Sin contrato, Alfredo Cornejo le garantizó al Grupo Lapachos un negocio millonario
ARLINK operó cinco meses la videovigilancia de Mendoza sin contrato vigente. La deuda fue reconocida después y su monto aún no se conoce.
El gobierno de Alfredo Cornejo mantuvo durante cinco meses a ARLINK SA al frente de un servicio estratégico para la seguridad provincial, pese a que la contratación había vencido y no existía un nuevo procedimiento formal que respaldara la continuidad de la empresa.
La situación surge del reciente fallo 18.377 del Tribunal de Cuentas de Mendoza, correspondiente al ejercicio 2024 del ministerio de Seguridad y Justicia. El documento revela que ARLINK continuó prestando servicios de conectividad, plataforma tecnológica y hardware para las cámaras de videovigilancia entre agosto y diciembre de aquel año.
La prestación generó una deuda que no fue contabilizada en el ejercicio correspondiente y que comenzó a tramitarse recién durante 2025 mediante un reconocimiento de gastos por legítimo abono.
Fallo 18.377
Cinco meses sin contratación
ARLINK había obtenido en 2022 la contratación del servicio de conectividad y mantenimiento del Sistema Integral de Videovigilancia de Gran Mendoza. En marzo de 2024, el gobierno autorizó una ampliación por cuatro meses e incorporó 30 nuevos puntos de conectividad.
Mientras transcurría esa extensión, el 10 de junio se abrió un expediente para tramitar una nueva licitación. Sin embargo, el procedimiento permaneció sin movimientos hasta el 11 de diciembre.
Durante ese período, el servicio siguió funcionando sin interrupciones y ARLINK conservó su posición como prestadora. La auditoría fue terminante al analizar la situación: "En este caso no se efectuó contratación alguna, aunque los responsables conocían sobre la prestación del servicio".
El fallo agrega que esa continuidad generó una deuda de "importante significatividad", correspondiente a los servicios prestados entre agosto y diciembre de 2024. Sin embargo, no informa cuánto dinero terminó reconociéndole el Estado provincial a la compañía.
Objetivamente, ARLINK resultó beneficiada: mantuvo durante cinco meses la prestación de un servicio crítico sin competir en una nueva licitación y conservó el derecho a cobrar posteriormente por el trabajo realizado. El mecanismo evitó la competencia y los controles previos propios de una contratación pública.
Los funcionarios justificaron la demora en la necesidad de rediseñar el servicio, modificar el objeto de la contratación y adoptar un nuevo esquema fiduciario. El organismo de contralor que preside Néstor Parés aceptó esos argumentos, consideró subsanada la observación y liberó de cargo a los responsables. Incluso valoró que la contratación posterior habría permitido romper una situación de "monopolio de años" y obtener un ahorro para el Estado.
La resolución, sin embargo, reconoce tres hechos centrales: durante cinco meses no existió una contratación formal, la deuda no fue registrada en 2024 y el expediente licitatorio permaneció paralizado durante casi medio año.
CONVENIO DE ADECUACION DE DEUDA
Un negocio de cientos de millones
La continuidad irregular no involucró un servicio menor. Según pudo saber REALPOLITIK, el contrato original adjudicado a ARLINK en 2022 contemplaba 24 meses de conectividad y mantenimiento del Sistema Integral de Videovigilancia de Gran Mendoza y Lavalle por 269,3 millones. En marzo de 2024, la gestión de Cornejo autorizó una ampliación de cuatro meses por otros 57,3 millones, que incluyó la incorporación de 30 nuevos puntos de conectividad.
A esos desembolsos se sumó una adecuación de precios por 164,2 millones, aprobada en febrero de 2025, pero correspondiente a los servicios prestados entre marzo y julio de 2024. Ese importe no representa el costo de los cinco meses sin contratación formal, sino una actualización vinculada al período inmediatamente anterior.
La dimensión económica del vínculo vuelve todavía más relevante la información omitida por el fallo: después de una contratación original, una ampliación y una adecuación que involucraron cifras millonarias, el Tribunal no precisó cuánto terminó reconociéndole el Estado a ARLINK por los servicios prestados entre agosto y diciembre de 2024 sin contrato vigente. La resolución se limita a describir esa deuda como de "importante significatividad".
La sombra del Grupo Lapachos
ARLINK forma parte actualmente del Grupo Lapachos, conglomerado empresarial presidido por Facundo Agustín Prado. El propio sitio institucional del grupo incluye a la firma entre sus compañías y señala que brinda conectividad, transmisión de datos y seguridad informática a más de 2 mil empresas, instituciones y organismos gubernamentales.
Prado comenzó su expansión en el sector de telecomunicaciones y en 2020 se convirtió en accionista controlante y presidente de Supercanal —otrora propiedad del Grupo América de Vila - Manzano— con el respaldo del fondo estadounidense CarVal Investors. ARLINK y Supercanal también compartieron autoridades societarias: Prado como presidente, Sebastián Córdova Moyano como vicepresidente y Víctor Hugo Quevedo como director titular.
La expansión hacia los seguros
En septiembre de 2025, el Grupo Lapachos adquirió Omint ART y la relanzó bajo el nombre de Serena ART. La operación fue presentada como parte de una estrategia de diversificación hacia la industria aseguradora y como el comienzo de una etapa basada en la "serenidad, confianza y profesionalismo".
Sin embargo, pocos meses después apareció un incumplimiento significativo. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires informó que, desde el 21 de abril de 2026, el crédito de Serena ART había sido suspendido por falta de pago. La entidad pidió expresamente a las farmacias que no recibieran recetas correspondientes a esa aseguradora.
El caso de ARLINK SA expone una forma de gestión en la que la urgencia terminó reemplazando a los procedimientos que debían garantizar transparencia y competencia. Mientras el Tribunal dio por subsanada la irregularidad, el monto final reconocido a la empresa que preside Facundo Prado permanece fuera del alcance público.
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