidades originarias y el rechazo a la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales, y que tuvo como respuesta una brutal represión que dejó más de cien personas detenidas, numerosas heridas y manifestantes con gravísimas lesiones.
A tres años del «Jujeñazo», 19 de sus protagonistas serán llevados a juicio, en una causa cuyo debate comenzará el próximo lunes 26 de octubre y se extenderá durante diez jornadas, hasta el viernes 6 de noviembre. Ante esta situación, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y políticas, comunidades originarias y personalidades lanzaron un llamamiento nacional para exigir el sobreseimiento y la absolución de quienes son perseguidos judicialmente, y cuyo petitorio se puede firmar aquí.
La conssigna «Abajo la reforma, arriba los salarios» fue la consigna que sintetizó las jornadas de junio de 2023, cuando la lucha de docentes y trabajadores estatales por salarios confluyó con la resistencia de las comunidades originarias en defensa de sus territorios y con el rechazo de organizaciones sindicales, sociales y políticas a la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales. Según el llamamiento, aquella movilización «arrancó uno de los aumentos salariales más importantes para los estatales jujeños y puso en jaque al gobierno provincial».
La respuesta del gobierno de Morales en ese momento fue una fuerte represión, recuerda el documento del llamamiento: «una brutal represión, con detenidos, numerosos heridos y manifestantes que sufrieron gravísimas lesiones, entre ellas pérdida de visión. Mas de 100 detenciones que luego derivaron en libertades y sobreseimientos». Aquel año, organizaciones de derechos humanos y organismos antirrepresivos también documentaron detenciones irregulares, el uso desproporcionado de la fuerza y lesiones graves durante aquellos operativos.
La persecución judicial, sin embargo, continuó después de la represión porque, tres años más tarde, 19 personas que participaron de aquellas protestas son llevadas hoy a juicio. El proceso está atravesado, denuncian desde el llamamiento, por «graves cuestionamientos de las defensas respecto del derecho de defensa, el debido proceso y la imparcialidad judicial». Además, se cuestiona el modo en que fue fijada la audiencia: «el 21 de agosto de 2026 fue rechazado el pedido de no fijar audiencia y apenas seis días después, con quejas en trámite, el 27 de agosto, se notificó un debate de enorme magnitud concentrado en diez jornadas».
Mientras se acelera el proceso contra quienes participaron de la movilización, las organizaciones reclaman que la Justicia avance sobre quienes ordenaron la represión: «seguimos reclamando que se investiguen las responsabilidades políticas y penales por la represión de junio de 2023, que dejó manifestantes con gravísimas lesiones, y que se avance también en la causa de Caspalá, donde se debate sobre el territorio de la Comunidad Originaria y la corrupción de los funcionarios del gobierno provincial». Así, la campaña por el sobreseimiento de quienes participaron de la pueblada del «Jujeñazo» vuelve así a inscribirse en una disputa más amplia por el territorio, los recursos naturales y el derecho a protestar.
Asimimos, el juicio que comenzará en octubre no es solamente el capítulo judicial de una protesta ocurrida tres años atrás. Para las organizaciones que impulsan el llamamiento, expresa una forma de disciplinamiento político: una movilización que logró poner en jaque al poder provincial de Morales y visibilizar la disputa por el territorio y el litio termina siendo convertida en una causa penal contra parte de quienes participaron. Entonces, el contraste entre una Justicia que avanza sobre los manifestantes y otra que no avanza sobre los responsables de la represión es precisamente el núcleo de la denuncia.
El Jujeñazo aparece así como un antecedente de una problemática que continúa atravesando al país: el intento de transformar la protesta social en un problema penal cuando las políticas de ajuste, pérdida salarial, precarización y disputa por los territorios generan nuevas resistencias.
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