Por segundo año consecutivo, el Gobierno porteño desplaza del microcentro a la histórica entrada folclórica boliviana
La gestión de la Ciudad negó el uso de la Avenida de Mayo argumentando un «reordenamiento del espacio público» y supuestos «incumplimientos» de horarios. Las organizaciones firmantes se declaran en estado de asamblea para buscar alternativas y evitar la cancelación del masivo evento cultural.
Por Mario Canaviri (ANRed)
El 25 de septiembre de 2026, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicó formalmente la negativa a autorizar el recorrido tradicional de la histórica Entrada Folclórica Boliviana sobre la Avenida de Mayo en el microcentro porteño. La medida administrativas afecta de lleno a cientos de bailarines, músicos y familias de la colectividad boliviana, al dejarlos sin el espacio público emblemático en el que año tras año visibilizan su cultura folklorica.
La resolución oficial fue justificada por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el argumento de implementar un plan integral de ordenamiento vial y control del uso del espacio urbano de la capital argentina.
A través del acta oficial elaborada tras los encuentros institucionales, las organizaciones representativas de la comunidad —entre las que se encuentran A.C.F.O.R.B.A., U.F.O.B.O.L., F.A.F.C.B., A.F.R.A.V. y A.F.A.C.S.M.— dejaron constancia explícita del posicionamiento estatal. En el documento se detalla que la Ciudad fundamentó su rechazo en el «reordenamiento del uso del espacio público que la Ciudad viene llevando adelante» y atribuyó la decisión a los «reiterados incumplimientos de la colectividad con los horarios de finalización de ediciones anteriores (entre otros problemas organizativos)», trasladando la responsabilidad de la cancelación a las propias entidades convocantes.
Ante este escenario, el documento detalla que «los asistentes a la reunión en nombre de sus organizaciones se comprometen a relevar las fraternidades que participarían de la actividad, para poder organizar mejor los circuitos y los tiempos de desfile, y a pensar y proponer nuevos espacios donde se pueda llevar adelante la actividad sin afectar la circulación ni generar cortes de tránsito excesivamente prolongados». Estas exigencias imponen trabas organizativas complejas para un despliegue masivo que requiere meses previos de coordinación de vestuario, ensayos y logística general.
Por segundo año consecutivo se le niega a la colectividad el uso del microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reiteración de esta negativa representa un fuerte retroceso cultural y simbólico para una comunidad con arraigo histórico en el país y, más esepecíficamente en la ciudad. Cercena el derecho al uso del espacio público para sus expresiones de fe, arte y memoria popular.
El antecedente inmediato de esta exclusión quedó plasmado en un documento fechado el 2 de octubre de 2025, donde el Gobierno porteño ya había notificado «la imposibilidad para este año del uso del espacio que se utiliza tradicionalmente, debido al nuevo ordenamiento de uso del espacio público». En aquella oportunidad, las autoridades manifestaron que «NO hay autorización ninguna para el uso del espacio público en lo que resta del 2025 para la realización de un evento de esta magnitud en esas arterias». Esa inhabilitación, comunicada a último momento, impidió que muchos bailarines y músicos lograran reacomodarse, ya que la única alternativa oficial fue que las entidades se abocaran a la organización de un «evento supletorio en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez», un espacio periférico que los alejó del microcentro porteño.
Este panorama de exclusión es un hecho más de los tantos que viene perpetrando el Gobierno de la Ciudad contra todas las comunidades. Durante este año, el Gobierno de la Ciudad ya ha denegado los permisos para la realización del Encuentro de Sikuris y ha impuesto trabas burocráticas para la celebración de la Pachamama frente a Tribunales. Estas medidas evidencian un patrón donde las actividades que en el pasado eran promovidas como políticas de integración cultural ahora son censuradas mediante excusas burocráticas que limitan la visibilidad de las expresiones andinas en el espacio público.
Ante esta compleja encrucijada, el acta firmada establece que las distintas agrupaciones celebrarán reuniones internas para «informar sobre estas situaciones y entre todos poder sumar ideas» en pos de preservar la festividad. Mientras tanto, se aguardan los pronunciamientos oficiales y las definiciones que surjan de la reunión de delegados pautada para este martes, donde se determinarán los pasos a seguir ante las autoridades porteñas.
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