“Las filas del hambre se multiplicaron y los comedores sociales están al borde del colapso”
Con comedores desbordados y recursos cada vez más escasos, las organizaciones sociales advierten que la hambruna avanza sin freno en Córdoba. La Mesa por la Emergencia Alimentaria exige al Gobierno provincial que actúe con urgencia para garantizar el derecho básico a la alimentación, y reclama la aprobación de una ley que lo garantice. La situación también afecta a las trabajadoras de las ollas populares, en su mayoría mujeres, que aseguran estar desbordadas.
Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta
Córdoba atraviesa una emergencia alimentaria sin precedentes. La cantidad de personas que necesitan acudir a espacios comunitarios en busca de comida aumenta día a día, mientras los recursos públicos para sostenerlos se reducen o desaparecen. Esta situación llevó al borde del colapso a las ollas populares, que no logran cubrir la creciente demanda de comida. "La situación es muy grave; crece el hambre y disminuye la ayuda. Exigimos que la Provincia declare urgentemente la emergencia alimentaria", alertan desde la Mesa por la Emergencia Alimentaria de Córdoba.
Entre las principales causas de la saturación de estos espacios se encuentran la inflación, el desempleo, el aumento del costo de vida y la falta de inversión en programas de asistencia alimentaria, factores que convierten a algo tan básico como comer en un privilegio que no alcanza para todes.
Según el último informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, en diciembre del año pasado una familia cordobesa tipo, compuesta por un matrimonio con dos hijos en edad escolar, necesitó $426.173 para acceder a la canasta básica alimentaria, mientras que en mayo de este año la suma ascendió a $487.600, acumulando un alza de 14,4% en lo que va de año.
Sin embargo, esa canasta resulta inasumible para casi el 60% de los hogares de Córdoba, conforme a una reciente encuesta del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE). Asimismo, el informe sostiene que la mitad de los hogares suspendió al menos una comida diaria. "Gran parte de esas familias están reemplazando la cena con una merienda tardía, insuficiente para una dieta balanceada», explicó Germán Romero, titular del Centro de Almaceneros, en una entrevista concedida a Cadena 3.
Una realidad que es especialmente palpable en las escuelas, de acuerdo a Giuliana Cecilia Olmos, trabajadora del movimiento Carlos Múgica e integrante de la Mesa de Emergencia Alimentaria: "Se nota que los chicos van mal nutridos, los profesores cuentan que solo comen una o dos veces al día; además, bajó la calidad y la cantidad de comida que ofrece el sistema PAICor en las escuelas públicas, cuando la demanda creció exponencialmente".
No obstante, Olmos sostiene que la realidad en los comedores comunitarios es aún más grave: "En términos de alimentación, antes atendíamos sobre todo a niñeces y adolescencias, pero en los últimos meses la demanda de adultos mayores creció tremendamente. Tienen que elegir entre comer o comprar medicamentos; incluso aquellas abuelas que en algún momento aportaron comprando números de rifa o donando comida se ven obligadas a sumarse a las colas del hambre, a pesar de haber trabajado toda su vida"
La asociación Carlos Múgica trabaja con 25 espacios socio comunitarios, y Cecilia cuenta que incluso personas con empleo se acercan a pedir comida: "Ya no vienen solamente personas en situación de calle o con problemas de consumo; acuden empleados, con trabajos informales, pero continuos y, sin embargo, el sueldo se les va en pagar el alquiler y servicios, y la alimentación queda postergada. Y eso que más de la mitad de la población activa trabaja en informalidad".
Todo esto empujó a una realidad de pluriemplo para poder llegar a fin de mes, y lo que es aún más grave, obligó incluso a infancias a trabajar. "Vemos a cada vez más chicos de 10 y 12 años que están teniendo sus primeros trabajos, vendiendo encendedores, chocolate, sahumerios ¿En qué momento hemos naturalizado esto?", se pregunta Olmos. "Esos niños empiezan a notar que falta comida en casa y se preguntan, ¨las horas que estoy en la escuela podría utilizarlas para ganar plata, ¿qué hago aquí?´. No hay una lógica de cuidado comunitario sobre las infancias y adolescencias, y esto fractura las familias".
Ollas colapsadas
Jacqueline Isabel Aguirre es una de las voceras de la Mesa por la Emergencia Alimentaria de Córdoba e integrante de la Casita Comunitaria de La Soñada, en el barrio Sol Naciente. Como otras muchas organizaciones sociales, La Soñada ejercía como espacio de contención y de educación popular, además de compartir alimentos. Realizaban talleres y eventos para la comunidad, incluso tenían una huerta para autoabastecerse.
Desde que aumentó la demanda de alimentos, el espacio socio comunitario tuvo que dejar de lado la mayoría de sus actividades para dedicarse exclusivamente al reparto de comida, hasta llegar al borde del colapso. "Nos estamos convirtiendo en un espacio asistencialista, dejando a un lado nuestro trabajo para fortalecer la comunidad. Las colas y listas de espera son interminables, y a veces tenemos que elegir a quién damos de comer y quién no", lamenta Aguirre.
