Malvinas y GNL: denuncia de la PIA golpea los acuerdos de Weretilneck con Harbour Energy
El organismo sostiene que una socia de Southern Energy sigue inhabilitada. La legisladora Magdalena Odarda cuestiona el archivo provincial y exige respuestas por el avance del proyecto.
Alberto Weretilneck hizo del GNL una de las principales promesas de su gobierno. Firmó acuerdos, ofreció condiciones de estabilidad a las empresas y presentó la salida del gas de Vaca Muerta por la costa rionegrina como una transformación histórica. Ahora debe explicar un problema que los anuncios de inversiones no resuelven: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostiene que Harbour Energy, integrante del negocio, continúa alcanzada por una sanción argentina originada en sus actividades petroleras en Malvinas.
La investigación comenzó con una denuncia de la legisladora Magdalena Odarda y terminó en una presentación penal del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. El organismo concluyó que Harbour es la misma persona jurídica que Premier Oil, inhabilitada en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en zonas próximas a las islas. Según la PIA, esa prohibición sigue vigente hasta el 9 de octubre de 2028.
Denuncia contra el gobernador y funcionarios por contrato con Harbour Energy.
El punto es sencillo: por qué para la fiscalía, la empresa cambió de nombre, pero la sanción no desapareció. Pese a ello, sociedades bajo su control consiguieron habilitaciones y Southern Energy, donde Harbour participa indirectamente con el 15 por ciento, obtuvo dos certificados nacionales para exportar GNL durante treinta años.
Malvinas no es un detalle del expediente
La cuestión no pasa por rechazar una inversión por su origen británico. El problema es que existe una sanción concreta, vinculada con actividades desarrolladas sin permiso argentino en el área de Malvinas, que la PIA considera todavía exigible. Esa diferencia resulta central ya que se discute el cumplimiento de una restricción legal, no la nacionalidad de todos los capitales que participan del proyecto.
PIA sostiene que Harbour Energy continúa alcanzada por una sanción argentina.
Para establecer la continuidad entre Premier y Harbour, el organismo reconstruyó registros societarios británicos, identificadores internacionales y antecedentes bursátiles. Sostiene que la operación con Chrysaor, concretada en 2021, no extinguió la personalidad jurídica de Premier. También considera que su salida posterior del proyecto Sea Lion no eliminó la inhabilitación.
La exsenadora nacional y actual legisladora de Río Negro, Magdalena Odarda, había llevado el tema al recinto antes de presentar sus denuncias. En la sesión del 17 de diciembre de 2024 advirtió sobre los antecedentes de Premier y la participación de Harbour en el GNL. El registro legislativo demuestra que el vínculo con Malvinas ya había sido planteado públicamente mientras la provincia avanzaba con su esquema energético.
Qué hizo Nación y qué debe responder Weretilneck
La denuncia penal de la PIA identifica inicialmente a María del Carmen Tettamanti, Eduardo Rodríguez Chirillo, Horacio Federico Veller y al apoderado empresario Tomás Lanardonne. Cuestiona inscripciones en registros petroleros y autorizaciones de exportación que, según el organismo, permitieron negocios de Harbour sin considerar la sanción.
La responsabilidad nacional se concentra en esas decisiones. La investigación plantea posibles incumplimientos de deberes del funcionario público, negociaciones incompatibles y falsedad documental. También pide investigar eventuales sobornos, aunque reconoce que no tiene elementos para afirmar que existieron pagos o promesas indebidas.
Alberto Weretilneck hizo del GNL una de las principales promesas de su gobierno. Firmó acuerdos, ofreció condiciones de estabilidad a las empresas y presentó la salida del gas de Vaca Muerta por la costa rionegrina como una transformación histórica. Ahora debe explicar un problema que los anuncios de inversiones no resuelven: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostiene que Harbour Energy, integrante del negocio, continúa alcanzada por una sanción argentina originada en sus actividades petroleras en Malvinas.
La investigación comenzó con una denuncia de la legisladora Magdalena Odarda y terminó en una presentación penal del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. El organismo concluyó que Harbour es la misma persona jurídica que Premier Oil, inhabilitada en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en zonas próximas a las islas. Según la PIA, esa prohibición sigue vigente hasta el 9 de octubre de 2028.
Facundo López y la defensa política del proyecto
Facundo López, jefe del bloque de Juntos Somos Río Negro, fue uno de los principales defensores del desarrollo del GNL. En septiembre de 2025 atribuyó su avance a la decisión política de Weretilneck y lo presentó como una oportunidad de inversión y empleo. Meses después estuvo presente en la firma del acuerdo fiscal y regulatorio, según informó la Provincia.
Esa participación también exige una respuesta del oficialismo. La advertencia sobre Harbour había llegado al recinto y ahora cuenta con una investigación nacional que respaldó su punto central. Defender el proyecto requiere explicar cómo se resuelve ese impedimento; las expectativas de trabajo no contestan una objeción sobre la habilitación de una empresa.
Odarda denuncia un archivo provincial y un avance nacional
La legisladora presentó en agosto de 2025 una denuncia provincial contra Weretilneck, Carlos Banacloy y Andrea Confini. Pidió investigar los acuerdos y reunir contratos y antecedentes. Luego amplió la documentación y solicitó medidas preventivas.
"Me notificaron sobre la investigación que hicieron y corroboraron mi denuncia", sostuvo ahora Odarda sobre la actuación nacional. También cuestionó a la fiscalía de Investigaciones Administrativas rionegrina porque, según afirmó, archivó su presentación contra el gobernador. La resolución de archivo no está entre los documentos analizados, por lo que falta conocer sus fundamentos.
El oficio firmado por Rodríguez informa que las conclusiones fueron comunicadas a Río Negro para evaluar medidas. También señala pedidos de sumarios y de revisión de actos administrativos nacionales.
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