Maipú: procesaron al intendente y a la interina por retener los DNI de vecinos durante las elecciones
El intendente radical de Maipú en uso de licencia, Matías Rappallini, y la interina de ese municipio, Lorena Otermín, fueron procesados este miércoles por el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa que investiga la retención del DNI de vecinos durante las elecciones generales de 2019.
En la resolución, el magistrado expone que las maniobras que se investigan aparecieron en un principio como "acciones clientelares" de compra de votos e incluso, en algunos casos, coacciones, pero luego se develaron como "delitos electorales concretos" que tuvieron como objetivo impedir que esos vecinos pudieran ejercer el voto.
Además, expone que se trataba mayormente de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, principalmente mujeres con hijos a cargo, a quienes se les ofrecía dinero, alimentos, planes sociales o gestiones administrativas para obtener sus documentos.
En su exposición, Ramos Padilla focalizó en la vulneración del derecho al voto, por lo que subrayó que existen elementos suficientes en esta etapa del proceso, para considerar que el intendente de Maipú, que actualmente está de licencia y desapareció de toda actividad pública; y la entonces secretaria de Gobierno, Lorena Otermín, tuvieron "un rol en la organización de las maniobras investigadas".
Por otro lado, el juez también dispuso la falta de mérito para procesar o sobreseer a Marcelo Osvaldo Condoleo, entonces jefe comunal de la Policía, y el sobreseimiento de Federico Rappallini.
El mecanismo de Rappallini
Sobre los procesados, el titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata sostuvo que Rappallini y la actual intendenta "organizaron y realizaron acciones coordinadas dirigidas a retener documentos de identidad de terceros mediante engaños y así lograr impedirles ejercer su derecho al voto".
No queda ahí, sino que la resolución también retoma el trabajo de recolección de pruebas que se desarrollado durante la investigación impulsada por la Fiscalía, que incluyó testimonios, documentación, registros de comunicaciones y denuncias realizadas en los días cercanos a la elección.
Según se detalla, más de veinte denuncias fueron presentadas entre el día de la votación y los días posteriores, y luego se sumaron otras, alcanzando un total de al menos 27 personas que manifestaron haber sido afectadas por estas maniobras.
Eso derivó en el inicio de la causa el 27 de octubre de 2019, durante las elecciones generales, cuando vecinos de la localidad de Maipú denunciaron que les habían retenido sus documentos de identidad.
La entrega de los DNI se producía a cambio de dinero, alimentos u otros bienes, o para acceder a beneficios, y en algunos casos bajo presión o amenazas, según señalan las presentaciones. Así, a partir de esas denuncias, se investigaron maniobras que habrían afectado al menos a 27 vecinos. Más adelante, en 2022 y 2023, el juzgado dictó los primeros procesamientos contra personas vinculadas a la Municipalidad de Maipú por estos hechos.
Esas decisiones fueron confirmadas por la Cámara Nacional Electoral, que consideró "acreditada la existencia de un mecanismo organizado para intervenir en el proceso electoral". Luego de esas resoluciones, se dispuso la delegación de la investigación en el Ministerio Público Fiscal, que continuó con la producción de prueba y la definición de nuevas líneas de investigación.
En ese marco, el 25 de abril del año pasado, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio respecto de los imputados ya procesados, lo que se concretó el 2 de junio de 2025. Posteriormente, en febrero de 2026, la Fiscalía requirió nuevas declaraciones indagatorias respecto de otros involucrados, lo que dio lugar a las audiencias correspondientes y al análisis de sus situaciones procesales por parte del juzgado.
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