El escenario ya era delicado desde la pandemia de la Covid-19, pero las políticas antipopulares del gobierno de Javier Milei agravaron todavía más la situación. "Si el dinero que recibíamos ya era escaso, desde que asumió Milei las ayudas son irrisorias; tenemos 30 comedores y recibimos 600 mil pesos para casi dos meses; no alcanza para nada". En cuanto a la Municipalidad de Córdoba, Aguirre cuenta que tampoco ofrece mucha ayuda: "La única política respecto a la alimentación es la Tarjeta Activa, pero nunca está activa".
A todo esto se le suma la escasez de abastecimiento de los comedores. "Cada espacio comunitario recibía donaciones, realizaba eventos para recaudar fondos, pero debido a la crisis las personas que donaban dejaron de hacerlo. No hay forma de encontrar mercadería o aportes para llevar adelante la olla popular", cuenta Olmos. Según datos de la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba, las donaciones de empresas cayeron drásticamente, por lo que ya no hay sobrantes para dar. Además, no todos los colectivos reciben ayuda, al no cumplir los requisitos necesarios: "Les piden tener personería jurídica, sede propia y un montón de requisitos más que no se cumplen, porque el 80% de nuestras áreas socio comunitarias están siendo en casas de familia".
Trabajadoras exhaustas
La falta de recursos, además, aumentó las horas de laburo de las trabajadoras. "Las compañeras son las que sostienen las ollas, muchas veces con dinero de su bolsillo; alguna tuvo que dejar de colaborar porque también tienen hambre, y salen a buscar el mango para sostener a sus familias. Solo quedamos alrededor de 10 compañeras en la asociación, y hemos tenido que reducir a tres los días que damos de comer, y las que quedan, dedican su tiempo libre a vender y rifar productos de forma autogestiva para sostener las ollas; algunas, incluso, buscan otros trabajos para bancarlas".
"Las compañeras están completamente desbordadas; es muy duro decir que no queda comida a alguien que la necesita y acaban sufriendo estrés emocional", dice Olmos. Además, recalca que el material utilizado también sale del bolsillo de las compañeras: "La mayoría de espacios socio comunitarios funcionan en casas de familias, por lo tanto, no solo utilizan el inmueble, también todos los utensilios necesarios para preparar las comidas, que acaban estropeándose".
Y denuncia que en ocasiones se sienten acosadas: "Mucha gente se queja por la falta de comida, y acaban explotando contra nosotras, que hacemos lo que podemos". Todo ello, insiste, sumado a un agotamiento físico provocado por turnos interminables.
Mesa por la Emergencia Alimentaria
En respuesta al hartazgo y a la indignación, en mayo del 2023 se conformó la Mesa por la Emergencia Alimentaria de Córdoba, integrada por organizaciones sociales, centros barriales, universidades, sindicatos como el CIPREM y varios profesionales.
"La iniciativa busca visibilizar el hambre en la provincia y exigir respuestas concretas, así como impulsar un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Alimentaria en todo el territorio provincial", dice Aguirre. Si el estado de emergencia fuera declarado, el financiamiento de los alimentos y recursos que utilizan las trabajadoras estaría asegurado. "Exigimos que haya un registro único de compañeras y comedores, que la ley se aplique a toda la provincia y que se reconozca salarialmente de todas las trabajadoras".
También piden un aporte fijo por merienda, presupuesto para infraestructura y que el acceso al PAICor sea transparente y accesible para todes les niñes. Asimismo, ven necesario considerar como proveedores a los pequeños productores cooperativos y rurales, ya que trabajan de forma comunitaria y sus productos no están contaminados por agrotóxicos: "No pedimos ningún capricho, es ya una cuestión de supervivencia, es algo tan primario como asegurar alimentos para todes. Solo aceptando nuestros reclamos se podrá abastecer la demanda".
Desde la Provincia, por su parte, sostienen que hasta la aprobación de los próximos presupuestos, a partir de septiembre, no habrá manera de aumentar la financiación. "Hablamos con diferentes grupos legislativos, pero no hubo voluntad de resolver el problema", dice Olmos. Ante la negativa de la administración, las trabajadoras realizaron un plenario el pasado 31 de mayo, con la intención de agruparse, tanto las que estaban organizadas como las que no. "Se acercaron cerca de 300, y todas teníamos el mismo diagnóstico de la situación".
Ambas entrevistadas insisten en que la situación es grave, y que las consecuencias serán nefastas, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. "El impacto social educativo y cultural es enorme para ese sector, también para las personas mayores. Cada vez estamos más segregadas, y eso solo genera más violencia; no sabemos exactamente que pasará, pero lo notaremos de aquí a unos años", concluyen ambas. No obstante, la unión de la fuerza de todas las trabajadoras las mantiene con esperanza de poder lograr sus objetivos.
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