Zdero abre un frente de conflicto con los sindicatos

En medio del conflicto salarial con los estatales, el gobernador chaqueño envió un proyecto para eliminar las licencias gremiales pagas. Gremios denuncian un intento de debilitar la representación sindical mientras crece el malestar de los empleados públicos por la caída del poder adquisitivo.

Por Bruno Martínez

Desde Resistencia, Chaco

"Ellos forman ciudadanos y por eso los necesitamos en las aulas, entusiasmados y con dignidad. A ellos no les podemos fallar diciendo que se iba a cumplir con la Cláusula Gatillo y después desconocer el compromiso. Eso es faltar a la palabra empeñada, y para un docente, como para cualquier persona de bien, la palabra vale más que una firma".

Quien escribió estas líneas fue el actual gobernador del Chaco, Leandro Zdero, aliado de Javier Milei. No se trata de declaraciones recientes: corresponden a una carta publicada en sus redes sociales, en febrero de 2021, cuando era diputado provincial por la oposición, y tenían como destinatario a Jorge Capitanich, por entonces al frente del Poder Ejecutivo provincial.

El archivo vuelve ahora como un boomerang. Desde junio del año pasado, argumentando falta de fondos, Zdero mantiene suspendido el pago de la Cláusula Gatillo —mecanismo de actualización salarial atado a la inflación para el sector docente—. A esto se suma que, tras un año sin aumentos, el último incremento anunciado para la Administración Pública fue raquítico: un 5% en dos cuotas.

Con las paritarias clausuradas de facto y en medio de un creciente malestar entre los trabajadores, el gobernador eligió confrontar antes que abrir una instancia de diálogo. El jueves envió a la Legislatura un proyecto de ley para que las licencias de quienes ejercen cargos sindicales dejen de ser pagas, una iniciativa que ya había anticipado el 1 de marzo durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. "Las licencias gremiales no las pueden pagar todos los chaqueños", afirmó en esa ocasión.

La iniciativa busca modificar las leyes 645-A (Estatuto del Empleado Público) y 647-E (Estatuto Docente). Entre sus fundamentos menciona la necesidad de "disminuir el gasto público" y "reducir la conflictividad". Aunque no figura explícitamente en el texto del proyecto, desde el oficialismo sostienen que los sindicatos deberían hacerse cargo de los salarios de sus dirigentes. La propuesta tiene altas probabilidades de convertirse en ley.

"Trabajadores indefensos"

¿Qué dicen sobre este proyecto los dirigentes sindicales? Pues, nada bueno. En declaraciones a Página/12, Andrea Azzetti, secretaria de Género y Diversidad de ATE Chaco, señaló que la propuesta oficial forma parte de una estrategia orientada a "desarmar a las y los trabajadores y dejarlos indefensos frente a la reforma laboral y la quita de derechos".

Azzetti criticó el rumbo de la política laboral del gobierno, al que acusó de haber deteriorado las condiciones de los trabajadores estatales mediante despidos y eliminación de bonificaciones. En ese marco, advirtió que muchos empleados públicos chaqueños atraviesan una situación económica crítica, con salarios que los ubican entre la pobreza y la indigencia. "Estamos endeudados, angustiados y desesperados", sostuvo.

Desde el sector docente, Rosa Petrovich, secretaria general de la ATECh, advirtió que la iniciativa oficial busca "avanzar sobre los derechos de los trabajadores atacando a las organizaciones gremiales y a su representación", con el objetivo de debilitar la capacidad de defensa colectiva y promover una lógica de "sálvese quien pueda".

La dirigente enmarcó la propuesta oficial en medio del conflicto salarial que atraviesa el sector educativo. Denunció que, desde 2025, los docentes activos y jubilados perdieron alrededor del 30% de su poder adquisitivo. A su vez, cuestionó los incrementos salariales dispuestos por decreto y la falta de convocatoria a la comisión de política salarial y condiciones de trabajo, ámbito paritario del sector.

En la misma línea, Carlos Cuevas, secretario general de Utre Ctera Chaco, consideró que el debate sobre las licencias gremiales funciona como una "pantalla", con el objetivo de fondo de avanzar sobre el Estatuto del Docente, norma con rango constitucional desde la reforma de 1994. "El único objetivo es sacar el Estatuto para empezar a implementar la reforma laboral en el sector docente", denunció.

Cuevas defendió además la función de las licencias gremiales con goce de haberes, al señalar que permiten a los representantes sindicales desempeñar sus tareas sin depender de la autorización de sus superiores jerárquicos. "La licencia tiene el objetivo de garantizar la libertad de acción para poder reunirse y defender a otros trabajadores", afirmó.

Está claro: la iniciativa oficial es de dudosa constitucionalidad. El diputado provincial y secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas del Chaco, Nicolás Slimel, se refirió a este punto al recordar que la Constitución provincial tiene un fuerte carácter garantista en materia de derechos laborales y agregó que la historia institucional de la provincia estuvo marcada por la participación del movimiento obrero.

En ese marco, señaló que la libertad sindical no puede ser meramente declarativa, sino que debe contar con mecanismos que garanticen su ejercicio efectivo, entre ellos la posibilidad de que los representantes gremiales desarrollen su actividad sin perder su salario.

El legislador advirtió que eliminar las licencias gremiales pagas podría desalentar la participación sindical y debilitar la representación de los trabajadores. "Si se desalientan las organizaciones sindicales, también se desalienta la democracia en el mundo del trabajo", afirmó.

Hacer silencio

Mientras crece el malestar de los trabajadores por la caída del poder adquisitivo, también avanzan las restricciones al derecho a la protesta. Durante la actual gestión, no sólo están vedados los cortes de calles y rutas en la provincia —reprimidos por la policía con balas de goma, palos y gases—, sino que ahora se sumó una exótica orden judicial que establece que las manifestaciones sean prácticamente insonoras.

La resolución del Juzgado de Faltas de Resistencia, a cargo de Silvia Zalazar, dispuso que, durante las movilizaciones, está prohibido generar "ruidos y molestias" en proximidades, no sólo de centros de salud, sino también de escuelas y cualquier otro edificio público.

La disposición judicial comenzó a aplicarse este viernes durante una protesta frente a la Casa de las Culturas, en el microcentro de la capital chaqueña. Allí, efectivos policiales notificaron a un grupo de manifestantes de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) sobre la flamante orden del Juzgado. El reclamo continuó, pero ya sin bombos ni elementos de percusión. Casi en silencio, casi invisible. 

Fuente:

https://www.pagina12.com.ar/2026/03/09/zdero-abre-un-frente-de-conflicto-con-los-sindicatos/